La denominada ley Sinde, en referencia a la ministra de Cultura, pretende agilizar el proceso mediante la creación de un órgano administrativo -la Comisión de Propiedad Intelectual- que tramite las denuncias y pida el cierre cautelar de las webs, bajo la tutela de la Audiencia Nacional.

Para José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) este caso demuestra la "perentoria necesidad" de un cambio en la legislación porque "si a este señor se le ha sorprendido en diciembre cometiendo presuntamente una actividad ilegal y se ha tardado cuatro meses en cerrar las webs está claro que algo no funciona. Si para montar una web de descargas ilegales hacen falta 24 horas y para cerrarla cuatro meses, la batalla esa perdida. Por eso es tan importante, que el Gobierno se implique y adopte una legislación ágil que permita a España dejar de estar en la lista de los países más piratas del mundo".

Una opinión radicalmente contraria a la que tiene Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), para quien "esta decisión prueba que los jueces ya están actuando, unas veces a favor y otras en contra de las páginas web, y que, por tanto no es necesaria en absoluto la disposición adicional que ha introducido la ministra de Cultura en la ley de Economía Sostenible para controlar Internet, através de una comisión paralela que se arroga actuar en sustitución de los jueces"

Domingo recordó que en este mismo mes los jueces ya dictaron una sentencia en sentido contrario al desestimar la demanda dela Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra Jesús Guerra, al que acusaba de infringir a través de su página web Elrincondejesus la propiedad intelectual de obras musicales de su repertorio. "En uno y otro caso, los jueces están actuando. "¿Para qué hace falta poner en marcha entonces la comisión antipiratería?", se pregunta Domingo.

Disputa sobre la propiedad de las webs

El juez Javier Saravia, titular del juzgado de instrucción número 2 de Alicante, ha tomado esta medida, notificada ayer a las partes, tras la denuncia de Columbia Tristar, Universal, Disney y otros estudios y la solicitud del Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Nacional.

Esta instrucción arranca de una operación que tuvo lugar en diciembre en Alicante, en la que la Policía detuvo a cuatro personas por un presunto delito contra el derecho a la propiedad intelectual al grabar películas de estreno en salas de cine y ofrecer su descarga en Internet. Los denunciantes les acusaban de haber difundido cientos de películas con un perjuicio económico de más de cinco millones de euros.

El imputado, como ya hiciera cuando estalló la operación policial en diciembre, sigue negando que las páginas objeto del bloqueo sean de su propiedad.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/cierre/judicial/webs/aviva/debate/necesidad/ley/Sinde/elpeputec/20100324elpepucul_7/Tes