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A la SECRETARIA GENERAL TECNICA se le ha ido la “olla”.
¿Dónde vas? Manzanas traigo.
A la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior se le ha ido la olla, o no se toma la seguridad privada con la seriedad que debería.
La asociación profesional VIGIAS (Vigilantes Asociados) consultó a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior por la justificación de la ausencia de la condición de Agentes de la Autoridad de los vigilantes de seguridad. La respuesta es infumable e inaceptable. La contestación se cae por su propio peso:
“En primer lugar, es preciso considerar que el vigilante de seguridad goza de una protección jurídico penal adecuada en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, el artículo 555 del Código penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, prevé la imposición de penas privativas de libertad para los que “acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios”.
En segundo lugar, los servicios de contratación de seguridad privada son actividades que se acuerdan entre particulares y, por tanto, son de índole privado, aún cuando puedan afectar al interés público”.
Esta respuesta falta a la verdad.
Todo el mundo sabe que el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, las Juntas Generales, los Cabildos y los Ayuntamientos están externalizando cada vez más todos los servicios de seguridad porque la carga del personal funcionario es insoportable, y no hay administración que la soporte.
Ejemplos: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Administradores de Infraestructuras Ferroviarias, Ayuntamientos de innumerables lugares de España, cuarteles de la Ertzaintza, las dependencias del propio Gobierno Vasco, diferentes Ministerios de España, los juzgados, etc., etc.
Estos ejemplos se llaman concesiones administrativas (permisos, o licencias administrativas) (son servicios de seguridad públicos), está muy lejos de ser como contesta la Secretaría General Técnica: “actividades que se acuerdan entre particulares”
En otro orden de cosas, me parece muy bien que el artículo 555 establezca penas privativas de libertad para los que acometan o intimiden a los ciudadanos que acudan en auxilio de un funcionario, policía o guardia, incluido los vigilantes de seguridad, que parece ser, también son ciudadanos. –esto es ironía-
Según la Real Academia Española de la Lengua la acción de acudir es ir al sitio adonde le conviene a una persona o es llamada. También significa ir en socorro de alguien. La palabra auxilio se entiende como socorro o amparo.
No entiendo donde se encuentra la protección jurídica penal adecuada del vigilante de seguridad en el desempeño de sus funciones en una estación de metro después de que le acometan o le intimiden.
Las leyes en España se interpretan según toca el son de cada juez.
El auxilio a los Cuerpos de Seguridad del Estado cada juez lo interpreta como quiere. Hay miles de sentencias al respecto.
La Secretaría General Técnica no está capacitada para razonar la ausencia del carácter del Agente de la Autoridad a los vigilantes de seguridad porque simplemente es una cuestión política. La Secretaría General Técnica debe responder lo que el Gobierno de España dice que hay que responder.
Y por último comentar que hasta que el Fiscal General del Estado de este Gobierno no haga una instrucción de obligado cumplimiento, una circular de obligado cumplimiento, a todos los fiscales de España para que acusen por delito cuando haya una agresión con resultado lesivo a un vigilante de seguridad en el desempeño de sus funciones, y en cualquier lugar en el que se encuentre trabajando y dejen de acusar por falta, este asunto no se acabará de corregir.
http://noticiasvigilantes
¿Dónde vas? Manzanas traigo.
A la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior se le ha ido la olla, o no se toma la seguridad privada con la seriedad que debería.
La asociación profesional VIGIAS (Vigilantes Asociados) consultó a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior por la justificación de la ausencia de la condición de Agentes de la Autoridad de los vigilantes de seguridad. La respuesta es infumable e inaceptable. La contestación se cae por su propio peso:
“En primer lugar, es preciso considerar que el vigilante de seguridad goza de una protección jurídico penal adecuada en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, el artículo 555 del Código penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, prevé la imposición de penas privativas de libertad para los que “acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios”.
En segundo lugar, los servicios de contratación de seguridad privada son actividades que se acuerdan entre particulares y, por tanto, son de índole privado, aún cuando puedan afectar al interés público”.
Esta respuesta falta a la verdad.
Todo el mundo sabe que el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, las Juntas Generales, los Cabildos y los Ayuntamientos están externalizando cada vez más todos los servicios de seguridad porque la carga del personal funcionario es insoportable, y no hay administración que la soporte.
Ejemplos: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Administradores de Infraestructuras Ferroviarias, Ayuntamientos de innumerables lugares de España, cuarteles de la Ertzaintza, las dependencias del propio Gobierno Vasco, diferentes Ministerios de España, los juzgados, etc., etc.
Estos ejemplos se llaman concesiones administrativas (permisos, o licencias administrativas) (son servicios de seguridad públicos), está muy lejos de ser como contesta la Secretaría General Técnica: “actividades que se acuerdan entre particulares”
En otro orden de cosas, me parece muy bien que el artículo 555 establezca penas privativas de libertad para los que acometan o intimiden a los ciudadanos que acudan en auxilio de un funcionario, policía o guardia, incluido los vigilantes de seguridad, que parece ser, también son ciudadanos. –esto es ironía-
Según la Real Academia Española de la Lengua la acción de acudir es ir al sitio adonde le conviene a una persona o es llamada. También significa ir en socorro de alguien. La palabra auxilio se entiende como socorro o amparo.
No entiendo donde se encuentra la protección jurídica penal adecuada del vigilante de seguridad en el desempeño de sus funciones en una estación de metro después de que le acometan o le intimiden.
Las leyes en España se interpretan según toca el son de cada juez.
El auxilio a los Cuerpos de Seguridad del Estado cada juez lo interpreta como quiere. Hay miles de sentencias al respecto.
La Secretaría General Técnica no está capacitada para razonar la ausencia del carácter del Agente de la Autoridad a los vigilantes de seguridad porque simplemente es una cuestión política. La Secretaría General Técnica debe responder lo que el Gobierno de España dice que hay que responder.
Y por último comentar que hasta que el Fiscal General del Estado de este Gobierno no haga una instrucción de obligado cumplimiento, una circular de obligado cumplimiento, a todos los fiscales de España para que acusen por delito cuando haya una agresión con resultado lesivo a un vigilante de seguridad en el desempeño de sus funciones, y en cualquier lugar en el que se encuentre trabajando y dejen de acusar por falta, este asunto no se acabará de corregir.
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