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El juez abre nuevas diligencias por un supuesto «chivatazo» policial a ETA Banner19

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El juez abre nuevas diligencias por un supuesto «chivatazo» policial a ETA

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Juanito

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El juez abre nuevas diligencias por un supuesto «chivatazo» policial a ETA

El magistrado Ruz pide informes sobre los cortes del vídeo y la cadena de custodia de la cinta del «caso Faisán»

EFE MADRID/VALENCIA
El juez Pablo Ruz, que investiga el supuesto chivatazo con el que se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, ha ordenado nuevas diligencias entre las que pide a la Policía más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que grabó en el bar Faisán de Irún. Así lo acordó el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto dictado ayer en el que transforma las diligencias previas en sumario ya que la pena que podrían conllevar los delitos que se investigan —revelación de secreto (castigado hasta con 3 años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (hasta 10 años)— superan el límite legal de 9 años establecido para que sea procedimiento abreviado. Para el juez, el hecho de incoar sumario no significa que existan los delitos mencionados, sino que hay que analizar los indicios existentes de esa posible colaboración terrorista y revelación de secretos.

El fiscal informó la semana pasada de que no es necesario realizar ninguna diligencia nueva tras analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto. Por el caso se encuentran imputados dos agentes y el ex director general de la Policía, García Hidalgo.

Garzón se reivindica
El juez Baltasar Garzón señaló ayer que respeta el «criterio» de cada magistrado para instruir una causa y ha asegurado que, mientras estuvo al frente del caso Faisán, antes de ser suspendido como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 «se agotaron todas las diligencias» que se debían practicar. «El que hizo las imputaciones fui yo, el que acordó las comisiones y el que dio cumplimiento a las instrucciones, también fue yo», añadió. Ahora, «si el juez que está llevando la instrucción considera que debe solicitar más diligencias, pues es su competencia, su obligación y su responsabilidad», añadió Garzón, quien espera que estas nuevas pruebas produzcan «resultado».

El PP, contra el juez
Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, anunció que su partido estudia la posibilidad de acusar al magistrado Baltasar Garzón de «haber entorpecido» la investigación. Destacó que el auto de Ruz confirma las tesis del PP sobre la existencia en 2006 de un chivatazo de alguien «de la cadena de la lucha antiterrorista» avisando de una operación contra el aparato de extorsión de ETA.

Juanito

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El juez ve indicios de colaboración con ETA y reactiva el 'caso Faisán'

Ruz ordena ampliar pruebas sobre el chivatazo policial

JOSÉ YOLDI - Madrid - 25/01/2011

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta 10 años de prisión, y otro de revelación de secretos, imputables a funcionarios policiales, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán. Este trata de esclarecer el presunto chivatazo policial que recibieron en 2006 los implicados en la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El magistrado rechaza así la petición del fiscal de la Audiencia que instó el archivo del procedimiento por falta de autor conocido, tras considerar que la investigación estaba agotada.

En el sumario permanecen imputados tres mandos policiales

El asunto del chivatazo tiene su origen en 2006, cuando ETA había anunciado una tregua y trataba de negociar con el Gobierno el fin de la violencia. El 4 de mayo de ese año estaba prevista la fase de detenciones de la denominada Operación Urogallo, que iba a desarticular el aparato de extorsión de la banda, conocido como impuesto revolucionario. Sin embargo, una persona, supuestamente policía y conocedora de los detalles de la operación, entregó un teléfono móvil a Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de Behobia y uno de los investigados; desde ese teléfono se le advirtió de la inminencia de su detención y de la del etarra jefe de la red José Antonio Cau Aldanur, que se encontraba en Francia y que, en principio, tenía intención de encontrarse con Elosua en Irún para recibir el dinero de uno de los cobros a empresarios vascos. Cau, sin embargo, no pasó a España y la juez Levert abortó la operación en Francia.

En este caso están imputados el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Vitoria José María Ballesteros. Aunque ni Elosua ha identificado a nadie ni hay ninguna prueba sobre el asunto, las sospechas apuntan a que Ballesteros habría entregado el móvil a Elosua y que Pamiés le habría avisado de las detenciones con el conocimiento del director de la policía. A pesar del chivatazo, la red fue desarticulada y sus miembros detenidos.

En el auto notificado ayer, el juez Ruz precisa que "de forma indiciaria concurren elementos suficientes para estimar factible y racional la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista". Y agrega que la tesis contraria llevaría no solo a mantener el procedimiento abreviado -ya que la revelación de secretos no está penada con más de nueve años de prisión- sino a reconsiderar la competencia de la Audiencia Nacional, ya que ese delito no es uno de los previstos en el artículo 65 de la ley Orgánica del Poder Judicial como perseguibles en ese órgano judicial.

La resolución del magistrado señalaba: "Según permite concluir lo hasta ahora actuado en la causa, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención [...] de determinadas personas que estaban siendo investigadas [...] sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario, destinado a la financiación de actividades delictivas de la banda. En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán [...], se trataba de evitar [...] la inminente detención [...] del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".

El juez ha ordenado una serie de diligencias para reactivar el caso, que en su inmensa mayoría son reiteraciones de pericias o declaraciones que en su momento dieron resultados negativos o equívocos. Ruz cita como testigos a dos policías y a un periodista. Además, insta a dos de los agentes imputados a que revelen la identidad del "presunto confidente" de ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.

También reclama nuevos informes periciales sobre los cortes en la cinta VHS que supuestamente debería contener la imagen del individuo que entrega el teléfono móvil a Joseba Elosua, así como sobre todos los policías que custodiaron la cinta.

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