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«Seguratas» con acento público
La unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional controla a diario la actuación de decenas de vigilantes en polígonos industriales y urbanizaciones
19.05.2013 | 03:00
Román GARCÍA Son sólo cinco agentes pero tienen una misión importante: coordinar la actuación de quienes trabajan -desde el sector público, unos, y el privado, los otros- para garantizar en Gijón la seguridad de todos los ciudadanos. La Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía vigila muy de cerca desde la Comisaría de El Natahoyo la actuación de las decenas de vigilantes, responsables de seguridad y hasta detectives privados que desempeñan sus funciones en todo el concejo de Gijón y que sólo durante el año pasado atendieron a más de medio millar de alarmas en domicilios, empresas o polígonos industriales.
Los datos han mejorado. En el concejo saltaron en 2012 la mitad de alarmas que en el 2011 pero aún así el trabajo de estos vigilantes «sigue siendo necesario», tal y como recalcan desde la Comisaría, al tiempo que hacen hincapié en la necesidad de «colaborar permanentemente» con este tipo de trabajadores. No en vano sólo durante el pasado mes de abril las actuaciones de estos «policías privados» se tradujeron en 30 arrestos que consiguieron llevar a cabo los funcionarios públicos. La voluntad de unir fuerzas es, aseguran, «cada día más importante».
Al frente de la Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría de El Natahoyo se sitúa desde hace tiempo el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía José Ramón Ferreiro. El funcionario destaca la importancia de un sector, el de la seguridad privada, que da empleo en España a más de 25.000 personas divididas en 1.500 empresas y que generó sólo en el año 2012 más de cinco millones de euros de beneficios con labores que se extienden, incluso, fuera de las fronteras españolas. «La seguridad privada está en cualquier sector de la sociedad. Ellos controlan, por ejemplo, algunas de las infraestructuras más importantes del estado que son vitales y que tienen que ver con la energía o el transporte», argumenta Ferreiro resaltando la necesidad de supervisar este trabajo coordinando actuaciones para dar un mejor servicio. «En su día la legislación permitió que el Estado perdiera el monopolio de la seguridad y ahora debemos de compartir las funciones y coordinarnos», concluye.
El trabajo de este grupo se divide en dos partes, tal y como explica el propio inspector. «Tenemos que controlar a quienes están trabajando en este sector en Gijón haciendo lo que nosotros llamamos el trabajo administrativo de dar permisos y vigilar que todos los trabajos se realicen como corresponde», relata Ferreiro, quién participa en las revisiones periódicas en zonas como las estaciones de autobuses o de trenes en donde los vigilantes desempeñan una labor fundamental.
La colaboración entre lo público y lo privado se pone de manifiesto, sobre todo, durante la celebración de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía. Casi todos los años los agentes de la Comisaría de El Natahoyo agradecen su trabajo a algún vigilante de seguridad privada de la ciudad. En el año 2009, por ejemplo, Saúl Ardura, un vigilante que fue apuñalado por un ladrón y Javier Quintela, un responsable de seguridad que evitó la agresión a un médico del Hospital de Jove, lograron un reconocimiento por su labor. Pero no hace falta irse tan lejos para recoger los frutos de la colaboración. Hace apenas unos días varios vigilantes avisaron a la Policía Nacional al ver la «actitud sospechosa» de varios jóvenes que trataban de robar tapas de alcantarilla y permitieron que los funcionarios frustraran el robo en un polígono industrial de la ciudad. Pocos días después se repitió la escena en otra zona empresarial. La actuación de los vigilantes de seguridad sobre el terreno y la conversación «fluida» con ellos permite, además, a la Policía «acercarse a las problemáticas de cada zona». «Ellos son los que controlan lo que pasa pero también nosotros debemos de darles pistas para que sepan la problemática que tiene cada lugar y para que estén atentos a todo lo que pueda pasar. Prevenir también es clave», concluye José Ramón Ferreiro.
En total, en toda España trabajan 55 unidades de seguridad privada repartidas en Comisarías de todo el país. En Asturias existen dos grupos de este tipo: uno con base en las dependencias de El Natahoyo y otro en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo. Sólo Vigo y Algeciras cuentan con una unidad de este tipo sin ser capitales al tener, como Gijón, una Comisaría local con carácter de provincial. «La actividad no es sencilla. Además del trabajo que desempeñamos con los trabajadores que están en la calle muchas veces tenemos que controlar locales que están obligados a tener determinadas medidas de seguridad. Hasta que nosotros no demos la autorización después de inspeccionar los establecimientos los dueños de los negocios no pueden abrir», afirma el inspector desde su despacho en la primera planta de la Comisaría.
Pero ¿hasta dónde llega su trabajo? José Ramón Ferreiro mantiene que, por ejemplo, los porteros de discoteca no están considerados como trabajadores del sector de la seguridad privada. «Este tipo de empleados no entran dentro de esta consideración ya que tienen un contrato privado con los dueños de los locales para el control de accesos y en teoría se encargan de eso, de no permitir que entre determinada gente», concluye el inspector.
La unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional controla a diario la actuación de decenas de vigilantes en polígonos industriales y urbanizaciones
19.05.2013 | 03:00
Román GARCÍA Son sólo cinco agentes pero tienen una misión importante: coordinar la actuación de quienes trabajan -desde el sector público, unos, y el privado, los otros- para garantizar en Gijón la seguridad de todos los ciudadanos. La Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía vigila muy de cerca desde la Comisaría de El Natahoyo la actuación de las decenas de vigilantes, responsables de seguridad y hasta detectives privados que desempeñan sus funciones en todo el concejo de Gijón y que sólo durante el año pasado atendieron a más de medio millar de alarmas en domicilios, empresas o polígonos industriales.
Los datos han mejorado. En el concejo saltaron en 2012 la mitad de alarmas que en el 2011 pero aún así el trabajo de estos vigilantes «sigue siendo necesario», tal y como recalcan desde la Comisaría, al tiempo que hacen hincapié en la necesidad de «colaborar permanentemente» con este tipo de trabajadores. No en vano sólo durante el pasado mes de abril las actuaciones de estos «policías privados» se tradujeron en 30 arrestos que consiguieron llevar a cabo los funcionarios públicos. La voluntad de unir fuerzas es, aseguran, «cada día más importante».
Al frente de la Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría de El Natahoyo se sitúa desde hace tiempo el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía José Ramón Ferreiro. El funcionario destaca la importancia de un sector, el de la seguridad privada, que da empleo en España a más de 25.000 personas divididas en 1.500 empresas y que generó sólo en el año 2012 más de cinco millones de euros de beneficios con labores que se extienden, incluso, fuera de las fronteras españolas. «La seguridad privada está en cualquier sector de la sociedad. Ellos controlan, por ejemplo, algunas de las infraestructuras más importantes del estado que son vitales y que tienen que ver con la energía o el transporte», argumenta Ferreiro resaltando la necesidad de supervisar este trabajo coordinando actuaciones para dar un mejor servicio. «En su día la legislación permitió que el Estado perdiera el monopolio de la seguridad y ahora debemos de compartir las funciones y coordinarnos», concluye.
El trabajo de este grupo se divide en dos partes, tal y como explica el propio inspector. «Tenemos que controlar a quienes están trabajando en este sector en Gijón haciendo lo que nosotros llamamos el trabajo administrativo de dar permisos y vigilar que todos los trabajos se realicen como corresponde», relata Ferreiro, quién participa en las revisiones periódicas en zonas como las estaciones de autobuses o de trenes en donde los vigilantes desempeñan una labor fundamental.
La colaboración entre lo público y lo privado se pone de manifiesto, sobre todo, durante la celebración de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía. Casi todos los años los agentes de la Comisaría de El Natahoyo agradecen su trabajo a algún vigilante de seguridad privada de la ciudad. En el año 2009, por ejemplo, Saúl Ardura, un vigilante que fue apuñalado por un ladrón y Javier Quintela, un responsable de seguridad que evitó la agresión a un médico del Hospital de Jove, lograron un reconocimiento por su labor. Pero no hace falta irse tan lejos para recoger los frutos de la colaboración. Hace apenas unos días varios vigilantes avisaron a la Policía Nacional al ver la «actitud sospechosa» de varios jóvenes que trataban de robar tapas de alcantarilla y permitieron que los funcionarios frustraran el robo en un polígono industrial de la ciudad. Pocos días después se repitió la escena en otra zona empresarial. La actuación de los vigilantes de seguridad sobre el terreno y la conversación «fluida» con ellos permite, además, a la Policía «acercarse a las problemáticas de cada zona». «Ellos son los que controlan lo que pasa pero también nosotros debemos de darles pistas para que sepan la problemática que tiene cada lugar y para que estén atentos a todo lo que pueda pasar. Prevenir también es clave», concluye José Ramón Ferreiro.
En total, en toda España trabajan 55 unidades de seguridad privada repartidas en Comisarías de todo el país. En Asturias existen dos grupos de este tipo: uno con base en las dependencias de El Natahoyo y otro en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo. Sólo Vigo y Algeciras cuentan con una unidad de este tipo sin ser capitales al tener, como Gijón, una Comisaría local con carácter de provincial. «La actividad no es sencilla. Además del trabajo que desempeñamos con los trabajadores que están en la calle muchas veces tenemos que controlar locales que están obligados a tener determinadas medidas de seguridad. Hasta que nosotros no demos la autorización después de inspeccionar los establecimientos los dueños de los negocios no pueden abrir», afirma el inspector desde su despacho en la primera planta de la Comisaría.
Pero ¿hasta dónde llega su trabajo? José Ramón Ferreiro mantiene que, por ejemplo, los porteros de discoteca no están considerados como trabajadores del sector de la seguridad privada. «Este tipo de empleados no entran dentro de esta consideración ya que tienen un contrato privado con los dueños de los locales para el control de accesos y en teoría se encargan de eso, de no permitir que entre determinada gente», concluye el inspector.
