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LA POLEMICA NORMATIVA ANTIDESCARGAS.
La ´ley Sinde´ resucita con más control judicial para cerrar webs
PSOE, PP y CiU llegaron anoche a un acuerdo que también prevé la modificación del polémico canon digital.El pacto logrado en el Senado exige que un magistrado dé su autorización para poder identificar las páginas piratas.
25/01/2011 JUAN RUIZ SIERRA / OLGA PEREDA
Destinada a atajar el hasta ahora inatajable intercambio no autorizado de archivos en la red y protagonista de un enorme culebrón internáutico-político-parlamentario, la ley Sinde resucitó ayer en el Senado. A la criatura, hija de la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, le faltaban cuatro horas y media para que le expidieran el certificado de defunción cuando el PSOE, el PP y CiU presentaron una enmienda a la ley de economía sostenible (LES) que le permitió volver a la vida. La nueva ley antidescargas será distinta a la que diseñó el Gobierno: tendrá mayores garantías judiciales.
En el enfoque original, que el Ejecutivo aprobó a comienzos del 2010 como disposición a la LES, cuando el propietario de los derechos de autor --ya sea un sello discográfico, una televisión, un estudio cinematográfico o un compositor-- denunciaba que su obra estaba siendo intercambiada en la red de forma no autorizada, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, podía identificar por su cuenta quién era el responsable de la web. Ahora, en cambio, será necesaria una autorización judicial.
Una vez identificado el pirata (que siempre será una página, porque la ley no actúa contra los usuarios), el procedimiento sigue como lo ideó el Gobierno: la comisión escuchará sus alegaciones y, si estas no le convencen y el archivo no es retirado, acudirá a la Audiencia Nacional, que tendrá cuatro días para escuchar a las partes y decidir si cierra la página si es española o, cuando se encuentre en el extranjero, bloquea su acceso desde España.
La propia comisión también cambiará. En un primer momento, sus tres miembros iban a ser designados por Cultura, pero al final serán elegidos por este ministerio, el de Economía y el de Justicia. Esta modificación pretende, entre otras cosas, calmar a los colectivos internautas, que tachan al departamento de González-Sinde de parcial por situarse demasiado cerca de la industria cultural.
Y por último, está el canon digital, al que el Tribunal de Justicia de la UE aplicó el pasado mayo un serio correctivo al fallar que se aplicaba de manera "indiscriminada", tanto a personas físicas como a jurídicas y administraciones. En lugar de su eliminación, como pidió el PP en el Congreso, el Gobierno se compremete a modificarlo en tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, José María Lassalle, que participó en la negociación que ha culminado en la normativa justificó así el cambio de sus condiciones: "Hemos tenido mucho más tiempo para reflexionar sobre la negociación".
"Se garantizan los derechos de todos", señaló González-Sinde.
En la negociación en el Senado, Cultura ha buscado desde el principio a su aliado, los populares, mayoritarios en esta Cámara. CiU se sumó después. Las conversaciones se han mantenido casi en secreto. El desenlace se produjo ayer a las siete y media de la tarde, cuatro horas y media antes de la medianoche, momento en el que finalizaba el plazo de enmiendas a la LES. La siguiente prueba consistirá en ver si la norma frena el intercambio de archivos. Por el momento, no ha contentado ni a los internautas ni a parte de la industria cultural.
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t10906-la-ley-sinde-resucita-con-mas-control-judicial-para-cerrar-webs
La ´ley Sinde´ resucita con más control judicial para cerrar webs
PSOE, PP y CiU llegaron anoche a un acuerdo que también prevé la modificación del polémico canon digital.El pacto logrado en el Senado exige que un magistrado dé su autorización para poder identificar las páginas piratas.
25/01/2011 JUAN RUIZ SIERRA / OLGA PEREDA
Destinada a atajar el hasta ahora inatajable intercambio no autorizado de archivos en la red y protagonista de un enorme culebrón internáutico-político-parlamentario, la ley Sinde resucitó ayer en el Senado. A la criatura, hija de la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, le faltaban cuatro horas y media para que le expidieran el certificado de defunción cuando el PSOE, el PP y CiU presentaron una enmienda a la ley de economía sostenible (LES) que le permitió volver a la vida. La nueva ley antidescargas será distinta a la que diseñó el Gobierno: tendrá mayores garantías judiciales.
En el enfoque original, que el Ejecutivo aprobó a comienzos del 2010 como disposición a la LES, cuando el propietario de los derechos de autor --ya sea un sello discográfico, una televisión, un estudio cinematográfico o un compositor-- denunciaba que su obra estaba siendo intercambiada en la red de forma no autorizada, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, podía identificar por su cuenta quién era el responsable de la web. Ahora, en cambio, será necesaria una autorización judicial.
Una vez identificado el pirata (que siempre será una página, porque la ley no actúa contra los usuarios), el procedimiento sigue como lo ideó el Gobierno: la comisión escuchará sus alegaciones y, si estas no le convencen y el archivo no es retirado, acudirá a la Audiencia Nacional, que tendrá cuatro días para escuchar a las partes y decidir si cierra la página si es española o, cuando se encuentre en el extranjero, bloquea su acceso desde España.
La propia comisión también cambiará. En un primer momento, sus tres miembros iban a ser designados por Cultura, pero al final serán elegidos por este ministerio, el de Economía y el de Justicia. Esta modificación pretende, entre otras cosas, calmar a los colectivos internautas, que tachan al departamento de González-Sinde de parcial por situarse demasiado cerca de la industria cultural.
Y por último, está el canon digital, al que el Tribunal de Justicia de la UE aplicó el pasado mayo un serio correctivo al fallar que se aplicaba de manera "indiscriminada", tanto a personas físicas como a jurídicas y administraciones. En lugar de su eliminación, como pidió el PP en el Congreso, el Gobierno se compremete a modificarlo en tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, José María Lassalle, que participó en la negociación que ha culminado en la normativa justificó así el cambio de sus condiciones: "Hemos tenido mucho más tiempo para reflexionar sobre la negociación".
"Se garantizan los derechos de todos", señaló González-Sinde.
En la negociación en el Senado, Cultura ha buscado desde el principio a su aliado, los populares, mayoritarios en esta Cámara. CiU se sumó después. Las conversaciones se han mantenido casi en secreto. El desenlace se produjo ayer a las siete y media de la tarde, cuatro horas y media antes de la medianoche, momento en el que finalizaba el plazo de enmiendas a la LES. La siguiente prueba consistirá en ver si la norma frena el intercambio de archivos. Por el momento, no ha contentado ni a los internautas ni a parte de la industria cultural.
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t10906-la-ley-sinde-resucita-con-mas-control-judicial-para-cerrar-webs
