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El chivatazo a ETA y sus autores intelectuales
08:34 (30-01-2011)
Gorka Aguirre, amigo de Imaz, estaba entre los detenidos. Las llamadas entre Interior y jefes de Policía son claves. La redada policial suponía un escollo para PNV y PSOE. Camacho se lo dijo a Rubalcaba y el ministro al presidente.
Rubalcaba tuvo que ser informado por Camacho. EFE
Cuando Jose Elosúa decidió abrir con su mujer Avelina Llanos un bar hace cuarenta años cerca de la frontera francesa y lo bautizó con el nombre de Faisán desconocía que, entre las enfermedades que atacan a ese tipo de aves gallináceas, destaca la singamosis, producida por unos gusanos parásitos que se reproducen en el intestino y en el aparato respiratorio. La marca del establecimiento era algo premonitorio porque, pronto, el Faisán se vio infectado por otros gusanos syngamus, que se escondían tras una capucha y usaban pistolas del calibre 9 parabellum. El bar se mantuvo como centro neurálgico de la red de extorsión de ETA hasta mayo de 2006, pero cuando la Policía tenía preparado un compuesto de benzimidazol para acabar con aquella plaga, sus jefes políticos lo impidieron. Nació el chivatazo a ETA.
Ahora, cuando nos aproximamos al quinto aniversario de una de las mayores vergüenzas de nuestra corta historia democrática, un joven juez de la Audiencia Nacional, llamado Pablo Ruz, ha recetado para acabar con todo tipo de parásitos una buena dosis médica. Por lo pronto, según me aseguran en la Audiencia Nacional, el magistrado piensa dictar mañana o en los próximos días un auto con una batería de pruebas y testimonios. Al parecer, entre los testigos citados pueden estar José Cabanillas, el jefe del policía Carlos Germán, el que hizo estallar el caso, y el secretario de Estado, Antonio Camacho. El anterior director de la Policía está imputado en la causa junto a dos policías.
Creo que el juez Ruz tiene claro que el caso Faisán nunca tendrá una solución judicial si no busca a los responsables intelectuales entre la cúpula del Ministerio del Interior. Estamos ante un caso muy parecido a los GAL en el ámbito de las responsabilidades. Si hiciéramos un parangón con la guerra sucia de la época de Felipe González, Víctor García Hidalgo sería el equivalente a Julián Sancristóbal y Camacho podría convertirse en el Rafael Vera del caso Marey. Sólo faltaría que uno de los policías imputados, cuando se viera acorralado por el peso de la ley y traicionado por el Ministerio y sus jefes, decidiera convertirse en un subcomisario Amedo y tirar para arriba.
La historia nos ha demostrado que siempre se repite. Y sucede así porque los políticos prefieren emboscarse entre las sombras del poder antes que dar la cara por su gente. Aquella frase de Roldán en la entrevista que le hice en París, en abril de 1994, horas antes de su fuga –“No me van a engañar como a Amedo”– fue el detonante para que el Policía, entre otras motivaciones, decidiera tirar de la manta. Y no me extrañaría que sucediera algo similar en el caso Faisán. Sobre todo, cuando los culpables del chivatazo ya no estén al mando de este país y manejen los hilos desde la trastienda. Sólo faltaba un juez con redaños, que resistiera a las presiones del Gobierno, y creo que la sociedad lo ha encontrado en Pablo Ruz, después de que Baltasar Garzón se olvidara durante dos años de la investigación.
Un juez valiente e independiente es de vital importancia para regenerar la investigación y poner las pilas a la Policía. Choca que algunas unidades policiales se muevan con una gran destreza y eficacia en el manejo de la máquina Sitel cuando investigan asuntos como la Gürtel o Palma, pero se muestran remolonas y morosas cuando se enfrentan al caso Faisán. Un Amedo en el caso del chivatazo también serviría para reactivar el papel del fiscal en la causa.
Para entender el caso Faisán es necesario conocer meticulosamente la cronología de los hechos. Sólo así se entiende fácilmente por qué se produjo el chivatazo a ETA. En el verano de 2005 el Gobierno de Zapatero comenzó a establecer contactos con ETA. La primera cita se produjo en junio, en Ginebra, entre Eguiguren y Josu Ternera.
Después se repitieron de manera sucesiva en la misma ciudad y en Oslo. Uno de los intermediarios de aquel proceso era el fundador de ETA Julen Madariaga, que paralelamente formaba parte de una red de extorsión en la que también participaba Elosúa y se servía del bar Faisán como punto de encuentro con los etarras. Sólo les bastaba cruzar la frontera y caminar unos cientos de metros. El 24 de marzo la banda terrorista anunció un alto el fuego permanente. En el comunicado no aclaraba si esa decisión afectaba al cobro de la extorsión. Zapatero sí se mostró contundente en público: rompería las negociaciones si la banda seguía extorsionando a los empresarios vascos.
El 11 de abril Alfredo Pérez Rubalcaba se hizo cargo de Interior. Zapatero depositó la confianza para aquel proceso en el entonces portavoz parlamentario socialista que en su amigo leonés, el juez Alonso, que no las tenía todas consigo. Semanas después, el Gobierno se percató de que ETA había declarado la tregua, pero seguía con el cobro de la extorsión. Aunque miró hacia otro lado. En aquellos días un empresario había sido conminado al pago de 54.000 euros y un comando etarra incendió una ferretería de un concejal de UPN, en Navarra, por no pagar, lo que llevó al presidente navarro, Miguel Sanz, a pedir una ruptura en el proceso de paz.
En medio de ese contexto se produjo el chivatazo el 4 de mayo de 2006, en la misma mañana en la que el dirigente del PNV Josu Jon Imaz se reunía con Zapatero en La Moncloa para ofrecerle su apoyo a las negociaciones con ETA. Por lo tanto, la redada policial suponía para ambos un escollo más que un éxito en la lucha antiterrorista, sobre todo porque entre la lista de detenidos destacaba el nombre del dirigente peneuvista, Gorka Aguirre, amigo de Imaz y de gran peso en el seno de los nacionalistas vascos.
Las alarmas se habían encendido en el Ministerio del Interior y en La Moncloa el día antes, en una comida entre Aguirre y Elosúa en la sidrería Eguiluce de Oyarzun, en la que la Policía escuchó que iban a establecer una entrevista con los terroristas en el bar Faisán para entregarle el dinero. Una gran oportunidad para detenerlos a todos con la mano en la masa. Pero la redada se abortó. Sólo tras el cabreo del juez Grande-Marlaska, pudo retomarse a finales de junio.
Para esclarecer los hechos resulta de vital importancia el cruce de llamadas entre los altos cargos de Interior y los jefes policiales. Desde las 19 horas del 3 de mayo hasta el momento del chivatazo, las 11.23 horas del día siguiente, en el que se sitúa la conversación entre Elosúa y Enrique Pamiés, el jefe superior de Euskadi, se produjeron una serie de llamadas que afectan al director de la Policía Víctor García Hidalgo y al secretario de Estado, Antonio Camacho.
La secuencia de todos esos contactos facilita el alcance del chivatazo: el 3 de mayo, a las 19 horas, el comisario general de Información, Telesforo Rubio, fue informado de las personas que iban a caer en la redada. A las 21.48 horas, Rubio informó a Víctor García Hidalgo de que en la operación policial iban a ser detenidos Elosúa, Gorka Aguirre y Julen Madariaga. La maquinaria del ministerio funcionó: Hidalgo se lo hizo saber al secretario de Estado y lo más probable es que éste, siguiendo el escalafón de mando, se lo comunicara a Rubalcaba; y el ministro a su presidente.
A las 22 horas, según las investigaciones, García Hidalgo mantuvo una conversación de casi media hora con el comisario Enrique Pamiés. Luego habló en otras dos ocasiones por espacio de 17 minutos. A las 00.16 horas, ya del 4 de mayo, Hidalgo pidió a Pamiés que sus hombres viajarán a Irún, sede del bar Faisán.
La mañana del 4 de mayo, tras el chivatazo, Pamiés volvió a llamar al director de la Policía, a las 11.34 horas y a las 11.42 horas, pero no logró contactar con él. Lograron hablar a las 11.53 horas. El móvil de Hidalgo tenía una tarjeta prepago que había sido activada por el Ministerio del Interior, meses antes, para recibir llamadas de los representantes de ETA en el proceso de negociación.
El juez Ruz tiene ahora ante sí la tarea de rastrear las llamadas de todos esos teléfonos y establecer los contactos entre todos ellos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006. Telefónica conserva esa información sólo por espacio de un año, pero la intervención del Ministerio del Interior debería guardar las facturas de todos sus teléfonos oficiales en la contabilidad interna, tanto de los fijos como de los móviles, a no ser que también se hayan destruido. Cuando estalló el caso GAL, el ministro del Interior José Luis Corcuera negó cualquier información sobre los fondos reservados, que fueron usados por el policía Amedo para contratar mercenarios en Portugal y Francia, pero más tarde apareció la contabilidad. Igual sucedió con el manejo irregular de los fondos reservados para el pago de sobresueldos.
08:34 (30-01-2011)
Gorka Aguirre, amigo de Imaz, estaba entre los detenidos. Las llamadas entre Interior y jefes de Policía son claves. La redada policial suponía un escollo para PNV y PSOE. Camacho se lo dijo a Rubalcaba y el ministro al presidente.
Rubalcaba tuvo que ser informado por Camacho. EFE
Cuando Jose Elosúa decidió abrir con su mujer Avelina Llanos un bar hace cuarenta años cerca de la frontera francesa y lo bautizó con el nombre de Faisán desconocía que, entre las enfermedades que atacan a ese tipo de aves gallináceas, destaca la singamosis, producida por unos gusanos parásitos que se reproducen en el intestino y en el aparato respiratorio. La marca del establecimiento era algo premonitorio porque, pronto, el Faisán se vio infectado por otros gusanos syngamus, que se escondían tras una capucha y usaban pistolas del calibre 9 parabellum. El bar se mantuvo como centro neurálgico de la red de extorsión de ETA hasta mayo de 2006, pero cuando la Policía tenía preparado un compuesto de benzimidazol para acabar con aquella plaga, sus jefes políticos lo impidieron. Nació el chivatazo a ETA.
Ahora, cuando nos aproximamos al quinto aniversario de una de las mayores vergüenzas de nuestra corta historia democrática, un joven juez de la Audiencia Nacional, llamado Pablo Ruz, ha recetado para acabar con todo tipo de parásitos una buena dosis médica. Por lo pronto, según me aseguran en la Audiencia Nacional, el magistrado piensa dictar mañana o en los próximos días un auto con una batería de pruebas y testimonios. Al parecer, entre los testigos citados pueden estar José Cabanillas, el jefe del policía Carlos Germán, el que hizo estallar el caso, y el secretario de Estado, Antonio Camacho. El anterior director de la Policía está imputado en la causa junto a dos policías.
Creo que el juez Ruz tiene claro que el caso Faisán nunca tendrá una solución judicial si no busca a los responsables intelectuales entre la cúpula del Ministerio del Interior. Estamos ante un caso muy parecido a los GAL en el ámbito de las responsabilidades. Si hiciéramos un parangón con la guerra sucia de la época de Felipe González, Víctor García Hidalgo sería el equivalente a Julián Sancristóbal y Camacho podría convertirse en el Rafael Vera del caso Marey. Sólo faltaría que uno de los policías imputados, cuando se viera acorralado por el peso de la ley y traicionado por el Ministerio y sus jefes, decidiera convertirse en un subcomisario Amedo y tirar para arriba.
La historia nos ha demostrado que siempre se repite. Y sucede así porque los políticos prefieren emboscarse entre las sombras del poder antes que dar la cara por su gente. Aquella frase de Roldán en la entrevista que le hice en París, en abril de 1994, horas antes de su fuga –“No me van a engañar como a Amedo”– fue el detonante para que el Policía, entre otras motivaciones, decidiera tirar de la manta. Y no me extrañaría que sucediera algo similar en el caso Faisán. Sobre todo, cuando los culpables del chivatazo ya no estén al mando de este país y manejen los hilos desde la trastienda. Sólo faltaba un juez con redaños, que resistiera a las presiones del Gobierno, y creo que la sociedad lo ha encontrado en Pablo Ruz, después de que Baltasar Garzón se olvidara durante dos años de la investigación.
Un juez valiente e independiente es de vital importancia para regenerar la investigación y poner las pilas a la Policía. Choca que algunas unidades policiales se muevan con una gran destreza y eficacia en el manejo de la máquina Sitel cuando investigan asuntos como la Gürtel o Palma, pero se muestran remolonas y morosas cuando se enfrentan al caso Faisán. Un Amedo en el caso del chivatazo también serviría para reactivar el papel del fiscal en la causa.
Para entender el caso Faisán es necesario conocer meticulosamente la cronología de los hechos. Sólo así se entiende fácilmente por qué se produjo el chivatazo a ETA. En el verano de 2005 el Gobierno de Zapatero comenzó a establecer contactos con ETA. La primera cita se produjo en junio, en Ginebra, entre Eguiguren y Josu Ternera.
Después se repitieron de manera sucesiva en la misma ciudad y en Oslo. Uno de los intermediarios de aquel proceso era el fundador de ETA Julen Madariaga, que paralelamente formaba parte de una red de extorsión en la que también participaba Elosúa y se servía del bar Faisán como punto de encuentro con los etarras. Sólo les bastaba cruzar la frontera y caminar unos cientos de metros. El 24 de marzo la banda terrorista anunció un alto el fuego permanente. En el comunicado no aclaraba si esa decisión afectaba al cobro de la extorsión. Zapatero sí se mostró contundente en público: rompería las negociaciones si la banda seguía extorsionando a los empresarios vascos.
El 11 de abril Alfredo Pérez Rubalcaba se hizo cargo de Interior. Zapatero depositó la confianza para aquel proceso en el entonces portavoz parlamentario socialista que en su amigo leonés, el juez Alonso, que no las tenía todas consigo. Semanas después, el Gobierno se percató de que ETA había declarado la tregua, pero seguía con el cobro de la extorsión. Aunque miró hacia otro lado. En aquellos días un empresario había sido conminado al pago de 54.000 euros y un comando etarra incendió una ferretería de un concejal de UPN, en Navarra, por no pagar, lo que llevó al presidente navarro, Miguel Sanz, a pedir una ruptura en el proceso de paz.
En medio de ese contexto se produjo el chivatazo el 4 de mayo de 2006, en la misma mañana en la que el dirigente del PNV Josu Jon Imaz se reunía con Zapatero en La Moncloa para ofrecerle su apoyo a las negociaciones con ETA. Por lo tanto, la redada policial suponía para ambos un escollo más que un éxito en la lucha antiterrorista, sobre todo porque entre la lista de detenidos destacaba el nombre del dirigente peneuvista, Gorka Aguirre, amigo de Imaz y de gran peso en el seno de los nacionalistas vascos.
Las alarmas se habían encendido en el Ministerio del Interior y en La Moncloa el día antes, en una comida entre Aguirre y Elosúa en la sidrería Eguiluce de Oyarzun, en la que la Policía escuchó que iban a establecer una entrevista con los terroristas en el bar Faisán para entregarle el dinero. Una gran oportunidad para detenerlos a todos con la mano en la masa. Pero la redada se abortó. Sólo tras el cabreo del juez Grande-Marlaska, pudo retomarse a finales de junio.
Para esclarecer los hechos resulta de vital importancia el cruce de llamadas entre los altos cargos de Interior y los jefes policiales. Desde las 19 horas del 3 de mayo hasta el momento del chivatazo, las 11.23 horas del día siguiente, en el que se sitúa la conversación entre Elosúa y Enrique Pamiés, el jefe superior de Euskadi, se produjeron una serie de llamadas que afectan al director de la Policía Víctor García Hidalgo y al secretario de Estado, Antonio Camacho.
La secuencia de todos esos contactos facilita el alcance del chivatazo: el 3 de mayo, a las 19 horas, el comisario general de Información, Telesforo Rubio, fue informado de las personas que iban a caer en la redada. A las 21.48 horas, Rubio informó a Víctor García Hidalgo de que en la operación policial iban a ser detenidos Elosúa, Gorka Aguirre y Julen Madariaga. La maquinaria del ministerio funcionó: Hidalgo se lo hizo saber al secretario de Estado y lo más probable es que éste, siguiendo el escalafón de mando, se lo comunicara a Rubalcaba; y el ministro a su presidente.
A las 22 horas, según las investigaciones, García Hidalgo mantuvo una conversación de casi media hora con el comisario Enrique Pamiés. Luego habló en otras dos ocasiones por espacio de 17 minutos. A las 00.16 horas, ya del 4 de mayo, Hidalgo pidió a Pamiés que sus hombres viajarán a Irún, sede del bar Faisán.
La mañana del 4 de mayo, tras el chivatazo, Pamiés volvió a llamar al director de la Policía, a las 11.34 horas y a las 11.42 horas, pero no logró contactar con él. Lograron hablar a las 11.53 horas. El móvil de Hidalgo tenía una tarjeta prepago que había sido activada por el Ministerio del Interior, meses antes, para recibir llamadas de los representantes de ETA en el proceso de negociación.
El juez Ruz tiene ahora ante sí la tarea de rastrear las llamadas de todos esos teléfonos y establecer los contactos entre todos ellos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006. Telefónica conserva esa información sólo por espacio de un año, pero la intervención del Ministerio del Interior debería guardar las facturas de todos sus teléfonos oficiales en la contabilidad interna, tanto de los fijos como de los móviles, a no ser que también se hayan destruido. Cuando estalló el caso GAL, el ministro del Interior José Luis Corcuera negó cualquier información sobre los fondos reservados, que fueron usados por el policía Amedo para contratar mercenarios en Portugal y Francia, pero más tarde apareció la contabilidad. Igual sucedió con el manejo irregular de los fondos reservados para el pago de sobresueldos.
