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La Fiscalía gallega rechaza la vinculación de los guardapescas a las cofradías
Defiende que su labor contra el furtivismo mejoraría con una mayor independencia
Varela, Cortizo, Quintana y Ferreiro, presentando el informe. / antón varela
M. BARRAL / A. LUACES | A CORUÑA El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, presentó ayer en A Coruña un informe sobre El furtivismo marino y su incidencia en la comunidad autónoma de Galicia y reclamó que se desvincule de las cofradías a los guardapescas, vigilantes privados contratados por los pósitos que luchan contra la acción de los furtivos. El representante del ministerio público entiende que se produce una "disfunción" en la labor de estos profesionales al tener que trabajar "en línea con los requerimientos del que los contrata". Varela propuso la separación de las funciones inspectora y sancionadora para evitar la proximidad personal de los infractores al ámbito de las cofradías. "Se facilitaría así la labor independiente de los guardapescas y se eliminaría la presión que sufren los directivos de los colectivos de pescadores al tener que perseguir a personas de su círculo próximo", explicó el fiscal superior de Galicia.
Precisamente, la reclamación parte de una encuesta realizada entre unos 80 guardapescas gallegos, que demandan una mayor independencia de los pósitos para desarrollar su actividad. El colectivo reconoce que el 71% de las denuncias se tramitan a través de las cofradías y considera que debería gestionarlas directamente, sin la intervención de profesionales de la pesca.
El informe, elaborado por la Guardia Civil a petición de la Fiscalía, también defiende la concesión a la figura del guardapescas una mayor protección legal y apoyo de la Administración. "Existe la necesidad de reforzar legalmente la actuación de los guardapescas marítimos en el ejercicio de sus funciones y podría lograrse mediante la provisión jurídica de la condición de agente de la autoridad en el desempeño de su trabajo", reza el estudio.
Precisamente, el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Manuel Ferreiro, -que participó en la presentación del informe junto a Varela, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo- felicitó a los guardapescas por su labor. "Son los que sufren en primera persona las consecuencias del furtivismo", destacó, en referencia a las amenazas y agresiones que han recibido estos profesionales en numerosas ocasiones.
Importancia del marisqueo
El fiscal superior de Galicia recordó que en el marisqueo trabajan unas 22.000 personas y que junto a la pesca supone el 36% del PIB gallego, por lo que, señaló, el furtivismo no debe ser una actividad "tolerada socialmente". Además reclamó a las administraciones "el máximo esfuerzo" para controlar la comercialización de marisco ilegal y acabar con el furtivismo.
"De la vigilancia de la demanda de estos productos depende en gran parte que este marisco extraído irregularmente se ponga a disposición de los establecimientos de consumo sin las preceptivas garantías de salubridad", señaló Varela. En este sentido defendió que el furtivismo constituye un delito contra la salud pública al introducir en el mercado capturas que no pasan los controles sanitarios y que ponen en peligro la salud de las personas. El informe propone la creación de un tipo penal de "peligro abstracto" cuando los productos procedan de zonas vedadas o restringidas por su potencial toxicidad "sin que sea necesario probar, como ocurre ahora, la presencia en el producto de los elementos nocivos que determinan ese riesgo".
Mientras, para hacer eficaces las sanciones a los infractores insolventes, que no pueden abonar las multas que se les imponen, el estudio defiende su sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad. "Esta medida, ya incluida en la normativa de otras comunidades autónomas, sirve a una finalidad educativa y social que pretende generar en la persona sancionada una mayor implicación en el cumplimiento de la norma y reponerle a la comunidad, con su esfuerzo personal, los daños y pérdidas ocasionados con su conducta infractora", aclaró Varela.
Mientras, la conselleira do Mar anunció que incorporará 22 nuevos veterinarios al Servizo de Gardacostas con el objetivo de intensificar los controles de inspección en la cadena de distribución y comercialización para detectar los productos extraídos ilegalmente. Además, aseguró que próximamente publicará un decreto de comercialización "para mejorar la trazabilidad del producto" o "una mejor coordinación entre los guardapescas y los guardacostas" para estrechar el cerco a los infractores.
Defiende que su labor contra el furtivismo mejoraría con una mayor independencia
Varela, Cortizo, Quintana y Ferreiro, presentando el informe. / antón varela
M. BARRAL / A. LUACES | A CORUÑA El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, presentó ayer en A Coruña un informe sobre El furtivismo marino y su incidencia en la comunidad autónoma de Galicia y reclamó que se desvincule de las cofradías a los guardapescas, vigilantes privados contratados por los pósitos que luchan contra la acción de los furtivos. El representante del ministerio público entiende que se produce una "disfunción" en la labor de estos profesionales al tener que trabajar "en línea con los requerimientos del que los contrata". Varela propuso la separación de las funciones inspectora y sancionadora para evitar la proximidad personal de los infractores al ámbito de las cofradías. "Se facilitaría así la labor independiente de los guardapescas y se eliminaría la presión que sufren los directivos de los colectivos de pescadores al tener que perseguir a personas de su círculo próximo", explicó el fiscal superior de Galicia.
Precisamente, la reclamación parte de una encuesta realizada entre unos 80 guardapescas gallegos, que demandan una mayor independencia de los pósitos para desarrollar su actividad. El colectivo reconoce que el 71% de las denuncias se tramitan a través de las cofradías y considera que debería gestionarlas directamente, sin la intervención de profesionales de la pesca.
El informe, elaborado por la Guardia Civil a petición de la Fiscalía, también defiende la concesión a la figura del guardapescas una mayor protección legal y apoyo de la Administración. "Existe la necesidad de reforzar legalmente la actuación de los guardapescas marítimos en el ejercicio de sus funciones y podría lograrse mediante la provisión jurídica de la condición de agente de la autoridad en el desempeño de su trabajo", reza el estudio.
Precisamente, el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Manuel Ferreiro, -que participó en la presentación del informe junto a Varela, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo- felicitó a los guardapescas por su labor. "Son los que sufren en primera persona las consecuencias del furtivismo", destacó, en referencia a las amenazas y agresiones que han recibido estos profesionales en numerosas ocasiones.
Importancia del marisqueo
El fiscal superior de Galicia recordó que en el marisqueo trabajan unas 22.000 personas y que junto a la pesca supone el 36% del PIB gallego, por lo que, señaló, el furtivismo no debe ser una actividad "tolerada socialmente". Además reclamó a las administraciones "el máximo esfuerzo" para controlar la comercialización de marisco ilegal y acabar con el furtivismo.
"De la vigilancia de la demanda de estos productos depende en gran parte que este marisco extraído irregularmente se ponga a disposición de los establecimientos de consumo sin las preceptivas garantías de salubridad", señaló Varela. En este sentido defendió que el furtivismo constituye un delito contra la salud pública al introducir en el mercado capturas que no pasan los controles sanitarios y que ponen en peligro la salud de las personas. El informe propone la creación de un tipo penal de "peligro abstracto" cuando los productos procedan de zonas vedadas o restringidas por su potencial toxicidad "sin que sea necesario probar, como ocurre ahora, la presencia en el producto de los elementos nocivos que determinan ese riesgo".
Mientras, para hacer eficaces las sanciones a los infractores insolventes, que no pueden abonar las multas que se les imponen, el estudio defiende su sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad. "Esta medida, ya incluida en la normativa de otras comunidades autónomas, sirve a una finalidad educativa y social que pretende generar en la persona sancionada una mayor implicación en el cumplimiento de la norma y reponerle a la comunidad, con su esfuerzo personal, los daños y pérdidas ocasionados con su conducta infractora", aclaró Varela.
Mientras, la conselleira do Mar anunció que incorporará 22 nuevos veterinarios al Servizo de Gardacostas con el objetivo de intensificar los controles de inspección en la cadena de distribución y comercialización para detectar los productos extraídos ilegalmente. Además, aseguró que próximamente publicará un decreto de comercialización "para mejorar la trazabilidad del producto" o "una mejor coordinación entre los guardapescas y los guardacostas" para estrechar el cerco a los infractores.
