Como la mancha de grasa que nunca se va del tejido por mucho que se limpie, así se comporta el timo del gas, como se le conoce a la práctica abusiva que sufren mayoritariamente ancianos mediante la cual abonan facturas elevadas por unas inspecciones que nunca solicitaron ni tampoco le fueron avisadas por la empresa suministradora.
La pasada primavera surgieron nuevos afectados en Conil y Benalup. Curiosamente aquellos que habían pagado una cantidad mayor eran extranjeros. En abril, la Oficina Municipal de Información del Ayuntamiento conileño recibía más de media docena de reclamaciones de personas que habían recibido la visita sorpresa de un técnico en su casa y habían acabado pagando por un servicio inesperado. La mayoría de los afectados se mueven entre el desconocimiento de los derechos que les asisten y el temor a tener un problema grave con el gas.
El pasado mes de julio era el Ayuntamiento de Chipiona el que daba la voz de alerta. Se le acumulaban las consultas de vecinos que habían desembolsado dinero por unas revisiones inesperadas. El Consistorio emitió una serie de consejos porque, si bien el titular de un contrato de suministro tiene la obligación de mantener en óptimas condiciones la instalación; también le amparan una serie de derechos que limitan la práctica de estos 'inspectores'. Por eso cuando se acude a las empresas suministradoras del servicio se desentienden siempre de estas prácticas y recuerdan que el protocolo habitual antes de acometer una revisión es avisar con antelación al usuario. De igual manera se le informa previamente de las tarifas y el usuario debe aprobar el presupuesto con carácter previo.
Este timo se repite constantemente y no hay zona del país donde no se hayan denunciado estas prácticas. Tras La Janda y la Costa Noroeste, estos técnicos han estado actuando las últimas semanas en la capital.
El viernes de la semana pasada, dos ancianos pidieron la ayuda de la Policía porque creían haber sido víctimas de una estafa. La primera llamada se produjo desde un domicilio del Campo de Sur. Un vecino de avanzada edad denunció que dos trabajadores de una empresa autorizada se habían presentado en su casa por sorpresa y tras informarle que debían hacerle una revisión del butano, le cobraron 150 euros.
Una hora y media después se repetía la misma llamada, pero desde un piso de La Laguna. Una señora mayor acababa de pagarle a un técnico 136 euros por cambiarle la goma que conduce el gas. En ambos casos, los agentes lograron identificar a dos de estos operarios que les mostraron tarjetas identificativas que supuestamente les legitima para hacer ese trabajo.
Hasta amenazas
Y el pasado martes por la tarde, un vecino de La Viña pedía la presencia de la Policía en su domicilio de la calle Ángel porque dos individuos, que vestían un uniforme similar al que utilizan los técnicos oficiales de Repsol, se habían pasado por su casa y llegaron a amenazar a su esposa para que les abonara la revisión. Los agentes identificaron a los supuestos operarios, uno de los cuales cuenta con antecedentes, según confirmaron fuentes policiales.
Hay dudas sobre la actuación de estos inspectores; si su conducta podría calificarse como delictiva y pudiera ser penada. La mayoría lleva consigo documentación que les acredita para realizar esas tareas, pero en la provincia hay un claro precedente judicial: cinco personas, vinculadas a una empresa legalmente constituida y dedicada a las revisiones e instalaciones de gas, fueron condenadas por la Audiencia Provincial en el año 2000 a un año de cárcel y a indemnizar a 16 víctimas por un delito continuado de estafa. A los clientes que visitaban por sorpresa siempre les encontraban defectos en la instalación. Cuando la víctima ya había pasado la revisión o rechazaba el servicio, les amenazaban con cortarle el suministro o con el riesgo de un escape peligroso.



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