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Aún no tiene reglamento
Empleo se apresura a poner en marcha el arbitraje obligatorio
Begoña P. Ramírez | Madrid
Actualizado miércoles 23/05/2012 13:08 horas
El Ministerio de Empleo tiene prisa por poner en marcha la Comisión Nacional de Convenios Colectivos como instancia final de arbitraje entre empresas y trabajadores. Pese a las sospechas de inconstitucionalidad y a que el Gobierno ni siquiera ha aprobado el reglamento que permitirá el cambio de funciones de esta comisión meramente consultiva, ya ha sido convocada para dirimir hoy sus dos primeros casos de arbitraje: los descuelgues del convenio de la empresa Seguridad Integral Canaria y del sector del metal de Vizcaya.
Además, Empleo acaba de nombrar al nuevo presidente de la comisión, el catedrático Ángel Blasco Pellicer, que además es árbitro laboral, tanto del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima) como del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana.
Que la Comisión Consultiva se convierta en la instancia final a la que empresarios y trabajadores deben acudir si no se ponen de acuerdo para descolgarse –no aplicar– del convenio colectivo se estableció en la reforma laboral y es motivo de polémica para patronal y sindicatos.
Tanto ellos como muchos expertos lo tachan de inconstitucional porque impone un arbitraje obligatorio. En ese órgano están representados los agentes sociales, pero también la Administración, de modo que sindicatos y patronal ven lesionado el derecho a la autonomía colectiva que les reconoce la Constitución.
Además, el acuerdo que ambas partes firmaron el 25 de enero fijaba sus propios mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que terminan en el Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima) o en los tribunales autonómicos. En ese pacto, sindicatos y patronal consagraban un sistema de adhesión voluntaria a estos mecanismos a través de cada convenio. Pero el Gobierno obvió el acuerdo al redactar la reforma laboral y creó una instancia adicional y superior.
En el decreto ley, el Gobierno se comprometía a aprobar en el plazo de un mes el reglamento que debe establecer las nuevas funciones de la Comisión Consultiva, hasta ahora encargada únicamente de emitir dictámenes, resolver dudas y funcionar como observatorio de la negociación colectiva. No ha cumplido, pero los primeros arbitrajes se verán la víspera de que se apruebe la reforma laboral en el Congreso.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/23/economia/1337771326.html
Empleo se apresura a poner en marcha el arbitraje obligatorio
Begoña P. Ramírez | Madrid
Actualizado miércoles 23/05/2012 13:08 horas
El Ministerio de Empleo tiene prisa por poner en marcha la Comisión Nacional de Convenios Colectivos como instancia final de arbitraje entre empresas y trabajadores. Pese a las sospechas de inconstitucionalidad y a que el Gobierno ni siquiera ha aprobado el reglamento que permitirá el cambio de funciones de esta comisión meramente consultiva, ya ha sido convocada para dirimir hoy sus dos primeros casos de arbitraje: los descuelgues del convenio de la empresa Seguridad Integral Canaria y del sector del metal de Vizcaya.
Además, Empleo acaba de nombrar al nuevo presidente de la comisión, el catedrático Ángel Blasco Pellicer, que además es árbitro laboral, tanto del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima) como del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana.
Que la Comisión Consultiva se convierta en la instancia final a la que empresarios y trabajadores deben acudir si no se ponen de acuerdo para descolgarse –no aplicar– del convenio colectivo se estableció en la reforma laboral y es motivo de polémica para patronal y sindicatos.
Tanto ellos como muchos expertos lo tachan de inconstitucional porque impone un arbitraje obligatorio. En ese órgano están representados los agentes sociales, pero también la Administración, de modo que sindicatos y patronal ven lesionado el derecho a la autonomía colectiva que les reconoce la Constitución.
Además, el acuerdo que ambas partes firmaron el 25 de enero fijaba sus propios mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que terminan en el Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima) o en los tribunales autonómicos. En ese pacto, sindicatos y patronal consagraban un sistema de adhesión voluntaria a estos mecanismos a través de cada convenio. Pero el Gobierno obvió el acuerdo al redactar la reforma laboral y creó una instancia adicional y superior.
En el decreto ley, el Gobierno se comprometía a aprobar en el plazo de un mes el reglamento que debe establecer las nuevas funciones de la Comisión Consultiva, hasta ahora encargada únicamente de emitir dictámenes, resolver dudas y funcionar como observatorio de la negociación colectiva. No ha cumplido, pero los primeros arbitrajes se verán la víspera de que se apruebe la reforma laboral en el Congreso.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/23/economia/1337771326.html
