La crisis hizo caer la facturación de las empresas que se dedican al sector de seguridad privada en un 21%, según pusieron de manifiesto ayer en la reunión de la comisión mixta provincial de coordinación de seguridad privada. Se celebró en la Subdelegación de Gobierno y participaron representantes de las fuerzas de seguridad, asociaciones y colegios profesionales de la provincia, empresas de seguridad privada y los sindicatos UGT, CC.OO. y USO
En la reunión el subdelegado del Gobierno expuso que la seguridad «é un dos valores que máis alto cotiza en toda sociedade moderna» y destacó la necesidad de colaboración entre la seguridad pública y la privada «tendo en conta que esta ofrece servizos complementarios e subordinados da primeira». Recordó que también está sujeta a la supervisión y control del Cuerpo Nacional de Policía.

El representante de la patronal de seguridad privada, el presidente de Aesga, Roberto Lage, explicó que el descenso de la facturación del sector obedece a que las administraciones, que representan el 24% de la contratación, y las grandes empresas recortaron las partidas destinadas a este servicio.
En su opinión, la política anterior no es la correcta en tiempos de crisis, en los que aumenta la inseguridad. Según explicó, administraciones y empresas tratan de suplir las carencias de las empresas privadas del sector con la seguridad pública. Añadió que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están convocando un número de plazas que no resulta suficiente ni para cubrir las jubilaciones.
Lage puso de manifiesto que la crisis está haciendo surgir nuevas figuras como las de portero o auxiliares de servicio, o empresas no homologadas, que ejercen la competencia desleal frente a las empresas del sector. Reconoció que era difícil delimitar competencias porque la ley es ambigua. Confió en que estas lagunas se resuelvan con la reforma que está pendiente de la normativa.

Denuncia
Según Lage, en Lugo no detectaron muchos casos de este tipo, aunque el pasado año denunciaron a una empresa por destinar a vigilancia personal no habilitado. La firma fue sancionada por una falta muy grave, que tipifica sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros.
El presidente de Aesga reconoció que dónde existe más competencia desleal es la actividad de instalación y mantenimiento de alarmas. Según dijo, existe constancia de que determinados electricistas están instalando alarmas que conectan a centrales. «Las alarmas -dijo- tienen, por ley, que instalarlas las empresas que de seguridad, salvo aquellas catalogadas como de nivel 1, que aquí no existen».
Roberto Lago señaló que, desde la asociación, en el momento en el que detectan alguna situación que no se ajusta a la normativa la denuncian inmediatamente. Ayer mismo, según dijo, pusieron en conocimiento de la comisión mixta provincial que existe una empresa que utiliza el logo del Ministerio de Interior en su publicidad.
Además de los 400 vigilantes que operan en la provincia existen 799 empresas que están obligadas a disponer de medidas de seguridad por el tipo de actividad que desarrollan. Son 334 entidades de crédito, 159 farmacias, 147 joyerías, 101 estaciones de servicio, 33 administraciones de lotería y 25 establecimientos más de otras actividades. A la convocatoria anual de esta comisión acudieron también representantes de estas organizaciones.

Inspecciones
Todos estos locales son sometidos a programas de inspección por parte de la unidad de seguridad privada del Cuerpo Nacional de Policía. Realiza visitas periódicas para intercambiar información «sobre modus operandi delictivos, posibles actuacións de bandas organizadas, etcétera», según señaló la Subdelegación del Gobierno en una nota.
«Las alarmas tienen que instalarlas, según ley, las empresas de seguridad»