La versión definitiva del proyecto contempla que los empresarios que tengan trabajadores sin dar de alta puedan regularizar su situación, sin abonar ninguna cantidad por cotizaciones pasadas ni pagar las multas en vigor, y además podrán beneficiarse de las bonificaciones a la contratación que correspondan y acogerse a aplazamientos a la hora de pagar las cotizaciones futuras.

Esta situación se mantendrá hasta el 31 de julio. A partir del 1 de agosto, el Real Decreto contempla un reforzamiento de las sanciones relacionadas con la economía sumergida (algunas se multiplican hasta por cinco). Hay pocas condiciones para los empresarios: a los trabajadores así contratados habrá que mantenerlos en plantilla un mínimo de seis meses (si no, sí que se aplicarán las multas correspondientes), y en el contrato figurará que el mismo se acoge a este proceso de regularización.

Los sindicatos han expresado su descontento con este plan, al que califican de "amnistía" y "premio para los empresarios incumplidores de la legalidad".

Como ya anticipó el ministro de Trabajo la semana pasada, el plan final renuncia a la idea original, recogida en los borradores que se hicieron llegar a los agentes sociales en abril, de que los empresarios tuviesen que pagar al menos parte de las deudas a la Seguridad Social por los trabajadores ocultos, una medida que permitiría a estos empleados contar con tiempo de cotización y, por tanto, un acceso más fácil a las prestaciones.

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