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Un vigilante del Nivaria acusa a otro de maltratar a los internos
Un imputado en el juicio por la muerte del menor Philipp ocultó que fue a prisión por drogas
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Los acusados y los abogados de la defensa en la sala donde se celebra el juicio. andrés gutiérrez
MIGUEL ÁNGEL AUTERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE "Paco era un abusador con los menores; les ponía esparadrapo en la boca, les esposaba las manos a la cama y les daba tortas, a veces hasta hacerles sangre a los chicos que más resistencia ponían". Esto es parte de lo que declaró ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife uno de los siete acusados en el juicio por la muerte en 2004 del joven de 16 años Philipp García Zoch, cuando se encontraba internado en el centro Nivaria para menores bajo medidas judiciales.
Manuel Antonio Dorta A. se despachaba así ayer y negaba todo lo que había declarado hace ocho años, tras hallarse el cadáver del menor en la celda número 6 del módulo 0 (refugio y disciplina). A las preguntas del fiscal, este acusado no se acordaba ayer ni de quién era su coordinador ni el jefe de seguridad, o sea, su superior cuando trabajaba para Seguridad Integral Canarias en este centro. Sin embargo, reveló que todo lo que había declarado con anterioridad en el juzgado lo hizo porque la empresa le "había echado como a un perro".
Se refería a cuando había declarado los conflictos que existían en el centro de menores entre distintos vigilantes de seguridad y otros menores respecto a Philipp. En su momento llegó a decir: "Le comunicaba lo que pasaba al señor Rafa [Rafael Mosegué B., jefe de seguridad del Nivaria] pero él nunca hizo nada" a este respecto.
Manuel Antonio Dorta A., a la hora de ser contratado por Seguridad Integral Canarias solo refirió que tenía antecedentes policiales, y no antecedentes penales, si bien ayer admitió que había cumplido tres años de prisión en Brasil por transportar drogas en el interior de su organismo (mula). Está acusado, como los otros cinco empleados de seguridad de la misma compañía y una coordinadora de educadores como presuntos autores de un delito contra la integridad moral de las personas. Por lo que la acusación particular solicita que les sean impuestas entre seis y cinco años de prisión y a indemnizar con 300.000 euros a la familia de Philipp García, siendo responsables subsidiarios Seguridad Integral Canarias y la Fundación Ideo.
Otro de los acusados, Vicente Rivero R. declaró que "entraba en el turno de mañana y casi siempre se olía a porros en algunas celdas, o sea lo normal", sentenció. La mañana del 13 de noviembre de 2004, cuando se encontró el cadáver de Philipp, aseguró que lo mandaron al control de seguridad de las esclusas (la puerta del centro). Rivero tenía hasta cuatro antecedentes penales cuando entró a trabajar en esta empresa de seguridad y según manifestó ayer "en Seguridad Integral me dijeron que no había problema para trabajar como vigilante en el centro de menores". Lo cierto, es que además de los antecedentes penales de estos dos imputados, ninguna de las siete personas que se sientan ahora en el banquillo de los acusados tenía experiencia de trabajo con menores. Solo uno de ellos, Miguel Ángel Bravo S. aseguró que había trabajado un mes en el centro de menores Hierbabuena, en Güímar, y que lleva 20 años como técnico sanitario en ambulancias.
José Manuel Expósito A. era el vigilante que habitualmente estaba en el control de monitores de vigilancia y manifestó que en el módulo donde murió Philipp no había cámara de seguridad, aunque admitió que, aunque nunca preguntó por qué, "había una cámara de seguridad que grababa el chalé de un vecino".
Todos los vigilantes de seguridad estuvieron ayer de acuerdo en una cosa: "quien decidía las medidas de contención (grilletes, bridas o chaleco de fuerza) que debían emplearse cuando un menor se alteraba eran los educadores".
Nieves de la Cruz Hernández H. aseguró que "los educadores siempre estaban acompañados por los seguritas pero no les indicaban las medidas de contención que debían establecer para reducir a un chico". Además, dijo que nunca había trabajado con menores de ningún tipo y que la noche antes de hallarse el cadáver de Philipp, Manuel Antonio Dorta A. "llamó chivato y cabrón a Philipp y también le amenazó de muerte". Aseguró que había hablado con él sobre este asunto y que el acusado pidió perdón a Philipp. Además, declaró ayer que le llamó la atención que Manuel Antonio Dorta A. hubiera bajado un par de veces al módulo 0, y bajara unas cuantas veces, cuando tenía que estar de guardia en el módulo 2.
A preguntas de la acusación, Nieves de la Cruz Hernández H. no supo responder por qué en los partes de incidencias sí aparecía que uno de los internos había ido tres veces al baño aquella noche y no los dos incidentes violentos que protagonizó Manuel Antonio Dorta A. con Philipp.
http://www.laopinion.es/sociedad/2012/09/25/vigilante-nivaria-acusa-maltratar-internos/436525.html?utm_source=rss
Un imputado en el juicio por la muerte del menor Philipp ocultó que fue a prisión por drogas
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Los acusados y los abogados de la defensa en la sala donde se celebra el juicio. andrés gutiérrez
MIGUEL ÁNGEL AUTERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE "Paco era un abusador con los menores; les ponía esparadrapo en la boca, les esposaba las manos a la cama y les daba tortas, a veces hasta hacerles sangre a los chicos que más resistencia ponían". Esto es parte de lo que declaró ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife uno de los siete acusados en el juicio por la muerte en 2004 del joven de 16 años Philipp García Zoch, cuando se encontraba internado en el centro Nivaria para menores bajo medidas judiciales.
Manuel Antonio Dorta A. se despachaba así ayer y negaba todo lo que había declarado hace ocho años, tras hallarse el cadáver del menor en la celda número 6 del módulo 0 (refugio y disciplina). A las preguntas del fiscal, este acusado no se acordaba ayer ni de quién era su coordinador ni el jefe de seguridad, o sea, su superior cuando trabajaba para Seguridad Integral Canarias en este centro. Sin embargo, reveló que todo lo que había declarado con anterioridad en el juzgado lo hizo porque la empresa le "había echado como a un perro".
Se refería a cuando había declarado los conflictos que existían en el centro de menores entre distintos vigilantes de seguridad y otros menores respecto a Philipp. En su momento llegó a decir: "Le comunicaba lo que pasaba al señor Rafa [Rafael Mosegué B., jefe de seguridad del Nivaria] pero él nunca hizo nada" a este respecto.
Manuel Antonio Dorta A., a la hora de ser contratado por Seguridad Integral Canarias solo refirió que tenía antecedentes policiales, y no antecedentes penales, si bien ayer admitió que había cumplido tres años de prisión en Brasil por transportar drogas en el interior de su organismo (mula). Está acusado, como los otros cinco empleados de seguridad de la misma compañía y una coordinadora de educadores como presuntos autores de un delito contra la integridad moral de las personas. Por lo que la acusación particular solicita que les sean impuestas entre seis y cinco años de prisión y a indemnizar con 300.000 euros a la familia de Philipp García, siendo responsables subsidiarios Seguridad Integral Canarias y la Fundación Ideo.
Otro de los acusados, Vicente Rivero R. declaró que "entraba en el turno de mañana y casi siempre se olía a porros en algunas celdas, o sea lo normal", sentenció. La mañana del 13 de noviembre de 2004, cuando se encontró el cadáver de Philipp, aseguró que lo mandaron al control de seguridad de las esclusas (la puerta del centro). Rivero tenía hasta cuatro antecedentes penales cuando entró a trabajar en esta empresa de seguridad y según manifestó ayer "en Seguridad Integral me dijeron que no había problema para trabajar como vigilante en el centro de menores". Lo cierto, es que además de los antecedentes penales de estos dos imputados, ninguna de las siete personas que se sientan ahora en el banquillo de los acusados tenía experiencia de trabajo con menores. Solo uno de ellos, Miguel Ángel Bravo S. aseguró que había trabajado un mes en el centro de menores Hierbabuena, en Güímar, y que lleva 20 años como técnico sanitario en ambulancias.
José Manuel Expósito A. era el vigilante que habitualmente estaba en el control de monitores de vigilancia y manifestó que en el módulo donde murió Philipp no había cámara de seguridad, aunque admitió que, aunque nunca preguntó por qué, "había una cámara de seguridad que grababa el chalé de un vecino".
Todos los vigilantes de seguridad estuvieron ayer de acuerdo en una cosa: "quien decidía las medidas de contención (grilletes, bridas o chaleco de fuerza) que debían emplearse cuando un menor se alteraba eran los educadores".
Nieves de la Cruz Hernández H. aseguró que "los educadores siempre estaban acompañados por los seguritas pero no les indicaban las medidas de contención que debían establecer para reducir a un chico". Además, dijo que nunca había trabajado con menores de ningún tipo y que la noche antes de hallarse el cadáver de Philipp, Manuel Antonio Dorta A. "llamó chivato y cabrón a Philipp y también le amenazó de muerte". Aseguró que había hablado con él sobre este asunto y que el acusado pidió perdón a Philipp. Además, declaró ayer que le llamó la atención que Manuel Antonio Dorta A. hubiera bajado un par de veces al módulo 0, y bajara unas cuantas veces, cuando tenía que estar de guardia en el módulo 2.
A preguntas de la acusación, Nieves de la Cruz Hernández H. no supo responder por qué en los partes de incidencias sí aparecía que uno de los internos había ido tres veces al baño aquella noche y no los dos incidentes violentos que protagonizó Manuel Antonio Dorta A. con Philipp.
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