Los sindicatos avisan de que podría haber riesgo en el cumplimiento de penas si se elimina al personal público de los centros
miguel ángel autero 23.07.2013 | 00:28
Los funcionarios de prisiones han decidido plantarse frente a las políticas "privatizadoras" que ha decidido iniciar el Gobierno central en los centros penitenciarios de toda España. Desde hoy, los funcionarios comienzan una serie de movilizaciones, que se intensificarán a partir de septiembre, ante lo que consideran un "grave deterioro" del servicio público en las cárceles desde que el pasado mes de abril se hubiera privatizado el servicio de seguridad exterior en 21 centros penitenciarios. Así, los funcionarios han convocado concentraciones hoy en las puertas de las prisiones de Tenerife II, Alicante, Menorca y, el próximo día 30, en el centro penitenciario de A Coruña, para que se "paralice de forma inmediata" el proceso de "privatización" de las instituciones penitenciarias.
Los sindicatos convocantes, CCOO, CSIF, CIGA, ELA y UGT, "pretenden evitar" que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "extienda la privatización" de los servicios en el interior de los centros, "poniendo en riesgo no solo los puestos de trabajo de los empleados públicos al empeorar las condiciones de trabajo, sino que también podría ponerse en riesgo la efectiva ejecución de las medidas penitenciarias impuestas a los internos", según fuentes sindicales.
"Esta privatización no es necesaria ni rentable y supone un ataque frontal al modelo público de instituciones penitenciarias. La administración penitenciaria, con esto, solo pretende beneficiar a determinadas empresas, más pendientes de obtener rentabilidad económica que de certificar la seguridad de los centros", denuncian.
Añade Bernardo Fernández, portavoz de CSIF en Tenerife, que "por ahora, el personal de seguridad privada se encarga de la seguridad en las barreras del exterior de la prisión o el control de las cámaras de videovigilancia", pero "tememos que esto sea una avanzadilla para la privatización total de las instituciones penitenciarias".
Fernández señala que la administración "no quiere reponer los puestos de los cerca de medio millar de funcionarios que se jubilan cada año, no hay oferta de empleo público, ni se convocan concursos de traslado desde hace años, por lo que cada vez son menos los funcionarios que prestan servicio en los centros y, además, la plantilla se está envejeciendo".
El portavoz sindical anuncia que "los servicios de seguridad privada en las prisiones son más caros que mantener empleados públicos al frente de las prisiones; dan un peor servicio y, además, su labor carece de la independencia con la que desempeña su trabajo el personal funcionario".
En abril comenzó el proceso de privatización de la seguridad exterior y, según los sindicatos, el Gobierno planteó que serían puestos desempeñados por antiguos escoltas que ejercieron en el País Vasco. "Sin embargo, hoy no hay nada de eso y el servicio se ha entregado a empresas privadas, sin más".
Por ello, los sindicatos demandan a la administración pública que "mantenga los recursos humanos necesarios para garantizar un correcto servicio público y que aborde el déficit estructural de personal, agudizado por la falta de oferta de empleo público".
http://www.laopinion.es/sociedad/2013/07/23/funcionarios-prisiones-rebelan-privatizacion/488792.html
miguel ángel autero 23.07.2013 | 00:28
Los funcionarios de prisiones han decidido plantarse frente a las políticas "privatizadoras" que ha decidido iniciar el Gobierno central en los centros penitenciarios de toda España. Desde hoy, los funcionarios comienzan una serie de movilizaciones, que se intensificarán a partir de septiembre, ante lo que consideran un "grave deterioro" del servicio público en las cárceles desde que el pasado mes de abril se hubiera privatizado el servicio de seguridad exterior en 21 centros penitenciarios. Así, los funcionarios han convocado concentraciones hoy en las puertas de las prisiones de Tenerife II, Alicante, Menorca y, el próximo día 30, en el centro penitenciario de A Coruña, para que se "paralice de forma inmediata" el proceso de "privatización" de las instituciones penitenciarias.
Los sindicatos convocantes, CCOO, CSIF, CIGA, ELA y UGT, "pretenden evitar" que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "extienda la privatización" de los servicios en el interior de los centros, "poniendo en riesgo no solo los puestos de trabajo de los empleados públicos al empeorar las condiciones de trabajo, sino que también podría ponerse en riesgo la efectiva ejecución de las medidas penitenciarias impuestas a los internos", según fuentes sindicales.
"Esta privatización no es necesaria ni rentable y supone un ataque frontal al modelo público de instituciones penitenciarias. La administración penitenciaria, con esto, solo pretende beneficiar a determinadas empresas, más pendientes de obtener rentabilidad económica que de certificar la seguridad de los centros", denuncian.
Añade Bernardo Fernández, portavoz de CSIF en Tenerife, que "por ahora, el personal de seguridad privada se encarga de la seguridad en las barreras del exterior de la prisión o el control de las cámaras de videovigilancia", pero "tememos que esto sea una avanzadilla para la privatización total de las instituciones penitenciarias".
Fernández señala que la administración "no quiere reponer los puestos de los cerca de medio millar de funcionarios que se jubilan cada año, no hay oferta de empleo público, ni se convocan concursos de traslado desde hace años, por lo que cada vez son menos los funcionarios que prestan servicio en los centros y, además, la plantilla se está envejeciendo".
El portavoz sindical anuncia que "los servicios de seguridad privada en las prisiones son más caros que mantener empleados públicos al frente de las prisiones; dan un peor servicio y, además, su labor carece de la independencia con la que desempeña su trabajo el personal funcionario".
En abril comenzó el proceso de privatización de la seguridad exterior y, según los sindicatos, el Gobierno planteó que serían puestos desempeñados por antiguos escoltas que ejercieron en el País Vasco. "Sin embargo, hoy no hay nada de eso y el servicio se ha entregado a empresas privadas, sin más".
Por ello, los sindicatos demandan a la administración pública que "mantenga los recursos humanos necesarios para garantizar un correcto servicio público y que aborde el déficit estructural de personal, agudizado por la falta de oferta de empleo público".
http://www.laopinion.es/sociedad/2013/07/23/funcionarios-prisiones-rebelan-privatizacion/488792.html