Índice
La empresa de seguridad privada CASESA, dedicada en su mayoría a la protección de víctimas de ETA, ha dado solución al recorte de personal en este colectivo. La compañía ya había comenzado la negociación con el Gobierno Vasco antes de desconvocarse la huelga de escoltas privados. En el acuerdo se establece la posibilidad de bajas incentivadas y también de recolocación en otros centros de trabajo.
Según explica un portavoz de la empresa, la recolocación se efectuaría dentro de la misma y de forma voluntaria. El número de trabajadores que puedan optar a estas plazas dependerá de las vacantes que vayan quedando. Los puestos serán adjudicados por la Comisión de Seguimiento y serán de internos administrativos y vigilantes.
El nuevo contrato pretende ser lo menos tajante posible con la anterior situación de los escoltas. Aunque la labor que desempeñarán sea muy diferente, en el contrato se mantendrá la antigüedad, y la consideración de categoría superior. Se tendrá también en cuenta la cercanía a la provincia que elija el solicitante.
No todos los empleados de CASESA podrán optar a esta recolocación, por lo que aún existe un grave sentimiento de malestar entre los escoltas, dice el portavoz de la empresa. Son más de 500 los puestos que desaparecerán en el País Vasco.
El resto de agrupaciones de escoltas que no han llegado a un acuerdo plantean otras posibilidades. Parte de los escoltas podrían dedicarse a proteger a las víctimas de violencia de género si se llevasen a cabo los trámites legales para ello. Para poder desempeñar esta labor los escoltas privados deberían volver a considerarse como ‘agentes de la autoridad’.
Las asociaciones proponen también que los escoltas puedan opositar para Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército, piden además de cara a posibles ascensos el reconocimiento de méritos por su labor con amenazados por ETA. Otra posibilidad para los escoltas sería encargarse de los servicios que actualmente deben cubrir los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra plantea llevar estas propuestas a Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, con el que se entrevistarán este mes
