Juan Carlos Navarro Marzal (eadis.org). A lo largo de la historia de España muchas han sido las reformas que han sufrido los distintos textos legales referentes a la Seguridad Privada, pero no es mi intención remontarme a los orígenes, en tiempos de la Reina Isabel II y la creación de los Guardas Jurados, sino centrarnos en la historia reciente de esta “evolución-involución” de la legislación de este sector. Concretamente desde el año 1978 hasta nuestros días, la legislación ha pasado de; Con unas simples pruebas de aptitud en el uso y conocimiento de las armas, dotar al personal de Seguridad Privada de unas atribuciones y reconocimiento en materia de seguridad contando con el amparo (como no podía ser de otro modo) de la protección jurídica necesaria para el desempeño de las mismas y unos amplios horizontes de crecimiento del sector.

A tener una mayor formación, las mismas atribuciones pero sin amparo jurídico alguno, navegando entre lo legal, la obligación y lo correcto y con un futuro que se vislumbra cada vez más difícil y con peores perspectivas. Hasta el momento las distintas reformas o modificaciones de la propia Ley, no han aportado ninguna mejora sustancial a la misma, más bien todo lo contrario. Una vez más, ahora, en pleno aborigen de la crisis económica que está azotando este país, se empieza a “barruntar entre bastidores” la necesidad de reformar de verdad la Ley de Seguridad Privada. Es precisamente ahora, cuando si se tiene voluntad de contar de una forma clara y no velada con este “ejército” de personal de seguridad, (más de 130.000 habilitaciones de V.S y unos 15.000 entre Jefes y Directores) se abre un elenco de posibilidades para el sector, no sólo a nivel económico sino profesional y de verdadera utilidad para garantizar entre el ámbito público y privado, la seguridad de los ciudadanos.

Para este crecimiento se necesita, como pide en su propuesta del 16 de abril de 2012 el PP al congreso sobre este asunto, la intervención de la Administración en la eliminación del intrusismo profesional, la dotación de respaldo jurídico necesario para el ejercicio de las funciones que les son propias al desempeño de las mismas y que se amplíen las competencias de la Seguridad Privada para ser más eficientes y útiles si caben al conjunto de la sociedad. Hoy día existen miles de urbanizaciones alejadas de poblaciones, polígonos industriales, poblaciones que no disponen de Policía Local y las que disponen de ellos les es difícil de soportar los gastos que acarrea cualquier empleado interno, en tiempos en los que la economía ha tocado fondo.

Con una forma más amplia de concebir la seguridad privada se podrían trabajar dando cobertura en las zonas de costa en épocas estivales, las poblaciones que no posean de Policía Local o necesiten reforzar estas, podrían compartir con los polígonos industriales o mancomunar la seguridad privada con otras poblaciones, en todos los edificios públicos, en prisiones y transporte de presos, en controles de tráfico o alcoholemias bien solos o compartidos con las FF y CC de Seguridad, eventos de gran magnitud, las escoltas de personalidades públicas, infraestructuras críticas etc. Ya muchos de éstos se realizan, pero como se comenta al principio del escrito, caminando en un delgado filo de la legalidad. Se pueden abrir infinidad de posibilidades de colaboración, siendo por un lado una oportunidad de creación de empleo y por otro una alternativa con la que contaría el Estado para garantizar la seguridad como derecho fundamental que es de los ciudadanos, en la situación actual que vive nuestro país.

Para esto la Administración debe de actuar con pulso firme y efectuar una reforma de la legislación con un giro de 90°, realizar auditorías tanto a estamentos públicos como privados y determinar las necesidades de cada uno de estos en materia de seguridad y establecer una legislación que en función del riesgo que entraña cada instalación, cada población o área esté provisto de una instalación y/o una determinada dotación de personal de seguridad, estableciendo uno mínimos imprescindibles y no dejar a criterio de cada ente una decisión que afecta a el bien común de la ciudadanía. En ese punto existen Asociaciones profesionales como EADIS, conformadas por profesionales, que podrían colaborar en estas auditorías de forma totalmente desinteresada en apoyo a la administración en las mismas. En este país nos hemos acostumbrado a que el Estado sea quien resuelva los problemas de todos, se habla de copagos en Sanidad, en Justicia, en Educación y debemos de empezar a concienciarnos que la seguridad es un problema de todos y por tanto se deben de compartir no sólo los recursos sino también las obligaciones.

Autor: D. Juan Carlos Navarro Marzal - Director de Seguridad Centro Comercial Gran Turia de Valencia

Fuente: eadis.org