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Seguridad privada


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La Diputación ahorrará medio millón al año en la vigilancia de su edificios

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Juanito

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ADMINISTRADOR
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La Diputación ahorrará medio millón al año en la vigilancia de su edificios

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Un vigilante en la jornada de puertas abiertas del ADDA. :: A. DOMÍNGUEZ

La institución aprueba un nuevo pliego de condiciones para la gestión de la seguridad, a partir de 2012, que permitirá integrar el nuevo auditorio ADDA

17.10.11 - 01:18 -
ZENÓN GUILLÉN | ALICANTE.

Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ese parece ser el mantra que se repite constantemente por los pasillos del Palacio Provincial desde que llegó el nuevo equipo de gobierno presidido por Luisa Pastor. La búsqueda de fórmulas que permitan recortar el gasto corriente se ha convertido en algo prioritario dentro de un contexto complicado debido a la bajada de los ingresos y la obligación de devolución de la deuda. En este sentido, el vicepresidente y diputado de Hacienda, César Augusto Asencio, ha recibido el respaldo de la Junta de Gobierno Local para impulsar un nuevo contrato de los servicios de vigilancia privada que permitirá ahorrar casi medio millón de euros al año.

El coste por tanto de la gestión de la seguridad en los edificios de la Diputación sufrirá una bajada espectacular en 2012, una vez que se haya aprobado la puesta en marcha de un nuevo pliego de condiciones que permitirá reordenar mejor las prestaciones en función de las necesidades. Así, la firma adjudicataria tendrá que asumir la nueva instalación del Auditorio Provincial ADDA, que se integran en el paquete que incluye el Palacio y las oficinas de Tucuman, el Museo Arqueológico MARQ, o el Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero ubicado en la Casa Prytz, entre otros.

La nueva contrata va a salir por tanto al mercado por un importe de 3.417.773,62 euros, tras acordase una reestructuración de las condiciones del servicio, mediante la eliminación de tareas superfluas, «pero sin tocar a lo esencial», aclara Asencio. Incluso, hace hincapié en el hecho de que ahora «se suma el ADDA, que no estaba cubierto, cuyo coste concreto alcanza un valor de 202.305 euros».

Además, el área de Contratación de la corporación provincial, que depende del diputado de Hacienda, se han dado instrucciones al resto de áreas a la hora de redactar los nuevos pliegos de condiciones para incentivar que se puntúe al máximo, dentro de la ley, los aspectos económicos, aunque sin descuidar las cuestiones técnicas y las garantías de empresa.

Precisamente, la sociedad mercantil que gestiona en este momento las tareas de seguridad y control en las distintas instalaciones de la Diputación de Alicante es Eulen, una de las enseñas de referencia a nivel nacional. Ahora habrá que ver si repetirá o entrará otra firma.

Y dentro de la estrategia de ahorro el nuevo contrato tendrá una duración de un año, algo que se va a repetir como mecanismo en otro tipo de concursos para frenar los gastos, ya que al ofertar los servicios en corto, permite volver a licitar y aumentar la competencia para provocar mejores ofertas.

Equilibrar ingresos y gastos

De hecho, tal como anticipó el pasado viernes el propio Asencio, que reiteró ayer en una entrevista concedida a este periódico, la puesta en marcha de este tipo de medidas de ahorro se inscriben dentro de las iniciativas para equilibrar la bajada de ingresos el próximo año. En concreto, el mandato trasladado a las diferentes áreas y departamentos de la institución es que elaboren una previsión de gastos con una reducción del 12% para compensar aquellos capítulos que no se pueden disminuir -amortización de préstamos, personal-, así como que las inversiones se ordenen de mayor a menor prioridad.

Por su parte, la oposición socialista, a través de su portavoz, Alejandro Soler, reiteran sus ataques a Asencio, acusándole de hacer demagogia sobre las dificultades económicas por las que atraviesa la Diputación. En su opinión, resulta «inadmisible» que diga ahora que tendrán que limitar la inversión en la provincia «cuando hace tan solo unos días anunció que tendrían que hacer recortes de plantilla para reducir gastos».

Soler advierte de que las verdaderas intenciones de los populares son «hacer pagar los platos rotos de su mala gestión a los que menos tienen», al contrario de lo que les propuso su grupo sobre que algunos organismos dependientes de la institución «son claramente prescindibles, con la importante reducción del presupuesto provincial que ello conllevaría».

En cambio, según Asencio, «son circunstancias ajenas al Ejecutivo provincial las que nos han colocado en la actual situación», e insiste en acusar al Gobierno central por «negar la crisis durante mucho tiempo e irse sin los deberes hechos al no dictar un decreto ley que prorrogara los presupuestos que nos permitiera concretar el nivel de ingresos para el próximo año».


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