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Va a cumplirse ya un mes desde que finalizó el plazo concedido por el Ministerio del Interior para presentar las alegaciones a un proyecto que se ha hecho muy famoso en tiempo récord, y es que no en vano gozaría del dudoso honor de convertirse en la «ley de armas» más restrictiva que se ha conocido en España.
Los afectados son muchos, aunque seguro que más de uno de ustedes se preguntará a qué viene esto del reglamento, el Ministerio, y ese millón y medio de expectantes ciudadanos. Para ser lo más breve posible, demos por sentado que, también en España, debe existir una ley que contemple y regule todo lo relacionado con las armas —fabricación, comercio, uso, mal uso, etcétera—, un tema que debe ser tratado de forma siempre muy rigurosa, y nadie lo duda.
Sin embargo, de lo que muchos sí nos hemos visto obligados a dudar es sobre la «idoneidad» —y no puedo ser más elegante— de nuestros reglamentadores para plantear el recambio de un texto legal con trece años en vigor, en el que hay cuestiones a modificar y para el que fabricantes, importadores, federaciones, etcétera, han solicitado cambios desde hace años. Pero de eso nada.
«Muerto el perro se acabó la rabia», quizás habrán pensado en la comisión encargada de alumbrar el reglamento; si erradicaban ese colectivo se acabarían los problemas, y casi hay que pensar algo así al trasladar a la realidad lo que propone esa oda al despropósito.
Por ejemplo, el preámbulo del potencial —Dios no lo quiera— reglamento, afirma que éste se ha redactado para armonizar nuestra norma con los países de la Unión Europea; pero ni en Francia, Italia, Alemania, Bélgica… existe nada comparable en su intención restrictiva y prohibitiva, siendo incluso muchos artículos de dudosa legalidad o hasta constitucionalidad.
Además, del texto se desprende un auténtico desprecio hacia un colectivo de cientos de miles de ciudadanos que no sólo son honrados, como merecen ser considerados todos, sino que lo demuestran fehacientemente desde las investigaciones y controles que la propia Administración realiza reiteradamente para concederles las licencias de armas.
El proyecto pretende prohibir lo que por décadas se ha adquirido con toda legalidad, lo que es legal en nuestros países vecinos, pero ni siquiera tiene el «detalle» de aclarar qué pasaría con esas armas (que en el caso de las semiautomáticas podrían cifrarse alrededor del millón), quizás dando por hecho que sus legítimos propietarios se desprenderían de ellas sin exigir una justa y lógica indemnización. Digo propietarios, pues como tal figuran en la Guía de Pertenencia que les expidió el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil, por supuesto pagando las correspondientes tasas. La prohibición de las semiautomáticas se aplicaría por la posibilidad de aumentar la capacidad de sus cargadores mediante «herramientas normales»: de verdad un planteamiento tan increíble en su concepción como absurdo en lo mecánico.
Medidas injustificadas
Pero ante todo, lo que sí han logrado con eficacia es que un montón de gente (e insisto en lo del millón y medio) se haya enfrentado a una enorme sorpresa por no comprender a qué viene esto, qué habrá sucedido para plantear esa sucesión de medidas cuyo talante no puede asimilarse en una sociedad moderna y democrática, inmersa en una comunidad de naciones en las que se hace imposible tal situación, y sin que se pueda esgrimir la menor justificación desde la seguridad ciudadana o nada parecido a una alarma social que pudiera relacionarse. Les recuerdo que hablamos de un reglamento para las personas «legales», pues nadie está en contra de que a la delincuencia armada se le apliqué todo el peso de la ley.
Pueden suponer que el sector industrial relacionado (unas 37.000 personas, según la Asociación Armera y la Asociación de Comerciantes de Armería, Acace) no puede ver más negro su futuro si es que esa barbaridad toma forma de reglamento. Se duda sobre lo que se podrá o no fabricar, importar, vender, usar… y esto ya ha supuesto que se perjudiquen muchos de los procesos relacionados con ese colectivo, desde la adquisición de materias primas a las campañas de publicidad, pasando por la potencial contratación de trabajadores. Claro que ya me imagino que esas 37.000 personas son una cifra intranscendente en un país con 4,5 millones de parados, sobre todo si no te afecta, como seguramente no afecta a ninguno de los redactores del proyecto.
Asociaciones profesionales y federaciones intentaron conseguir un clima de colaboración con los responsables ministeriales, pero se vieron también sorprendidos con un borrador que echaba por tierra todas sus expectativas, y hasta las palabras de los representantes oficiales. Incluso los distintos medios de prensa especializados —más de una veintena de publicaciones—, nos ofrecimos el pasado año con la mejor intención por si podíamos colaborar de alguna forma desde nuestra experiencia o nuestros archivos. Pero quedó muy claro que cometimos un imperdonable pecado de soberbia al suponer que unos simples mortales podíamos ni siquiera acercarnos a aquellas «alturas», y todavía estamos esperando que nos contesten. Ya dice el refrán: «No hay mayor desprecio que…».
Las armerías, en peligro
Hoy no hay espacio para más, pero sepan que de aplicarse el reglamento como está redactado es más que posible que prácticamente ninguna armería pudiera cumplir los increíbles requisitos de seguridad, y lo mismo cabe decir de los campos de tiro. Miles de personas perderán su trabajo, muchos cientos de miles serán perjudicados en la práctica de sus deportes o sus aficiones y, lo que es peor, se sentirán despreciados, insultados, literalmente maltratados sin la menor justificación y habiendo sido absolutamente legales.
Hay muchos artículos del proyecto que exigen una concienzuda reflexión, pero varios no logro comprenderlos o al menos entender qué se pretende evitar, o conseguir. Reconozco que quizás siendo tirador, cazador, coleccionista, entusiasta de las armas y hasta director de una revista con ese nombre seguro que les hablo con apasionamiento, pero es que no hay derecho a lo que quieren hacernos.
Fuente: ABC
Los afectados son muchos, aunque seguro que más de uno de ustedes se preguntará a qué viene esto del reglamento, el Ministerio, y ese millón y medio de expectantes ciudadanos. Para ser lo más breve posible, demos por sentado que, también en España, debe existir una ley que contemple y regule todo lo relacionado con las armas —fabricación, comercio, uso, mal uso, etcétera—, un tema que debe ser tratado de forma siempre muy rigurosa, y nadie lo duda.
Sin embargo, de lo que muchos sí nos hemos visto obligados a dudar es sobre la «idoneidad» —y no puedo ser más elegante— de nuestros reglamentadores para plantear el recambio de un texto legal con trece años en vigor, en el que hay cuestiones a modificar y para el que fabricantes, importadores, federaciones, etcétera, han solicitado cambios desde hace años. Pero de eso nada.
«Muerto el perro se acabó la rabia», quizás habrán pensado en la comisión encargada de alumbrar el reglamento; si erradicaban ese colectivo se acabarían los problemas, y casi hay que pensar algo así al trasladar a la realidad lo que propone esa oda al despropósito.
Por ejemplo, el preámbulo del potencial —Dios no lo quiera— reglamento, afirma que éste se ha redactado para armonizar nuestra norma con los países de la Unión Europea; pero ni en Francia, Italia, Alemania, Bélgica… existe nada comparable en su intención restrictiva y prohibitiva, siendo incluso muchos artículos de dudosa legalidad o hasta constitucionalidad.
Además, del texto se desprende un auténtico desprecio hacia un colectivo de cientos de miles de ciudadanos que no sólo son honrados, como merecen ser considerados todos, sino que lo demuestran fehacientemente desde las investigaciones y controles que la propia Administración realiza reiteradamente para concederles las licencias de armas.
El proyecto pretende prohibir lo que por décadas se ha adquirido con toda legalidad, lo que es legal en nuestros países vecinos, pero ni siquiera tiene el «detalle» de aclarar qué pasaría con esas armas (que en el caso de las semiautomáticas podrían cifrarse alrededor del millón), quizás dando por hecho que sus legítimos propietarios se desprenderían de ellas sin exigir una justa y lógica indemnización. Digo propietarios, pues como tal figuran en la Guía de Pertenencia que les expidió el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil, por supuesto pagando las correspondientes tasas. La prohibición de las semiautomáticas se aplicaría por la posibilidad de aumentar la capacidad de sus cargadores mediante «herramientas normales»: de verdad un planteamiento tan increíble en su concepción como absurdo en lo mecánico.
Medidas injustificadas
Pero ante todo, lo que sí han logrado con eficacia es que un montón de gente (e insisto en lo del millón y medio) se haya enfrentado a una enorme sorpresa por no comprender a qué viene esto, qué habrá sucedido para plantear esa sucesión de medidas cuyo talante no puede asimilarse en una sociedad moderna y democrática, inmersa en una comunidad de naciones en las que se hace imposible tal situación, y sin que se pueda esgrimir la menor justificación desde la seguridad ciudadana o nada parecido a una alarma social que pudiera relacionarse. Les recuerdo que hablamos de un reglamento para las personas «legales», pues nadie está en contra de que a la delincuencia armada se le apliqué todo el peso de la ley.
Pueden suponer que el sector industrial relacionado (unas 37.000 personas, según la Asociación Armera y la Asociación de Comerciantes de Armería, Acace) no puede ver más negro su futuro si es que esa barbaridad toma forma de reglamento. Se duda sobre lo que se podrá o no fabricar, importar, vender, usar… y esto ya ha supuesto que se perjudiquen muchos de los procesos relacionados con ese colectivo, desde la adquisición de materias primas a las campañas de publicidad, pasando por la potencial contratación de trabajadores. Claro que ya me imagino que esas 37.000 personas son una cifra intranscendente en un país con 4,5 millones de parados, sobre todo si no te afecta, como seguramente no afecta a ninguno de los redactores del proyecto.
Asociaciones profesionales y federaciones intentaron conseguir un clima de colaboración con los responsables ministeriales, pero se vieron también sorprendidos con un borrador que echaba por tierra todas sus expectativas, y hasta las palabras de los representantes oficiales. Incluso los distintos medios de prensa especializados —más de una veintena de publicaciones—, nos ofrecimos el pasado año con la mejor intención por si podíamos colaborar de alguna forma desde nuestra experiencia o nuestros archivos. Pero quedó muy claro que cometimos un imperdonable pecado de soberbia al suponer que unos simples mortales podíamos ni siquiera acercarnos a aquellas «alturas», y todavía estamos esperando que nos contesten. Ya dice el refrán: «No hay mayor desprecio que…».
Las armerías, en peligro
Hoy no hay espacio para más, pero sepan que de aplicarse el reglamento como está redactado es más que posible que prácticamente ninguna armería pudiera cumplir los increíbles requisitos de seguridad, y lo mismo cabe decir de los campos de tiro. Miles de personas perderán su trabajo, muchos cientos de miles serán perjudicados en la práctica de sus deportes o sus aficiones y, lo que es peor, se sentirán despreciados, insultados, literalmente maltratados sin la menor justificación y habiendo sido absolutamente legales.
Hay muchos artículos del proyecto que exigen una concienzuda reflexión, pero varios no logro comprenderlos o al menos entender qué se pretende evitar, o conseguir. Reconozco que quizás siendo tirador, cazador, coleccionista, entusiasta de las armas y hasta director de una revista con ese nombre seguro que les hablo con apasionamiento, pero es que no hay derecho a lo que quieren hacernos.
Fuente: ABC
