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«El ´caso Faisán´ es el más grave de la historia policial; no puede ser un crimen perfecto»
«Volvemos a situaciones del pasado, cuando en grandes zonas de las ciudades no había un solo coche patrulla» l «Hay recortes hasta en el papel higiénico»
IGNACIO LÓPEZ Secretario general de la Confederación Española de Policía
Oviedo, L. Á. VEGA
Ignacio López encabeza la Confederación Española de Policía, votada en las últimas elecciones por 16.000 agentes, y una de las más críticas con el Gobierno. López sostiene que los recortes a los funcionarios, también los policiales, no han finalizado y augura una merma en la calidad de la seguridad. López añade que el «caso Faisán», el «chivatazo» a ETA para evitar la detención del aparato de extorsión de la banda, es el mayor escándalo que se ha producido en el seno de la Policía y que es imprescindible que se aclare. Por otro lado, no duda que hay un nuevo acercamiento a ETA, aunque por lo menos no se abandona la línea policial contra la banda.
-Zapatero les ha dicho que hasta 2013 no mejorarán sus sueldos.
-Es la constatación de un engaño que se está verificando en la tramitación de los Presupuestos del Estado, la constatación de la gravedad de la crisis y de la irresponsabilidad de haber negado durante tanto tiempo la realidad de la situación. A los funcionarios no sólo se les ha bajado el sueldo en 2010, sino que se les bajará en 2011. En el capítulo de personal de los Presupuestos comprobamos que hay una rebaja de las pagas extra, que viene camuflada, y que sin duda va a generar muchísimo mayor cabreo entre los funcionarios. También constatamos que hay una reducción muy significativa en el capítulo dedicado a seguridad ciudadana, 380 millones de euros, que, sin duda, afectará a la calidad del servicio. El Gobierno tiene que priorizar. Someter a la seguridad pública en España, ya históricamente muy deteriorada, a este nuevo castigo va a traer carencia de vehículos, de medios materiales, una reducción brutal de la oferta de empleo público, de forma que no vamos a llegar siquiera a la tasa de reposición.
-En un momento en que la delincuencia parece estar incrementándose...
-No podemos fiarnos de los datos estadísticos que facilita el Gobierno porque hay mucha opacidad. Lo que está cambiando a un ritmo acelerado es el perfil de la sociedad y la Policía está llamada a tutelar la parte que nos corresponde de ese cambio social, desde el punto de vista de las nuevas masas de criminalidad. En los próximos siete años no nos vamos a recuperar, sino todo lo contrario, y vamos a volver a situaciones del pasado en las que grandes partes de las ciudades sólo estaban vigiladas por uno o ningún «zeta». En 2011, entrarán alrededor de 1.600 agentes menos. Con las jubilaciones previstas, las plantillas se van a desequilibrar mucho.
-¿Continuará la presión al Gobierno?
-Me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que el deterioro de la economía sigue avanzando, no hemos tocado todavía fondo. Seríamos más partidarios de pedir soluciones más flexibles y originales al Gobierno. Hay muchos campos en los que se puede avanzar, muchas partidas presupuestarias que pueden ser optimizadas para generar recursos, ingresos atípicos, como la enormidad del presupuesto dedicado a la seguridad de cargos de hace veinte años o de ciudadanos que trabajan para empresas poderosas, que es cierto que están amenazados, pero esas empresas tiene que colaborar con el sostenimiento de la seguridad. Reclamamos al Gobierno que deje de maltratar a la seguridad pública.
-Ustedes no han llegado a los extremos de la Guardia Civil, de ahorrar en móviles, tener que parar los coches...
-Nosotros tenemos severos problemas de reposición de consumibles. Los secretarios generales están indicando que, coche que se estropee, va al garaje, porque no hay dinero para reparaciones, porque debemos dinero a proveedores, porque no hay dinero para ruedas. Hay recortes hasta en el papel higiénico. Va a haber recortes en entrenamientos de unidades especiales. Como colofón, el señor Zapatero tiene a 65.000 policías enormemente cabreados, porque no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales. En 2004 prometió la equiparación con los cuerpos autonómicos y locales, y no ha sido así. Las diferencias salariales se han triplicado.
-En el juicio de la «operación Malaya» ha salido a colación el nombre de Juan Antonio González, jefe de la Comisaría General de la Policía judicial. ¿Qué les parece?
-De forma generalizada, en nuestro gremio se sabía que se vinculaban las iniciales J. A. G. que aparecen en la documentación de Juan Antonio Roca con una serie de altos funcionarios policiales. Pero, como profesionales, nos tenemos que centrar en los datos objetivos. En su momento se hizo una pieza separada, y por resolución judicial motivada se encuentra en situación de sobreseimiento provisional. Está ahí parado, de momento. Por tanto, es grave que un abogado apunte al jefe de la Comisaría General, si no acompaña sus acusaciones de una denuncia. Somos los primeros interesados en depurar responsabilidades. Estamos sufriendo un grave deterioro de imagen por este caso, también por el «caso Faisán» o tantas situaciones con connotaciones de clientelismo político.
-González ha salido en otros asuntos, como la famosa cacería con Garzón y Bermejo que precedió al «caso Gürtel».
-Este comisario principal se hizo famoso por el «caso Roldán». Fue uno de los policías que se trasladaron a donde fuera para detener al ex director de la Guardia Civil. Y ha salido en el tema de la cacería, con el ministro Bermejo. En la Policía, y así lo ha señalado el Supremo en un fallo de hace poco, sufrimos un mal que es la libre designación, por la cual la totalidad de comisarios y altos cargos policiales en España vienen nombrados por conveniencia política. Eso genera a su vez un clientelismo muy preocupante en una institución como la nuestra, que debería mantener una equidistancia sumamente recomendable y sana, porque puede haber casos en que se nos culpe de atender más a intereses políticos y mediáticos que profesionales. Pero el PP tampoco está haciendo una gran labor.
-¿Y eso?
-No pocas veces les he recomendado públicamente a los dirigentes del PP que aquí no vale disparar indiscriminadamente. Si tienen el convencimiento de que el responsable de determinada unidad ha incumplido su responsabilidad o ha atendido a otros intereses al margen de los profesionales, lo que tienen que hacer es ponerlo negro sobre blanco, denunciarlo. Es la única forma de dar credibilidad de esas denuncias. Si cada vez que se hace una operación contra un político se van a denunciar intereses partidarios, se hace flaco favor al Estado de derecho.
-¿No le parece el «caso Faisán» uno de los más graves que se han producido en este país?
-El más grave de la historia policial, sin duda, muy por encima de escándalos mayúsculos. En el «caso Faisán» lo que nadie pone en duda es que hubo un chivatazo. Sólo hay dudas sobre quién ha sido, si había intereses políticos o fue un policía que se lió la manta a la cabeza. Atenta contra todos los principios que sostienen esta institución, es la traición más abyecta que ha podido hacerse, decirles a unos terroristas, con más de mil muertos: «Oye, que os vamos a detener». No están haciendo bien los deberes. El «caso Faisán» no puede pasar a la historia como el crimen perfecto. Quiero pensar que haya algún juez en la Audiencia Nacional que se lo tome a pecho y reimpulse la investigación.
-El Gobierno lo niega, pero todo apunta a un nuevo acercamiento a ETA.
-Es evidente, aunque es cierto que cuidan más el escenario, las formas. No hay aquello de: «Ahora somos amigos y vamos a hablar de democracia». No hacen declaraciones tan peligrosas como aquélla de que los fiscales se tienen que manchar la toga con el barro del camino o que Otegui es un hombre de paz. Ahora escenifican el palo y la zanahoria. El Gobierno está siguiendo la doctrina policial que se ha demostrado como la única que puede llevar a ETA a unos niveles de operatividad tal que no le quede más remedio que deponer las armas y entregarse a la justicia, el fin lógico de ETA, o someterse a un proceso de «grapización» en el que queden grupúsculos más preocupados de su supervivencia económica que de otro tipo de objetivos.
-Sin embargo, parece que cuenta con apoyos poderosos.
-ETA, en estos momentos, fruto de la presión policial, está en el momento más débil de toda su historia, pero también estamos comprobando con mucho desasosiego que las ramificaciones de ETA van mucho más allá de lo que veíamos. Hemos comprobado cómo dos etarras manifiestan sin tapujos que no sólo hay lo que ya sabíamos, que se entrenaban con las FARC en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, sino que el nivel de cooperación es tal que intercambian cursillos, que trabajan ya en el propio territorio venezolano y que les recibe un terrorista sin ningún tipo de presunto, como es Arturo Cubillas, con cargo público en Venezuela.
-¿Qué cabe hacer?
-Lo que los jueces han dicho que hay que hacer. Es tan grave el asunto que hay que ir a Colombia, un país comprometido con la lucha antiterrorista, para seguir avanzando en la investigación de la colaboración entre las FARC y ETA y saber si la vinculación de Cubillas con el Gobierno venezolano tienen algún otro tipo de connotación. Estamos en duda sobre todo por las declaraciones del embajador de Venezuela. Oiga, en España no se tortura. Váyase a su país y eche un vistazo a las garantías que tienen los ciudadanos venezolanos, a las que tienen las empresas españolas allí, cómo se comportan los grupos paramilitares en torno al Movimiento Bolivariano... Haga el favor, no insulte a nuestra inteligencia.
-Ha tenido que retractarse.
-Porque son unas declaraciones que no sólo merecen la mayor de las repulsas, sino que son para llamarle a capítulo e invitarle a que abandone el país. También se ha echado en falta una respuesta contundente del Gobierno.
«El señor Zapatero tiene a 65.000 policías muy cabreados porque no ha cumplido sus promesas»
«Es evidente que el Gobierno se acerca a ETA, aunque es cierto que cuidan más las formas»
«Volvemos a situaciones del pasado, cuando en grandes zonas de las ciudades no había un solo coche patrulla» l «Hay recortes hasta en el papel higiénico»
IGNACIO LÓPEZ Secretario general de la Confederación Española de Policía
Oviedo, L. Á. VEGA
Ignacio López encabeza la Confederación Española de Policía, votada en las últimas elecciones por 16.000 agentes, y una de las más críticas con el Gobierno. López sostiene que los recortes a los funcionarios, también los policiales, no han finalizado y augura una merma en la calidad de la seguridad. López añade que el «caso Faisán», el «chivatazo» a ETA para evitar la detención del aparato de extorsión de la banda, es el mayor escándalo que se ha producido en el seno de la Policía y que es imprescindible que se aclare. Por otro lado, no duda que hay un nuevo acercamiento a ETA, aunque por lo menos no se abandona la línea policial contra la banda.
-Zapatero les ha dicho que hasta 2013 no mejorarán sus sueldos.
-Es la constatación de un engaño que se está verificando en la tramitación de los Presupuestos del Estado, la constatación de la gravedad de la crisis y de la irresponsabilidad de haber negado durante tanto tiempo la realidad de la situación. A los funcionarios no sólo se les ha bajado el sueldo en 2010, sino que se les bajará en 2011. En el capítulo de personal de los Presupuestos comprobamos que hay una rebaja de las pagas extra, que viene camuflada, y que sin duda va a generar muchísimo mayor cabreo entre los funcionarios. También constatamos que hay una reducción muy significativa en el capítulo dedicado a seguridad ciudadana, 380 millones de euros, que, sin duda, afectará a la calidad del servicio. El Gobierno tiene que priorizar. Someter a la seguridad pública en España, ya históricamente muy deteriorada, a este nuevo castigo va a traer carencia de vehículos, de medios materiales, una reducción brutal de la oferta de empleo público, de forma que no vamos a llegar siquiera a la tasa de reposición.
-En un momento en que la delincuencia parece estar incrementándose...
-No podemos fiarnos de los datos estadísticos que facilita el Gobierno porque hay mucha opacidad. Lo que está cambiando a un ritmo acelerado es el perfil de la sociedad y la Policía está llamada a tutelar la parte que nos corresponde de ese cambio social, desde el punto de vista de las nuevas masas de criminalidad. En los próximos siete años no nos vamos a recuperar, sino todo lo contrario, y vamos a volver a situaciones del pasado en las que grandes partes de las ciudades sólo estaban vigiladas por uno o ningún «zeta». En 2011, entrarán alrededor de 1.600 agentes menos. Con las jubilaciones previstas, las plantillas se van a desequilibrar mucho.
-¿Continuará la presión al Gobierno?
-Me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que el deterioro de la economía sigue avanzando, no hemos tocado todavía fondo. Seríamos más partidarios de pedir soluciones más flexibles y originales al Gobierno. Hay muchos campos en los que se puede avanzar, muchas partidas presupuestarias que pueden ser optimizadas para generar recursos, ingresos atípicos, como la enormidad del presupuesto dedicado a la seguridad de cargos de hace veinte años o de ciudadanos que trabajan para empresas poderosas, que es cierto que están amenazados, pero esas empresas tiene que colaborar con el sostenimiento de la seguridad. Reclamamos al Gobierno que deje de maltratar a la seguridad pública.
-Ustedes no han llegado a los extremos de la Guardia Civil, de ahorrar en móviles, tener que parar los coches...
-Nosotros tenemos severos problemas de reposición de consumibles. Los secretarios generales están indicando que, coche que se estropee, va al garaje, porque no hay dinero para reparaciones, porque debemos dinero a proveedores, porque no hay dinero para ruedas. Hay recortes hasta en el papel higiénico. Va a haber recortes en entrenamientos de unidades especiales. Como colofón, el señor Zapatero tiene a 65.000 policías enormemente cabreados, porque no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales. En 2004 prometió la equiparación con los cuerpos autonómicos y locales, y no ha sido así. Las diferencias salariales se han triplicado.
-En el juicio de la «operación Malaya» ha salido a colación el nombre de Juan Antonio González, jefe de la Comisaría General de la Policía judicial. ¿Qué les parece?
-De forma generalizada, en nuestro gremio se sabía que se vinculaban las iniciales J. A. G. que aparecen en la documentación de Juan Antonio Roca con una serie de altos funcionarios policiales. Pero, como profesionales, nos tenemos que centrar en los datos objetivos. En su momento se hizo una pieza separada, y por resolución judicial motivada se encuentra en situación de sobreseimiento provisional. Está ahí parado, de momento. Por tanto, es grave que un abogado apunte al jefe de la Comisaría General, si no acompaña sus acusaciones de una denuncia. Somos los primeros interesados en depurar responsabilidades. Estamos sufriendo un grave deterioro de imagen por este caso, también por el «caso Faisán» o tantas situaciones con connotaciones de clientelismo político.
-González ha salido en otros asuntos, como la famosa cacería con Garzón y Bermejo que precedió al «caso Gürtel».
-Este comisario principal se hizo famoso por el «caso Roldán». Fue uno de los policías que se trasladaron a donde fuera para detener al ex director de la Guardia Civil. Y ha salido en el tema de la cacería, con el ministro Bermejo. En la Policía, y así lo ha señalado el Supremo en un fallo de hace poco, sufrimos un mal que es la libre designación, por la cual la totalidad de comisarios y altos cargos policiales en España vienen nombrados por conveniencia política. Eso genera a su vez un clientelismo muy preocupante en una institución como la nuestra, que debería mantener una equidistancia sumamente recomendable y sana, porque puede haber casos en que se nos culpe de atender más a intereses políticos y mediáticos que profesionales. Pero el PP tampoco está haciendo una gran labor.
-¿Y eso?
-No pocas veces les he recomendado públicamente a los dirigentes del PP que aquí no vale disparar indiscriminadamente. Si tienen el convencimiento de que el responsable de determinada unidad ha incumplido su responsabilidad o ha atendido a otros intereses al margen de los profesionales, lo que tienen que hacer es ponerlo negro sobre blanco, denunciarlo. Es la única forma de dar credibilidad de esas denuncias. Si cada vez que se hace una operación contra un político se van a denunciar intereses partidarios, se hace flaco favor al Estado de derecho.
-¿No le parece el «caso Faisán» uno de los más graves que se han producido en este país?
-El más grave de la historia policial, sin duda, muy por encima de escándalos mayúsculos. En el «caso Faisán» lo que nadie pone en duda es que hubo un chivatazo. Sólo hay dudas sobre quién ha sido, si había intereses políticos o fue un policía que se lió la manta a la cabeza. Atenta contra todos los principios que sostienen esta institución, es la traición más abyecta que ha podido hacerse, decirles a unos terroristas, con más de mil muertos: «Oye, que os vamos a detener». No están haciendo bien los deberes. El «caso Faisán» no puede pasar a la historia como el crimen perfecto. Quiero pensar que haya algún juez en la Audiencia Nacional que se lo tome a pecho y reimpulse la investigación.
-El Gobierno lo niega, pero todo apunta a un nuevo acercamiento a ETA.
-Es evidente, aunque es cierto que cuidan más el escenario, las formas. No hay aquello de: «Ahora somos amigos y vamos a hablar de democracia». No hacen declaraciones tan peligrosas como aquélla de que los fiscales se tienen que manchar la toga con el barro del camino o que Otegui es un hombre de paz. Ahora escenifican el palo y la zanahoria. El Gobierno está siguiendo la doctrina policial que se ha demostrado como la única que puede llevar a ETA a unos niveles de operatividad tal que no le quede más remedio que deponer las armas y entregarse a la justicia, el fin lógico de ETA, o someterse a un proceso de «grapización» en el que queden grupúsculos más preocupados de su supervivencia económica que de otro tipo de objetivos.
-Sin embargo, parece que cuenta con apoyos poderosos.
-ETA, en estos momentos, fruto de la presión policial, está en el momento más débil de toda su historia, pero también estamos comprobando con mucho desasosiego que las ramificaciones de ETA van mucho más allá de lo que veíamos. Hemos comprobado cómo dos etarras manifiestan sin tapujos que no sólo hay lo que ya sabíamos, que se entrenaban con las FARC en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, sino que el nivel de cooperación es tal que intercambian cursillos, que trabajan ya en el propio territorio venezolano y que les recibe un terrorista sin ningún tipo de presunto, como es Arturo Cubillas, con cargo público en Venezuela.
-¿Qué cabe hacer?
-Lo que los jueces han dicho que hay que hacer. Es tan grave el asunto que hay que ir a Colombia, un país comprometido con la lucha antiterrorista, para seguir avanzando en la investigación de la colaboración entre las FARC y ETA y saber si la vinculación de Cubillas con el Gobierno venezolano tienen algún otro tipo de connotación. Estamos en duda sobre todo por las declaraciones del embajador de Venezuela. Oiga, en España no se tortura. Váyase a su país y eche un vistazo a las garantías que tienen los ciudadanos venezolanos, a las que tienen las empresas españolas allí, cómo se comportan los grupos paramilitares en torno al Movimiento Bolivariano... Haga el favor, no insulte a nuestra inteligencia.
-Ha tenido que retractarse.
-Porque son unas declaraciones que no sólo merecen la mayor de las repulsas, sino que son para llamarle a capítulo e invitarle a que abandone el país. También se ha echado en falta una respuesta contundente del Gobierno.
«El señor Zapatero tiene a 65.000 policías muy cabreados porque no ha cumplido sus promesas»
«Es evidente que el Gobierno se acerca a ETA, aunque es cierto que cuidan más las formas»
