Uno de los teléfonos implicados en el «chivatazo» a ETA pertenece al «número dos» de Rubalcaba

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, recibió dos llamadas horas antes del chivatazo, otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006 del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo

MELCHOR SÁIZ-PARDO / madrid Día 01/02/2011 - 22.50h

EFE
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho (a la izquierda), y el comisario del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pereiro, en enero de 2007

El juez Pablo Ruz cierra el cerco en torno al Ministerio del Interior a cuenta de la investigación sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006. Y apunta directamente a la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El magistrado ha ordenado a Interior que revele quiénes usaban los dos móviles y el fijo, todos registrados a nombre de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, a los que llamaron en 17 ocasiones los dos principales imputados del caso, el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior en Euskadi, Enrique Pamiés. Ese tráfico de llamadas tuvo lugar antes, durante y después del soplo a los terroristas. Y uno de los móviles es de Camacho.

El móvil 68674XXXX (en el auto hecho público este martes por Ruz figura completo y sin censura) es usado desde hace años por el secretario de Estado de Seguridad. Ese número está en posesión de los más altos responsables de las fuerzas de seguridad y de un grupo reducido de periodistas, además de familiares y otros allegados, según explicaron fuentes de la investigación.

El ex director llamó a ese número dos veces horas antes del «chivatazo», otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006, cuando comenzó la investigación. Responsables de Interior consultados sobre la aparición del número de Camacho en la investigación prefirieron guardar silencio.

El fijo corresponde a una centralita del Ministerio del Interior sita en la subsede del departamento en la calle madrileña de Amador de los Ríos, justo a las espaldas del edificio central del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta contingencia, anticipan fuentes judiciales, hará imposible conocer a quién llamaron los dos imputados por la delación al aparato de extorsión terrorista.

Un móvil investigado en el «caso Faisán» era del número 2 de Interior

El juez Ruz ordena identificar a los usuarios de tres teléfonos con los que hablaron dos imputados por el «chivatazo» a ETA / Tres mandos policiales, citados como testigos


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(I) Antonio Camacho, Secretario de Estado de Seguridad / (D) Víctor García Hidalgo, Ex director general de la Policía


2 Febrero 11 - Madrid - Ricardo Coarasa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –que investiga el supuesto chivatazo policial que alertó a ETA de una operación contra su «aparato de extorsión» el 4 de mayo de 2006– ha ordenado al Ministerio del Interior que identifique a los usuarios de los tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio (uno fijo y dos móviles) desde los que se efectuaron llamadas a dos de los tres mandos policiales imputados en el «caso Faisán» entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2006. Según confirmaron fuentes jurídicas, uno de esos móviles es el que habitualmente utilizaba el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

En la resolución, el magistrado detalla las diez llamadas entre el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el móvil que supuestamente pertenecía al número dos de Interior, realizadas entre el 3 de mayo de 2006 (un día antes del soplo en las inmediaciones del «bar Faisán» del municipio guipuzcoano de Irún) y el 17 de octubre de ese mismo año. El mismo día del chivatazo, los usuarios de ambos teléfonos mantuvieron una llamada de tres minutos y 33 segundos a las 9:47 horas y una segunda de sólo cuatro segundos casi una hora y veinte minutos después, a las 11:06 horas. El resto de llamadas (a las que habría que sumar otras siete a un número fijo del Ministerio) se realizaron (ver listado adjunto) en los meses de septiembre y octubre de ese mismo año.

Necesario e idóneo
Con una operación antiterrorista en marcha, los contactos entre el responsable de Seguridad de Interior y el jefe de la Policía no tendrían nada de extraño, pero el juez Ruz subraya la «necesidad, idoneidad y proporcionalidad» de la investigación para avanzar en el esclarecimiento del caso. Para el magistrado «resulta preciso aclarar», dada la gravedad de los delitos imputados (revelación de secretos y colaboración con banda armada), la «real significancia» de ese tráfico de llamadas «vinculado a la fecha de los hechos».

Ruz reclama además explicaciones de por qué no se incluyeron estos números «como teléfonos de relevancia» en el informe policial que recogía el tráfico telefónico de los tres imputados.

Ésta es sólo una de las diligencias propuestas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) –respaldadas a posteriori por la Fiscalía, que en su día llegó a pedir el archivo del caso– a las que ha dado el visto bueno el magistrado por considerarlas «útiles» y «necesarias» para el fin de la investigación. La asociación que preside Daniel Portero solicitó al instructor que, una vez identificados los usuarios de los teléfonos, procediera a citarles a declarar como testigos. El juez recoge el guante, pero especifica que «una vez realizada dicha identificación», decidirá «respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios».

Además, el instructor también quiere que se ponga cara al usuario del móvil adscrito a la Subsecretaría de Interior que mantuvo cinco llamadas con el jefe superior de Policía del País Vasco (también imputado) el 3 y 4 de mayo, en las horas decisivas en las que supuestamente se produjo el chivatazo a ETA.

Informe a Asuntos Internos
Ruz también ha citado a declarar como testigos el próximo día 8 a tres mandos policiales: Fernando Amo, comisario provincial de San Sebastián cuando ocurrieron los hechos (éste a propuesta de la AVT); al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI); y al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.

Del mismo modo, el juez da cinco días de plazo a Asuntos Internos de la Policía para que le explique si elaboró algún informe sobre la actuación policial conjunta con Francia contra el «aparato de extorsión» de ETA que supuestamente desbarató el chivatazo.

El instructor también ha accedido a la petición fiscal de un informe pericial sobre si las antenas francesas tienen cobertura en la zona del «Faisán» y si alguna llamada pudo recogerse en un repetidor del país vecino. Sin embargo, rechaza que (como pedía la AVT) la Guardia Civil realice un informe complementario.