Índice
Funcionarios de prisiones, pendientes de la privatización de la vigilancia
Una visita del subdelegado a las cárceles de El Puerto provocó ayer la inquietud del colectivo ante un proceso
Funcionarios se concentran en el acceso a las cárceles portuenses, en una imagen de archivo. :: LA VOZ
17.04.12 - 00:37 - Silvia Tubio CÁDIZ.
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, visitó ayer los tres centros penitenciarios de El Puerto, donde mantuvo reuniones con los directores de las cárceles. Era la primera vez que De Torre se acercaba a las prisiones de la Bahía tras tomar posesión. Los representantes sindicales de los funcionarios desconocían la cita y la inquietud fue creciendo conforme pasaba la mañana. Algunos interpretaban esta toma de contacto como el primer paso a una futura privatización de parte de las labores de vigilancia de estos recintos. Un proyecto que maneja el Ministerio del Interior, que se ha desvelado sin concretarse aún ni cómo se va a hacer ni cuándo o lo que es más importante, si se va a llevar definitivamente a cabo. Pero las dudas son muchas, sobre todo en esta provincia con una de las principales poblaciones reclusas del país.
Por eso, representantes del sindicato de funcionarios Acaip aprovecharon la oportunidad y le solicitaron al subdelegado una reunión en la que van a trasladarle esa preocupación y donde pretenden conocer en qué punto está ese proceso de privatización. Esa idea que maneja Interior se justifica por la pérdida de empleo que han sufrido los escoltas privados que trabajaban para personas amenazas por ETA en el País Vasco. El final de la violencia de la banda terrorista ha supuesto que este colectivo se quede sin trabajo.
La oficina del subdelegado confirmó ayer mediante una nota que dicha reunión con los representantes sindicales se producirá en los próximos días, aunque la fecha está pendiente de concretarse.
De producirse la citada privatización de la vigilancia de los centros penitenciarios, esta medida afectaría a unos 116 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y unos 44 de la Guardia Civil. Los primeros se encargan de la custodia del perímetro exterior y las garitas de acceso de las tres prisiones portuenses; mientras que los funcionarios de la Benemérita se encargan de las mismas funciones pero en el centro de Botafuegos (Algeciras).
Desde Acaip señalaban a este medio que no tendrían inconvenientes en que vigilantes privados se hicieran cargo del perímetro, «pero los accesos deben seguir bajo el mando de la Policía». Fuentes sindicales del Cuerpo Nacional señalaban que las primeras informaciones apuntan a que ese personal pasaría a formar parte de unidades de la Comisaría portuense, «por lo que el impacto debería ser mínimo». Pero ante la falta de concreción, las especulaciones son muchas.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se opone abiertamente a la privatización. En abril, una comisión de la AUGC se reunió con la Dirección General del Instituto Armado que le confirmó ese proyecto, aun por definir. «Se ha vuelto a trasladar su preocupación por el impacto negativo tanto laboral como familiar que esta decisión política va a tener en los guardias civiles afectados. Si de lo que se trata es de paliar la falta de personal -se ha reducido considerablemente la oferta de empleo público y sólo se repondrá una de cada diez bajas- en la actualidad, hay más de 1.200 guardias civiles realizando labores de fontanería, electricidad, pintura... y que pueden y deben ser recuperados para su profesión policial».
Fuentes de la AUGC especificaron que en el caso de los agentes que trabajan en Botafuegos, pertenecen a una unidad (núcleo de servicio) que además de la vigilancia de las prisiones, se encargan de la conducción de presos y que, por tanto, no deberían perder su destino de aplicarse la privatización.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120417/ciudadanos/funcionarios-prisiones-pendientes-privatizacion-20120417.html
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t15984-funcionarios-de-prisiones-pendientes-de-la-privatizacion-de-la-vigilancia
Una visita del subdelegado a las cárceles de El Puerto provocó ayer la inquietud del colectivo ante un proceso
Funcionarios se concentran en el acceso a las cárceles portuenses, en una imagen de archivo. :: LA VOZ
17.04.12 - 00:37 - Silvia Tubio CÁDIZ.
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, visitó ayer los tres centros penitenciarios de El Puerto, donde mantuvo reuniones con los directores de las cárceles. Era la primera vez que De Torre se acercaba a las prisiones de la Bahía tras tomar posesión. Los representantes sindicales de los funcionarios desconocían la cita y la inquietud fue creciendo conforme pasaba la mañana. Algunos interpretaban esta toma de contacto como el primer paso a una futura privatización de parte de las labores de vigilancia de estos recintos. Un proyecto que maneja el Ministerio del Interior, que se ha desvelado sin concretarse aún ni cómo se va a hacer ni cuándo o lo que es más importante, si se va a llevar definitivamente a cabo. Pero las dudas son muchas, sobre todo en esta provincia con una de las principales poblaciones reclusas del país.
Por eso, representantes del sindicato de funcionarios Acaip aprovecharon la oportunidad y le solicitaron al subdelegado una reunión en la que van a trasladarle esa preocupación y donde pretenden conocer en qué punto está ese proceso de privatización. Esa idea que maneja Interior se justifica por la pérdida de empleo que han sufrido los escoltas privados que trabajaban para personas amenazas por ETA en el País Vasco. El final de la violencia de la banda terrorista ha supuesto que este colectivo se quede sin trabajo.
La oficina del subdelegado confirmó ayer mediante una nota que dicha reunión con los representantes sindicales se producirá en los próximos días, aunque la fecha está pendiente de concretarse.
De producirse la citada privatización de la vigilancia de los centros penitenciarios, esta medida afectaría a unos 116 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y unos 44 de la Guardia Civil. Los primeros se encargan de la custodia del perímetro exterior y las garitas de acceso de las tres prisiones portuenses; mientras que los funcionarios de la Benemérita se encargan de las mismas funciones pero en el centro de Botafuegos (Algeciras).
Desde Acaip señalaban a este medio que no tendrían inconvenientes en que vigilantes privados se hicieran cargo del perímetro, «pero los accesos deben seguir bajo el mando de la Policía». Fuentes sindicales del Cuerpo Nacional señalaban que las primeras informaciones apuntan a que ese personal pasaría a formar parte de unidades de la Comisaría portuense, «por lo que el impacto debería ser mínimo». Pero ante la falta de concreción, las especulaciones son muchas.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se opone abiertamente a la privatización. En abril, una comisión de la AUGC se reunió con la Dirección General del Instituto Armado que le confirmó ese proyecto, aun por definir. «Se ha vuelto a trasladar su preocupación por el impacto negativo tanto laboral como familiar que esta decisión política va a tener en los guardias civiles afectados. Si de lo que se trata es de paliar la falta de personal -se ha reducido considerablemente la oferta de empleo público y sólo se repondrá una de cada diez bajas- en la actualidad, hay más de 1.200 guardias civiles realizando labores de fontanería, electricidad, pintura... y que pueden y deben ser recuperados para su profesión policial».
Fuentes de la AUGC especificaron que en el caso de los agentes que trabajan en Botafuegos, pertenecen a una unidad (núcleo de servicio) que además de la vigilancia de las prisiones, se encargan de la conducción de presos y que, por tanto, no deberían perder su destino de aplicarse la privatización.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120417/ciudadanos/funcionarios-prisiones-pendientes-privatizacion-20120417.html
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t15984-funcionarios-de-prisiones-pendientes-de-la-privatizacion-de-la-vigilancia
