ÑAKI GONZÁLEZ

Hubo un tiempo, no tan remoto, en el que ETA se consideraba a sí misma el mayor activo político del independentismo radical vasco. La estrategia que lideraba diferenciaba la acción política de la acción armada, pero siempre se arrogó el derecho de encabezar la primera en virtud de su capacidad de actuar como presunta vanguardia desde la práctica de la violencia. El fallido proceso de paz de Loiola, en el que se dilapidaron los esfuerzos de un buen puñado de buenas voluntades de quienes se animaron a apoyarlo desde el nacionalismo vasco y desde el socialismo vasco y español, acabó por poner en evidencia que una nueva generación había tomado el relevo en la organización terrorista dispuesta a repetir el error de la arrogancia. Y se dispusieron a doblegar al Estado por la vía de los atentados, convencidos de que se trataba de reproducir el paréntesis que también tuvo el proceso norirlandés y que no impidió que se reanudara el diálogo y avanzara con éxito. Solo que ETA desautorizó públicamente y relevó de sus funciones a su propio Gerry Adams.

En la experiencia de aquel proceso se rompió algo más que la confianza de quienes participaron como interlocutores de ETA. Se rompió el cristal opaco de la urna en la que la propia ETA quiso mantener confinados a quienes en la izquierda radical vasca vivieron ese proceso de diálogo desde la convicción de que la violencia no volvería nunca más. La suficiencia con la que ETA desoyó la petición expresa de Arnaldo Otegi de que no pretendiera tutelar el diálogo tras el atentado de la T-4 retrató ante muchos ojos que habían estado dispuestos al silencio la realidad de una organización que es un pasivo del que necesitan desembarazarse para poder hacer política. Y se rompió además la paciencia de los mediadores internacionales, el único hombro sobre el que hallar consuelo como alternativa al precipicio. Brian Currin lo recordaba esta misma semana en Barcelona tras el enésimo y esta vez último esfuerzo de quienes creen que hay una opción de resolución dialogada. No queda tiempo para más.
La detención en Bayona de la que Interior considera que es la cúpula militar de la organización vuelve a desmantelar por sexta vez en dos años la máxima dirección terrorista. En esta ocasión, quienes sustituyan a los detenidos recibirán una organización a la que no le queda más papel que el de diluirse en un proceso abierto por las bases políticas del independentismo radical vasco y no pretender liderarlo. Se trata de un proceso de reorganización política de ese mundo que se arrastra entre la dificultad de tener en prisión a quienes podrían acelerarlo y la evidencia de que una mayoría de la sociedad vasca y del nacionalismo en particular ha dejado de seguir el día a día de su metamorfosis y solo va a mirar el final para comprobar si del capullo saldrá mariposa o garrapata. No puede extrañar esta actitud ni la significación que ahora se le puede dar a la postura pública de ETA ante todo esto. Durante demasiado tiempo le han cedido a la banda el testigo de un diseño estratégico de encefalograma plano.
Pero en tanto la organización no se retrata en la foto del desarme terrorista, se abre un espacio dañino en el proceder político. Meses atrás, Jaime Mayor Oreja cogió por sorpresa a su partido al asegurar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba negociando con ETA. Hoy, vuelve el argumento, pero ahora ya no hay sorpresa. Hay un punto de metódico en la actuación del PP porque en esta ocasión no hay balbuceos o excusas, la propia Dolores de Cospedal reclama pruebas de que no hay una vía de diálogo abierta. Entonces y ahora, los populares vascos han sido casi los más contundentes en negar estos extremos, implicados con el PSE en un acuerdo de gobierno en Euskadi del que no pueden renegar.

Y se acaba de reproducir una dinámica de acción-reacción ya conocida. Quizá la operación desarrollada en Bayona es la prueba que exigía el PP. Desde luego, si se contrastan fuentes de la lucha antiterrorista, los ahora detenidos, cúpula o no, venían siendo controlados en buena medida desde hace tiempo. En todo caso, algunas de las intervenciones recientes de líderes socialistas vascos parecen haber levantado liebres para el PP hasta el punto de que lo que antes eran «las cosas de Mayor Oreja» hoy son motivo de interpelación al presidente del Gobierno. Que Jesús Eguiguren insinúe que el fin de ETA se producirá en esta legislatura, o que el lendakari Patxi López haga suyo el argumento de que la condena no ha sido nunca un imperativo legal a la hora de poner freno a la participación política de la izquierda radical, ha desatado la caja de los truenos.
Antonio Basagoiti llegó a recordar que el acuerdo de legislatura se sustenta en la lucha contra ETA y que no está dispuesto a asumir matices: todo es ETA y no puede haber un resquicio a la participación política. Incluso la propia izquierda radical ilegalizada se debate entre quienes quieren volver a la vida pública ya y los que dan por amortizada la cita electoral del 2011 y apuntan, como mínimo, al año siguiente. Mariano Rajoy se guarda el dardo para mejor ocasión; cuanto más cerca de las generales, mejor.


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