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Un negociador admite que se habló con ETA del «Faisán»
Declara ante el juez Ruz que se trató de ello en Suiza mes y medio después del «chivatazo»
Un momento de los actos en el acuartelamiento de Sansomendi, en Vitoria
13 Octubre 11 - - Ricardo Coarasa
Madrid- Los interlocutores del Gobierno en la negociación con ETA no se pusieron de acuerdo, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 31 de enero, sobre si el «chivatazo» salió a colación en las reuniones mantenidas con los terroristas el 22 y 23 de junio de 2006 en Suiza, mes y medio después de que se produjese el soplo que desbarató una operación policial contra la red de extorsión de ETA. Mientras que uno de ellos aseguró al magistrado que en esas fechas no sabían nada «del lío que se montó después en torno a la investigación sobre el bar Faisán», el otro negociador dio una versión bien distinta. Según contó al juez, la primera reunión (celebrada en Ginebra) comenzó muy tarde, y «al buscar periódicos españoles» para entretener la espera vieron que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska «había iniciado una investigación sobre un presunto “soplo”».
Una vez comenzada la reunión, el representante de ETA dijo que estaban muy contrariados, dado que entendían que la presión del Gobierno era incluso más fuerte «que antes de la tregua», y se refirió expresamente a la «prohibición de actos políticos», a que las Fuerzas de Seguridad realizaban «más controles que nunca» y a que se habían producido «48 detenciones, más los 13 de ayer» (en referencia a la operación conjunta de España y Francia contra la red de extorsión etarra desarrollada dos días antes).
Ellos –reconoció el testigo protegido– intentaban «echar balones fuera» ante el aluvión de quejas del representante de la banda, «Josu Ternera», y en ésas «se limitaron a decir lo que habían leído en el periódico de que el juez Marlaska había iniciado diligencias». Le dijeron «exactamente», añadió, «lo que decía el periódico». Ruz intenta entonces que el negociador precise en qué términos salió a colación la referencia al «caso Faisán» y si se comentó que el juez Grande-Marlaska «estaba intentado averiguar si había órdenes del Gobierno» a la Policía de parar las detenciones.
El testigo insiste entonces en que se ciñeron «a lo que decía la prensa» y que intentaron «echar balones fuera reprochando también los actos que impulsaba ETA», en referencia a las cartas de extorsión y la «kale borroka». A continuación, negó rotundamente que tanto él como su compañero en la mesa de negociación comentaran que se hubiese dado la orden a Policía, Guardia Civil, Ertzaintza o Policía francesa «de no detener».
ETA no entendía, por ejemplo, que el Gobierno no podía intervenir en los procesos judiciales en curso contra miembros de la banda, e insistía en que «si querían, sí podían».
Los interlocutores negaron también que se trasladara a los terroristas que la consigna gubernamental era restar importancia al hecho de que las cartas de extorsión seguían llegando. «En absoluto», contestó uno de ellos. ETA, por su parte, se salió por la tangente al excusarse reconociendo que «existían cartas, pero que no eran amenazadoras». A juicio del declarante, el enfado de ETA respondía a que «en ningún momento se había rebajado la lucha en contra».
Los negociadores también negaron que la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional se produjese para favorecer el proceso. Uno de ellos afirmó que «en ningún caso se le hubiese ocurrido decir eso». El otro también negó ese extremo y añadió: «En caso de haberse dicho, esa manifestación se haría por parte del Centro Dunant o la propia ETA», ya que ellos, recalcó ante el juez, no podían «entrar en esas consideraciones».
Nada por escrito
En la reunión, que uno de los interlocutores define como «tensa y desordenada», se hablaba «de forma desordenada» y «no existía un reparto de papeles» entre los dos negociadores del Gobierno. Tampoco, aseguran ambos, se extendían actas oficiales o resúmenes, que sólo se iban a redactar «si algún día se llegaba a un acuerdo».
Jáuregui y Pamiés, de celebración
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, acudió ayer al acuartelamiento de Sansomendi, en Vitoria, donde asistió a los actos conmemorativos de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En la imagen, Jáuregui saluda al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, cuyo procesamiento en el «caso Faisán» fue revocado por la Audiencia Nacional, al igual que el de los otros dos que se encontraban en la misma situación, Víctor García Hidalgo y José María Ballesteros. Junto a Pamiés, en la foto, el jefe de la Ertzaintza, José Antonio Varela.
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t13975-un-negociador-admite-que-se-hablo-con-eta-del-faisan
Declara ante el juez Ruz que se trató de ello en Suiza mes y medio después del «chivatazo»
Un momento de los actos en el acuartelamiento de Sansomendi, en Vitoria
13 Octubre 11 - - Ricardo Coarasa
Madrid- Los interlocutores del Gobierno en la negociación con ETA no se pusieron de acuerdo, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 31 de enero, sobre si el «chivatazo» salió a colación en las reuniones mantenidas con los terroristas el 22 y 23 de junio de 2006 en Suiza, mes y medio después de que se produjese el soplo que desbarató una operación policial contra la red de extorsión de ETA. Mientras que uno de ellos aseguró al magistrado que en esas fechas no sabían nada «del lío que se montó después en torno a la investigación sobre el bar Faisán», el otro negociador dio una versión bien distinta. Según contó al juez, la primera reunión (celebrada en Ginebra) comenzó muy tarde, y «al buscar periódicos españoles» para entretener la espera vieron que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska «había iniciado una investigación sobre un presunto “soplo”».
Una vez comenzada la reunión, el representante de ETA dijo que estaban muy contrariados, dado que entendían que la presión del Gobierno era incluso más fuerte «que antes de la tregua», y se refirió expresamente a la «prohibición de actos políticos», a que las Fuerzas de Seguridad realizaban «más controles que nunca» y a que se habían producido «48 detenciones, más los 13 de ayer» (en referencia a la operación conjunta de España y Francia contra la red de extorsión etarra desarrollada dos días antes).
Ellos –reconoció el testigo protegido– intentaban «echar balones fuera» ante el aluvión de quejas del representante de la banda, «Josu Ternera», y en ésas «se limitaron a decir lo que habían leído en el periódico de que el juez Marlaska había iniciado diligencias». Le dijeron «exactamente», añadió, «lo que decía el periódico». Ruz intenta entonces que el negociador precise en qué términos salió a colación la referencia al «caso Faisán» y si se comentó que el juez Grande-Marlaska «estaba intentado averiguar si había órdenes del Gobierno» a la Policía de parar las detenciones.
El testigo insiste entonces en que se ciñeron «a lo que decía la prensa» y que intentaron «echar balones fuera reprochando también los actos que impulsaba ETA», en referencia a las cartas de extorsión y la «kale borroka». A continuación, negó rotundamente que tanto él como su compañero en la mesa de negociación comentaran que se hubiese dado la orden a Policía, Guardia Civil, Ertzaintza o Policía francesa «de no detener».
ETA no entendía, por ejemplo, que el Gobierno no podía intervenir en los procesos judiciales en curso contra miembros de la banda, e insistía en que «si querían, sí podían».
Los interlocutores negaron también que se trasladara a los terroristas que la consigna gubernamental era restar importancia al hecho de que las cartas de extorsión seguían llegando. «En absoluto», contestó uno de ellos. ETA, por su parte, se salió por la tangente al excusarse reconociendo que «existían cartas, pero que no eran amenazadoras». A juicio del declarante, el enfado de ETA respondía a que «en ningún momento se había rebajado la lucha en contra».
Los negociadores también negaron que la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional se produjese para favorecer el proceso. Uno de ellos afirmó que «en ningún caso se le hubiese ocurrido decir eso». El otro también negó ese extremo y añadió: «En caso de haberse dicho, esa manifestación se haría por parte del Centro Dunant o la propia ETA», ya que ellos, recalcó ante el juez, no podían «entrar en esas consideraciones».
Nada por escrito
En la reunión, que uno de los interlocutores define como «tensa y desordenada», se hablaba «de forma desordenada» y «no existía un reparto de papeles» entre los dos negociadores del Gobierno. Tampoco, aseguran ambos, se extendían actas oficiales o resúmenes, que sólo se iban a redactar «si algún día se llegaba a un acuerdo».
Jáuregui y Pamiés, de celebración
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, acudió ayer al acuartelamiento de Sansomendi, en Vitoria, donde asistió a los actos conmemorativos de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En la imagen, Jáuregui saluda al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, cuyo procesamiento en el «caso Faisán» fue revocado por la Audiencia Nacional, al igual que el de los otros dos que se encontraban en la misma situación, Víctor García Hidalgo y José María Ballesteros. Junto a Pamiés, en la foto, el jefe de la Ertzaintza, José Antonio Varela.
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