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Del tricornio a la pancarta: ¿Qué está pasando en la Guardia Civíl?
¿Qué pasa en la Guardia Civil? En pocas semanas los agentes se han manifestado en dos ocasiones, han protagonizado una huelga de 'bolis caídos' (dejar de poner multas), se han enfrentado y ganado al Ministerio del Interior en los tribunales y los líderes de sus principales asociaciones están expedientados. El Benemérito Instituto vive uno de sus momentos de mayor ebullición interna desde que en 1844 el Duque de Ahumada creara la institución. Eso lo reconocen hasta los generales del cuerpo.
En el 'generalato', ese cónclave del que todo el mundo habla, pero en el que nadie habla con voz propia, ven estos movimientos como una "ofensiva" para conseguir la "desmilitarización" y hablan de asociaciones laborales que intentan ejercer como "sindicatos que no son". Su discurso es el mismo, el de siempre: "la Guardia Civil es un cuerpo militar. Si alguien no quiere ser militar que no pida el ingreso. Son las reglas. A nadie le obligan. Hay una ley y unos cauces para expresarse como el Consejo de la Guardia Civil y nosotros, más que nadie, estamos para cumplir la ley", explica desde su despacho en Madrid uno de los más altos responsables del cuerpo.
Desde el otro lado -asociaciones, funcionarios, expertos en seguridad y políticos- ven muchos más matices a la hora de responder a la pregunta de "qué está pasando". Hablan de un cambio generacional por la entrada masiva de nuevos agentes que nada tienen que ver con los 'hijos del cuerpo' de antaño y que quieren tener condiciones laborales similares al resto de los trabajadores; de la eclosión de asociaciones en la institución -los afiliados ya son 40.000 de los casi 74.000 guardias-; de órganos de representación como el Consejo de la Guardia Civil que "no cubren las expectativas"; de promesas electorales incumplidas, como la del entonces portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, que en la campaña electoral de 2004 llegó a prometer que si José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba habría "una desmilitarización gradual" del cuerpo; de una Ley de Derechos y Obligaciones de 2007 que tres años después es "papel mojado" a pesar de las esperanzas que había suscitado; de condiciones de trabajo draconianas sin horarios; de agravios comparativos con otros cuerpos de seguridad, en los que se llega a cobrar el doble.
Desmilitarización
"Pero que quede claro. Nadie pide la desmilitarización del cuerpo o cambiar el modelo policial. Sólo reclamamos mejoras laborales y respeto de los derechos de fundamentales de unos ciudadanos que, además, son guardias civiles". El que habla es Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el mayor colectivo laboral del cuerpo con 32.000 funcionarios afiliados.
Moya, a quien hace unos días Interior expedientó por decir que el Gobierno trata a los guardias como a los etarras, lo tiene claro. "Esto es imparable. Podrán descabezar a las asociaciones, pero no podrán frenar el cambio". Para el líder de la AUGC, esta efervescencia es fruto del "relevo generacional" en una plantilla que la que los "oficiales de hoy que serán los generales de mañana" también se afilian a los colectivos laborales. "Y eso da mucho miedo al alto mando, a esos generales que en tiempos de Franco eran tenientes y están acostumbrados al ordeno y mando, y a los que queda muy lejos eso de discutir sobre reclamaciones laborales".
El análisis que hace otro de los protagonistas de este conflicto es casi idéntico. Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también expedientado y promotor asimismo de la manifestación de ayer, también niega "el virus de la reclamación de la desmilitarización" que han propagado "desde las altas instancias del cuerpo" para "dinamitar" las aspiraciones laborales de los guardias. "Somos militares y queremos seguir siéndolo, pero con derechos, porque también somos ciudadanos y trabajadores", explica. "No cuestionamos la cadena de mando. Cuestionamos el 'ordeno y mando', que es diferente". "La gente, tras años de silencio, ha comenzado a perder el miedo a apuntarse a las asociaciones y a las reivindicaciones. Es lógico. No se entiende una Guardia Civil del siglo XXI en la que los trabajadores no tengan ni voz ni voto". Y es que, según los guardias, su voz no se escucha en el nuevo Consejo de la Guardia Civil. De hecho, denuncian, la orden general de permisos y horarios que Interior aprobó el pasado jueves para aplacar los ánimos no se permitió que fuera votada en ese foro.
José Manuel Sánchez Fornet, el líder sindical de la Policía, sigue de cerca lo que ocurre en el cuerpo hermano. Vivió la legalización de los sindicatos en la Policía en 1984 y la desmilitarización de la institución en 1986. No compara aquellos hitos con lo que ocurre hoy en la Guardia Civil, pero ve paralelismos. "Los generales de la Policía, como los de ahora en la Guardia Civil, viven con los 'cortijeros'. Creen que esta oleada democrática puede hacerles perder poder e intentan boicotearla. En esta contraofensiva han encontrado como aliado al Ministerio del Interior, que no duda en aplicar la mano más dura para contentar al generalato", apunta el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. "Los guardias -prosigue- sólo piden condiciones dignas. Ni siquiera plantean la desmilitarización y la fusión en un solo cuerpo de seguridad, como sí hacemos desde el SUP", apostilla.
Expectativas frustradas
Sánchez Fornet no es el único que apunta sin titubeos a la responsabilidad de Alfredo Pérez Rubalcaba. También lo hacen, como era de esperar, desde el PP. Su responsable de Seguridad, el diputado Ignacio Cosidó, cree que la convulsa situación es fruto de que "el Gobierno había creado unas expectativas y mejoras que se han visto frustradas". Cosidó, en su día jefe de gabinete del director de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso, ve que en los últimos años se ha producido un "retroceso" en el cuerpo que ha llevado a los agentes a "echarse a la calle" en tres ocasiones contra el Gobierno.
Joan Miquel Perpinya fue el secretario general de la AUGC que convocó la recordada manifestación en enero de 2007 en la plaza Mayor de Madrid, con 3.000 funcionarios vestidos de verde y con tricornio. Él, como otros 20 líderes de la asociación, fue sancionado por aquella convocatoria, que, no obstante, forzó a Interior en octubre de ese mismo año a aprobar la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. Perpinya también sostiene que "lo que está ocurriendo es fruto de las promesas incumplidas de Rubalcaba. Del PP no podíamos esperar nada porque no nos prometió nada. Pero Rubalcaba aprobó un cambio, una ley, precisamente para que nada cambiara y apaciguar a los generales. Es como poner a la zorra a cuidar el gallinero. Rubalcaba es el garante de los derechos de los guardias y es el que ordena castigar a los líderes de las asociaciones y a prohibir las manifestaciones amparadas por la ley que él promovió".
El análisis de José Morata es menos político que el de Cosidó o Perpinya. Creó en 1990 el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil y fue a la cárcel acusado de sedición por aquella iniciativa, que, al final, le costó la expulsión del cuerpo. Morata considera que lo que ocurre en el cuerpo es sólo producto del "signo de los tiempos". "Cuando empezamos nos bastaba con darnos a conocer y no terminar en la cárcel. Hoy ha llegado ya el tiempo de exigir derechos y de exigir respeto al trabajador". "Antes estábamos solos y ahora, sin embargo, tenemos con nosotros a suboficiales y oficiales".
"Esto es imparable, digan lo que digan los generales o Alfredo Pérez Rubalcaba", vaticina el icono de la lucha sindical en este instituto militar.
alertadigital.com/
¿Qué pasa en la Guardia Civil? En pocas semanas los agentes se han manifestado en dos ocasiones, han protagonizado una huelga de 'bolis caídos' (dejar de poner multas), se han enfrentado y ganado al Ministerio del Interior en los tribunales y los líderes de sus principales asociaciones están expedientados. El Benemérito Instituto vive uno de sus momentos de mayor ebullición interna desde que en 1844 el Duque de Ahumada creara la institución. Eso lo reconocen hasta los generales del cuerpo.
En el 'generalato', ese cónclave del que todo el mundo habla, pero en el que nadie habla con voz propia, ven estos movimientos como una "ofensiva" para conseguir la "desmilitarización" y hablan de asociaciones laborales que intentan ejercer como "sindicatos que no son". Su discurso es el mismo, el de siempre: "la Guardia Civil es un cuerpo militar. Si alguien no quiere ser militar que no pida el ingreso. Son las reglas. A nadie le obligan. Hay una ley y unos cauces para expresarse como el Consejo de la Guardia Civil y nosotros, más que nadie, estamos para cumplir la ley", explica desde su despacho en Madrid uno de los más altos responsables del cuerpo.
Desde el otro lado -asociaciones, funcionarios, expertos en seguridad y políticos- ven muchos más matices a la hora de responder a la pregunta de "qué está pasando". Hablan de un cambio generacional por la entrada masiva de nuevos agentes que nada tienen que ver con los 'hijos del cuerpo' de antaño y que quieren tener condiciones laborales similares al resto de los trabajadores; de la eclosión de asociaciones en la institución -los afiliados ya son 40.000 de los casi 74.000 guardias-; de órganos de representación como el Consejo de la Guardia Civil que "no cubren las expectativas"; de promesas electorales incumplidas, como la del entonces portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, que en la campaña electoral de 2004 llegó a prometer que si José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba habría "una desmilitarización gradual" del cuerpo; de una Ley de Derechos y Obligaciones de 2007 que tres años después es "papel mojado" a pesar de las esperanzas que había suscitado; de condiciones de trabajo draconianas sin horarios; de agravios comparativos con otros cuerpos de seguridad, en los que se llega a cobrar el doble.
Desmilitarización
"Pero que quede claro. Nadie pide la desmilitarización del cuerpo o cambiar el modelo policial. Sólo reclamamos mejoras laborales y respeto de los derechos de fundamentales de unos ciudadanos que, además, son guardias civiles". El que habla es Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el mayor colectivo laboral del cuerpo con 32.000 funcionarios afiliados.
Moya, a quien hace unos días Interior expedientó por decir que el Gobierno trata a los guardias como a los etarras, lo tiene claro. "Esto es imparable. Podrán descabezar a las asociaciones, pero no podrán frenar el cambio". Para el líder de la AUGC, esta efervescencia es fruto del "relevo generacional" en una plantilla que la que los "oficiales de hoy que serán los generales de mañana" también se afilian a los colectivos laborales. "Y eso da mucho miedo al alto mando, a esos generales que en tiempos de Franco eran tenientes y están acostumbrados al ordeno y mando, y a los que queda muy lejos eso de discutir sobre reclamaciones laborales".
El análisis que hace otro de los protagonistas de este conflicto es casi idéntico. Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también expedientado y promotor asimismo de la manifestación de ayer, también niega "el virus de la reclamación de la desmilitarización" que han propagado "desde las altas instancias del cuerpo" para "dinamitar" las aspiraciones laborales de los guardias. "Somos militares y queremos seguir siéndolo, pero con derechos, porque también somos ciudadanos y trabajadores", explica. "No cuestionamos la cadena de mando. Cuestionamos el 'ordeno y mando', que es diferente". "La gente, tras años de silencio, ha comenzado a perder el miedo a apuntarse a las asociaciones y a las reivindicaciones. Es lógico. No se entiende una Guardia Civil del siglo XXI en la que los trabajadores no tengan ni voz ni voto". Y es que, según los guardias, su voz no se escucha en el nuevo Consejo de la Guardia Civil. De hecho, denuncian, la orden general de permisos y horarios que Interior aprobó el pasado jueves para aplacar los ánimos no se permitió que fuera votada en ese foro.
José Manuel Sánchez Fornet, el líder sindical de la Policía, sigue de cerca lo que ocurre en el cuerpo hermano. Vivió la legalización de los sindicatos en la Policía en 1984 y la desmilitarización de la institución en 1986. No compara aquellos hitos con lo que ocurre hoy en la Guardia Civil, pero ve paralelismos. "Los generales de la Policía, como los de ahora en la Guardia Civil, viven con los 'cortijeros'. Creen que esta oleada democrática puede hacerles perder poder e intentan boicotearla. En esta contraofensiva han encontrado como aliado al Ministerio del Interior, que no duda en aplicar la mano más dura para contentar al generalato", apunta el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. "Los guardias -prosigue- sólo piden condiciones dignas. Ni siquiera plantean la desmilitarización y la fusión en un solo cuerpo de seguridad, como sí hacemos desde el SUP", apostilla.
Expectativas frustradas
Sánchez Fornet no es el único que apunta sin titubeos a la responsabilidad de Alfredo Pérez Rubalcaba. También lo hacen, como era de esperar, desde el PP. Su responsable de Seguridad, el diputado Ignacio Cosidó, cree que la convulsa situación es fruto de que "el Gobierno había creado unas expectativas y mejoras que se han visto frustradas". Cosidó, en su día jefe de gabinete del director de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso, ve que en los últimos años se ha producido un "retroceso" en el cuerpo que ha llevado a los agentes a "echarse a la calle" en tres ocasiones contra el Gobierno.
Joan Miquel Perpinya fue el secretario general de la AUGC que convocó la recordada manifestación en enero de 2007 en la plaza Mayor de Madrid, con 3.000 funcionarios vestidos de verde y con tricornio. Él, como otros 20 líderes de la asociación, fue sancionado por aquella convocatoria, que, no obstante, forzó a Interior en octubre de ese mismo año a aprobar la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. Perpinya también sostiene que "lo que está ocurriendo es fruto de las promesas incumplidas de Rubalcaba. Del PP no podíamos esperar nada porque no nos prometió nada. Pero Rubalcaba aprobó un cambio, una ley, precisamente para que nada cambiara y apaciguar a los generales. Es como poner a la zorra a cuidar el gallinero. Rubalcaba es el garante de los derechos de los guardias y es el que ordena castigar a los líderes de las asociaciones y a prohibir las manifestaciones amparadas por la ley que él promovió".
El análisis de José Morata es menos político que el de Cosidó o Perpinya. Creó en 1990 el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil y fue a la cárcel acusado de sedición por aquella iniciativa, que, al final, le costó la expulsión del cuerpo. Morata considera que lo que ocurre en el cuerpo es sólo producto del "signo de los tiempos". "Cuando empezamos nos bastaba con darnos a conocer y no terminar en la cárcel. Hoy ha llegado ya el tiempo de exigir derechos y de exigir respeto al trabajador". "Antes estábamos solos y ahora, sin embargo, tenemos con nosotros a suboficiales y oficiales".
"Esto es imparable, digan lo que digan los generales o Alfredo Pérez Rubalcaba", vaticina el icono de la lucha sindical en este instituto militar.
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