Índice
http://www.heraldo.es/
Los recortes obligan a los policías a comprarse el chaleco antibalas y a usar coches de hace 20 años
La Policía Nacional ha tenido que rescatar vehículos con más de 20 años de antigüedad y muchas vueltas de cuentakilómetros para poder patrullar por las calles de Zaragoza. Los recortes presupuestarios han obligado también a reducir prácticamente a la mitad el consumo de munición y a utilizar material caducado hace más de diez años, como cascos de protección o chalecos antibalas. En cuanto a estos últimos, se han dejado directamente de suministrar, lo que ha obligado a muchos funcionarios a comprarse el suyo. Y el desembolso no es pequeño, ya que una prenda de seguridad de estas características cuesta alrededor de 600 euros.
La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organizaciones con mayor representación en el Cuerpo, no ocultan su preocupación. No en vano, advierten de que este «drástico tijeretazo» coincide con un notorio repunte de la delincuencia, sobre todo en cuanto a delitos contra el patrimonio. «Resulta que en cada coche patrulla tan solo hay un chaleco antibalas. ¿Qué ocurre cuando una pareja de agentes tiene que intervenir en un atraco a mano armada? ¿Se rifan el chaleco?». Así de explícito se mostraba ayer el portavoz de la CEP en Aragón, César Lambea. A lo largo del último año, este sindicato ha tramitado la compra de un centenar de chalecos para otros tantos compañeros. «El coste es alto, pero saben que puede salvarles la vida. Y eso sí que no tiene precio», apunta.
Pero las carencias de material van mucho más allá. De hecho, los recortes están afectando incluso a las partidas de munición. La Jefatura Superior de Aragón hacía antes pedidos trimestrales de cartuchería, pero actualmente tan solo se tramitan un par al año. En el ejercicio de su actividad cotidiana, los agentes de Policía no gastan demasiadas balas, ya que son contadas las ocasiones en las que se ven forzados a apretar el gatillo. Sin embargo, el plan nacional de tiro les obliga a hacer prácticas cada tres meses para no perder destreza. Según fuentes sindicales, es aquí donde se está intentando ahorrar munición, ya que no se facilita tiempo suficiente a la plantilla para ejercitarse.
Las armas se guardan en casa
Desde agosto del año pasado, la Policía Nacional tampoco tiene un armero en Zaragoza. Pese a que son más de un millar los funcionarios destinados en comisarías de la capital aragonesa, la Jefatura Superior decidió prescindir de este servicio. Como consecuencia, todos los agentes tienen que guarda el arma reglamentaria en casa. Tan solo existen armeros oficiales para los grupos especiales: Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Sus miembros utilizan escopetas y fusiles, armas largas que obviamente no pueden llevarse a casa.
Son precisamente algunas unidades de élite las que más están sufriendo los recortes presupuestarios impuestos desde Madrid. Según fuentes sindicales, los antidisturbios (UPR) están utilizando cascos de protección con más de 20 años, cuando su vida útil nunca debería superar los diez. De hecho, este material se heredó de la antigua unidad de Reserva, que se disolvió en el año 1992. De ese mismo año datan algunas de las furgonetas que utiliza la unidad. «Estamos convencidos de que estos vehículos no pasarían ninguna ITV mínimamente seria -el parque móvil de la Policía Nacional se somete a sus propias revisiones- y nos atrevemos a catalogarlos como peligros para los policías y para los ciudadanos», señala César Lambea.
Un mes parado por una bombilla
El patio del viejo acuartelamiento de Mayandía, donde se hacinan decenas de vehículos averiados, es un claro reflejo de las carencias a las que tiene que hacer frente el Cuerpo Nacional de Policía en Aragón. Los mecánicos ya no dan abasto y algunas reparaciones, por pequeñas e insignificantes que puedan parecer, llegan a demorarse hasta un mes. Es el caso de un vehículo oficial que estuvo parado durante todo ese tiempo porque le faltaba una simple bombilla.
El atasco del taller tiene una consecuencia directa en la calle, donde ahora patrullan menos coches. De hecho, los sindicatos aseguran que hay días en los que los funcionarios entran en servicio más tarde porque no tienen un vehículo con el que trabajar. Calculan también que el Servicio de Atención al Ciudadano -los populares 'zetas'- está funcionando con una media de doce coches patrulla por turno, por lo que faltarían otros ocho en cada uno. «Se están dando casos en los que salen hasta cuatro compañeros en un mismo vehículo», aseguran desde la CEP.
Ni siquiera hay presupuesto para asfaltar el patio del acuartelamiento de Mayandía, que no se ha reformado desde su creación, hace medio siglo. Según fuentes sindicales, los socavones han provocado daños materiales e incluso personales, ya que algún agente ha resultado lesionado al circular sobre el deteriorado pavimento.
Todas estas carencias y deficiencias se vienen poniendo sobre la mesa en las reuniones que cada tres meses celebran administración y sindicatos, así como ante el comité de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la CEP asegura que la respuesta es siempre la misma: «El momento actual no permite abordar estas cuestiones, no hay dinero». De momento, la Jefatura Superior de Policía ha preferido no pronunciarse sobre los recortes.
Los recortes obligan a los policías a comprarse el chaleco antibalas y a usar coches de hace 20 años
La Policía Nacional ha tenido que rescatar vehículos con más de 20 años de antigüedad y muchas vueltas de cuentakilómetros para poder patrullar por las calles de Zaragoza. Los recortes presupuestarios han obligado también a reducir prácticamente a la mitad el consumo de munición y a utilizar material caducado hace más de diez años, como cascos de protección o chalecos antibalas. En cuanto a estos últimos, se han dejado directamente de suministrar, lo que ha obligado a muchos funcionarios a comprarse el suyo. Y el desembolso no es pequeño, ya que una prenda de seguridad de estas características cuesta alrededor de 600 euros.
La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organizaciones con mayor representación en el Cuerpo, no ocultan su preocupación. No en vano, advierten de que este «drástico tijeretazo» coincide con un notorio repunte de la delincuencia, sobre todo en cuanto a delitos contra el patrimonio. «Resulta que en cada coche patrulla tan solo hay un chaleco antibalas. ¿Qué ocurre cuando una pareja de agentes tiene que intervenir en un atraco a mano armada? ¿Se rifan el chaleco?». Así de explícito se mostraba ayer el portavoz de la CEP en Aragón, César Lambea. A lo largo del último año, este sindicato ha tramitado la compra de un centenar de chalecos para otros tantos compañeros. «El coste es alto, pero saben que puede salvarles la vida. Y eso sí que no tiene precio», apunta.
Pero las carencias de material van mucho más allá. De hecho, los recortes están afectando incluso a las partidas de munición. La Jefatura Superior de Aragón hacía antes pedidos trimestrales de cartuchería, pero actualmente tan solo se tramitan un par al año. En el ejercicio de su actividad cotidiana, los agentes de Policía no gastan demasiadas balas, ya que son contadas las ocasiones en las que se ven forzados a apretar el gatillo. Sin embargo, el plan nacional de tiro les obliga a hacer prácticas cada tres meses para no perder destreza. Según fuentes sindicales, es aquí donde se está intentando ahorrar munición, ya que no se facilita tiempo suficiente a la plantilla para ejercitarse.
Las armas se guardan en casa
Desde agosto del año pasado, la Policía Nacional tampoco tiene un armero en Zaragoza. Pese a que son más de un millar los funcionarios destinados en comisarías de la capital aragonesa, la Jefatura Superior decidió prescindir de este servicio. Como consecuencia, todos los agentes tienen que guarda el arma reglamentaria en casa. Tan solo existen armeros oficiales para los grupos especiales: Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Sus miembros utilizan escopetas y fusiles, armas largas que obviamente no pueden llevarse a casa.
Son precisamente algunas unidades de élite las que más están sufriendo los recortes presupuestarios impuestos desde Madrid. Según fuentes sindicales, los antidisturbios (UPR) están utilizando cascos de protección con más de 20 años, cuando su vida útil nunca debería superar los diez. De hecho, este material se heredó de la antigua unidad de Reserva, que se disolvió en el año 1992. De ese mismo año datan algunas de las furgonetas que utiliza la unidad. «Estamos convencidos de que estos vehículos no pasarían ninguna ITV mínimamente seria -el parque móvil de la Policía Nacional se somete a sus propias revisiones- y nos atrevemos a catalogarlos como peligros para los policías y para los ciudadanos», señala César Lambea.
Un mes parado por una bombilla
El patio del viejo acuartelamiento de Mayandía, donde se hacinan decenas de vehículos averiados, es un claro reflejo de las carencias a las que tiene que hacer frente el Cuerpo Nacional de Policía en Aragón. Los mecánicos ya no dan abasto y algunas reparaciones, por pequeñas e insignificantes que puedan parecer, llegan a demorarse hasta un mes. Es el caso de un vehículo oficial que estuvo parado durante todo ese tiempo porque le faltaba una simple bombilla.
El atasco del taller tiene una consecuencia directa en la calle, donde ahora patrullan menos coches. De hecho, los sindicatos aseguran que hay días en los que los funcionarios entran en servicio más tarde porque no tienen un vehículo con el que trabajar. Calculan también que el Servicio de Atención al Ciudadano -los populares 'zetas'- está funcionando con una media de doce coches patrulla por turno, por lo que faltarían otros ocho en cada uno. «Se están dando casos en los que salen hasta cuatro compañeros en un mismo vehículo», aseguran desde la CEP.
Ni siquiera hay presupuesto para asfaltar el patio del acuartelamiento de Mayandía, que no se ha reformado desde su creación, hace medio siglo. Según fuentes sindicales, los socavones han provocado daños materiales e incluso personales, ya que algún agente ha resultado lesionado al circular sobre el deteriorado pavimento.
Todas estas carencias y deficiencias se vienen poniendo sobre la mesa en las reuniones que cada tres meses celebran administración y sindicatos, así como ante el comité de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la CEP asegura que la respuesta es siempre la misma: «El momento actual no permite abordar estas cuestiones, no hay dinero». De momento, la Jefatura Superior de Policía ha preferido no pronunciarse sobre los recortes.
