Índice
Todos los jueces y fiscales tendrán al menos un escolta
Solo la cúpula judicial contará dos guardaespaldas
UNAI MORÁN - Bilbao - 15/04/2011
La polémica en torno a la protección de los jueces vascos frente a la amenaza de ETA quedó zanjada anteayer en una reunión a tres bandas entre la cúpula de la judicatura y representantes de los Gobiernos autónomo y central. En la cita se alcanzó el compromiso de garantizar que todos los jueces y fiscales conservarán la protección de al menos un escolta. Únicamente los máximos responsables del poder judicial en Euskadi mantendrán de dos guardaespaldas, lo que conllevará una reducción de costes. Las medidas complementarias de contravigilancia seguirán sin cambios.
Los dos Gobiernos y la judicatura cerraron anteayer el conflicto en una reunión
Las distintas partes han tenido que ceder finalmente en sus pretensiones para llegar a un acuerdo. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, fue quien abrió en septiembre la polémica al anunciar una nueva evaluación del riesgo para la judicatura que en realidad perseguía una reducción de la protecciíon que se prestaba, dada la crisis económica y la menor actividad terrorista. El aviso causó notable alarma entre un colectivo que, en cualquier caso, no era el único afectado, dado que medidas similares de rebaja de las escoltas se habían comenzado a aplicar ya a expolíticos, altos cargos, empresarios, profesores o periodistas.
Tras varios meses de tanteo y negociaciones al más alto nivel, en febrero se adoptó un primer recorte que afectó a una decena de magistrados, que vieron reducido a la mitad su número de guardaespaldas. La polémica, sin embargo, ha crecido este mes, cuando estaba previsto aplicar un segundo recorte, más drástico, que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior logró posponer hasta mayo. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emitió el pasado día 7 un duro comunicado en el que acusó a la consejería de Interior de poner en riesgo la seguridad de la judicatura sin detallar "las razones objetivas y que en cada caso concreto lo justifican". En esta posición crítica está acompaña por el grueso de los más de 200 jueces que ejercen en el País Vasco, con independencia de su adscripción.
La preocupación ha vuelto a rebrotar entre el colectivo judicial, una vez conocido que el comando Otazua de ETA, desarticualdo en marzo, disponía de información sobre algunos magistrados a los que había realizado seguimientos. Los últimos arrestos han demostrado, además, que la banda se mantiene operativa pese a su anunciada tregua. Con el compromiso de anteayer, la judicatura tendrá garantizada su protección, si bien disminuirá el número de personas destinadas a la misma. Se logrará así el ahorro económico pretendido, aunque sin alterar los sistemas de seguridad.
Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez confesó ayer en Bilbao que, aunque ajeno al proceso, se siente "más próximo al voto minoritario" de la Sala del 61 sobre Sortu, que consideraba que no había que impedir la inscripción como partido de la nueva marca política de la izquierda abertzale. En este sentido, consideró que una sentencia con votos particulares "tiene menos peso" que otra aprobada por unanimidad, si bien matizó que, al mismo tiempo, "es mucho más rica en matices". Apuntó que "lo más seguro" es que, si se presenta recurso ante el Tribunal Constitucional, este órgano responda después de las elecciones, "símplemente por el cumplimiento de plazos"
Aniversario del Superior
El Tribunal Superior fue escenario ayer de otra de las conferencias organizadas para celebrar su vigésimo aniversario. En ella participaron como ponentes el abogado Ángel Gaminde y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, quienes recordaron en sus intervenciones la constitución de la Audiencia Territorial de Bilbao en 1980 y su conversión en el alto tribunal vasco de la actualidad nueve años después.
La jornada estuvo presidida por el máximo responsable de la judicatura vasca, Juan Luis Ibarra, y contó con la presencia, entre otros, de la consejera de Justicia, Idoia Mendia; la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior, Garbiñe Biurrun; su homólogo de lo Contencioso, Luis Garrido; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria; el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga; y el presidente del Athletic, además de abogado, Fernando García Macua.
Solo la cúpula judicial contará dos guardaespaldas
UNAI MORÁN - Bilbao - 15/04/2011
La polémica en torno a la protección de los jueces vascos frente a la amenaza de ETA quedó zanjada anteayer en una reunión a tres bandas entre la cúpula de la judicatura y representantes de los Gobiernos autónomo y central. En la cita se alcanzó el compromiso de garantizar que todos los jueces y fiscales conservarán la protección de al menos un escolta. Únicamente los máximos responsables del poder judicial en Euskadi mantendrán de dos guardaespaldas, lo que conllevará una reducción de costes. Las medidas complementarias de contravigilancia seguirán sin cambios.
Los dos Gobiernos y la judicatura cerraron anteayer el conflicto en una reunión
Las distintas partes han tenido que ceder finalmente en sus pretensiones para llegar a un acuerdo. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, fue quien abrió en septiembre la polémica al anunciar una nueva evaluación del riesgo para la judicatura que en realidad perseguía una reducción de la protecciíon que se prestaba, dada la crisis económica y la menor actividad terrorista. El aviso causó notable alarma entre un colectivo que, en cualquier caso, no era el único afectado, dado que medidas similares de rebaja de las escoltas se habían comenzado a aplicar ya a expolíticos, altos cargos, empresarios, profesores o periodistas.
Tras varios meses de tanteo y negociaciones al más alto nivel, en febrero se adoptó un primer recorte que afectó a una decena de magistrados, que vieron reducido a la mitad su número de guardaespaldas. La polémica, sin embargo, ha crecido este mes, cuando estaba previsto aplicar un segundo recorte, más drástico, que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior logró posponer hasta mayo. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emitió el pasado día 7 un duro comunicado en el que acusó a la consejería de Interior de poner en riesgo la seguridad de la judicatura sin detallar "las razones objetivas y que en cada caso concreto lo justifican". En esta posición crítica está acompaña por el grueso de los más de 200 jueces que ejercen en el País Vasco, con independencia de su adscripción.
La preocupación ha vuelto a rebrotar entre el colectivo judicial, una vez conocido que el comando Otazua de ETA, desarticualdo en marzo, disponía de información sobre algunos magistrados a los que había realizado seguimientos. Los últimos arrestos han demostrado, además, que la banda se mantiene operativa pese a su anunciada tregua. Con el compromiso de anteayer, la judicatura tendrá garantizada su protección, si bien disminuirá el número de personas destinadas a la misma. Se logrará así el ahorro económico pretendido, aunque sin alterar los sistemas de seguridad.
Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez confesó ayer en Bilbao que, aunque ajeno al proceso, se siente "más próximo al voto minoritario" de la Sala del 61 sobre Sortu, que consideraba que no había que impedir la inscripción como partido de la nueva marca política de la izquierda abertzale. En este sentido, consideró que una sentencia con votos particulares "tiene menos peso" que otra aprobada por unanimidad, si bien matizó que, al mismo tiempo, "es mucho más rica en matices". Apuntó que "lo más seguro" es que, si se presenta recurso ante el Tribunal Constitucional, este órgano responda después de las elecciones, "símplemente por el cumplimiento de plazos"
Aniversario del Superior
El Tribunal Superior fue escenario ayer de otra de las conferencias organizadas para celebrar su vigésimo aniversario. En ella participaron como ponentes el abogado Ángel Gaminde y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, quienes recordaron en sus intervenciones la constitución de la Audiencia Territorial de Bilbao en 1980 y su conversión en el alto tribunal vasco de la actualidad nueve años después.
La jornada estuvo presidida por el máximo responsable de la judicatura vasca, Juan Luis Ibarra, y contó con la presencia, entre otros, de la consejera de Justicia, Idoia Mendia; la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior, Garbiñe Biurrun; su homólogo de lo Contencioso, Luis Garrido; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria; el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga; y el presidente del Athletic, además de abogado, Fernando García Macua.
