Índice
El Gobierno vasco reduce la escolta a los responsables de las obras del TAV
La iniciativa de Interior afecta a un centenar de personas y no incidirá en la seguridad de los trabajos ni de las instalaciones, amenazadas por ETA
CLAVES
ATENTADO
La banda asesinó a Inaxio Uria en 2008 tras desarrollar una campaña de amenazas y ataques contra el tren
ANTECEDENTES
La medida forma parte del mismo programa por el que se ha rebajado la protección a antiguos cargos políticos
El Departamento vasco de Interior ha comenzado a reducir esta semana los servicios de escolta a los responsables de la obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi. Según ha podido saber EL CORREO, la consejería comenzó el lunes a realizar un ajuste en el protocolo de seguridad que reciben las empresas adjudicatarias de distintos tramos del proyecto, todas ellas amenazadas por ETA y que en algunos casos han sido blanco de atentados terroristas y ataques de kale borroka, cuyo episodio más trágico fue el asesinato del empresario Ignacio Uria en 2008. El programa de reducción de escoltas continuará de forma paulatina.
La consejería que dirige Rodolfo Ares se ha decidido a poner en marcha esta medida, a la espera de las decisiones que más adelante pueda tomar el Ministerio del Interior con respecto a los trabajadores de las obras. El ajuste se enmarca en la iniciativa que ya adoptó a finales del año pasado para revisar los servicios de protección de los cargos políticos del PP y PSE en Euskadi, dentro de un programa de racionalización de las escoltas. El Gobierno vasco ha desvinculado este tipo de decisiones del alto el fuego de ETA o de la aparente intención de la izquierda abertzale de condenar la violencia y reinsertarse en la política. De hecho, el primer recorte del número de guardaespaldas que ofrecen cobertura a concejales ocurrió antes de que la banda declarase su tregua.
Según fuentes conocedoras de la situación, en el caso del TAV el plan afecta a responsables de los diferentes tramos en obras, pero no a la seguridad que rodea las instalaciones y el desarrollo de los trabajos. Cualquier cambio que supone disminuir los escoltas, lleva aparejado un aumento de las contravigilancias y otro tipo de medidas de protección, según la consejería.
En las obras del TAV trabajan 35 compañías, que conforman un total de 24 Uniones Temporales de Empresas. El cambio en los servicios de protección afecta a alrededor de un centenar de personas.
El blindaje del Tren de Alta Velocidad ante la amenaza de ETA se convirtió en una cuestión prioritaria después de que el 3 de diciembre de 2008 un comando asesinase en Azpeitia al empresario Inaxio Uria, propietario de una de las firmas adjudicatarias de los trabajos. Aunque ya se habían registrado pintadas de protesta y la banda había destruido dos excavadores con mochilas bomba, los terroristas no habían dado hasta entonces el paso de atentar directamente contra las personas implicadas en el proyecto. La intención de la banda pasaba por situar a los trabajadores del trazado ferroviario en el centro de su diana, al igual que lo había hecho décadas antes con la central nuclear de Lemóniz -que paralizó- o la autovía de Leizarán, cuyo trazado se modificó finalmente.
Tras el asesinato, la reacción de los gobiernos central y vasco fue la de extremar la seguridad de los empleados y de las propias instalaciones. El ministerio y la consejería de Interior, junto con los departamentos de Transportes de ambos ejecutivos, se volcaron con los empresarios: hubo diversas reuniones con las firmas que trabajaban sobre el terreno y uno de los compromisos que se alcanzaron consistió en subvencionar un incremento significativo de las medidas de protección, que serían financiadas a medias por las dos administraciones.
De dos a uno
La banda continuó con sus ataques y en febrero de 2009 atentó con un coche bomba contra la sede de Ferrovial en Madrid. Las obras, sin embargo, no se paralizaron. Para ese momento, la presión de las fuerzas de seguridad ya estaba llevando a la banda a una situación de máxima debilidad. Además, asesinatos como el de Uria causaron un profundo impacto en las propias filas de la izquierda abertzale radical, donde surgieron voces que criticaban las acciones contra el TAV. La movilización social contra el tren se debilitaba a pasos agigantados.
La reducción de escoltas hasta la fecha ha supuesto, en la mayoría de las situaciones, que los amenazados pasen a ir acompañados por un guardaespaldas en vez de dos. A otros antiguos cargos que mantenían la escolta, pero que hacía años que no ejercían ya labor pública, se les suprimió por completo. Un objetivo de este plan ha sido retirar a agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Ertzaintza para sustituirlos por profesionales de empresas privadas de seguridad.
http://www.elcorreo.com/
La iniciativa de Interior afecta a un centenar de personas y no incidirá en la seguridad de los trabajos ni de las instalaciones, amenazadas por ETA
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| Un vigilante de una empresa privada de seguridad supervisa las obras del Tren de Alta Velocidad en el tramo alavés de Luko. :: IOSU ONANDIA |
CLAVES
ATENTADO
La banda asesinó a Inaxio Uria en 2008 tras desarrollar una campaña de amenazas y ataques contra el tren
ANTECEDENTES
La medida forma parte del mismo programa por el que se ha rebajado la protección a antiguos cargos políticos
El Departamento vasco de Interior ha comenzado a reducir esta semana los servicios de escolta a los responsables de la obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi. Según ha podido saber EL CORREO, la consejería comenzó el lunes a realizar un ajuste en el protocolo de seguridad que reciben las empresas adjudicatarias de distintos tramos del proyecto, todas ellas amenazadas por ETA y que en algunos casos han sido blanco de atentados terroristas y ataques de kale borroka, cuyo episodio más trágico fue el asesinato del empresario Ignacio Uria en 2008. El programa de reducción de escoltas continuará de forma paulatina.
La consejería que dirige Rodolfo Ares se ha decidido a poner en marcha esta medida, a la espera de las decisiones que más adelante pueda tomar el Ministerio del Interior con respecto a los trabajadores de las obras. El ajuste se enmarca en la iniciativa que ya adoptó a finales del año pasado para revisar los servicios de protección de los cargos políticos del PP y PSE en Euskadi, dentro de un programa de racionalización de las escoltas. El Gobierno vasco ha desvinculado este tipo de decisiones del alto el fuego de ETA o de la aparente intención de la izquierda abertzale de condenar la violencia y reinsertarse en la política. De hecho, el primer recorte del número de guardaespaldas que ofrecen cobertura a concejales ocurrió antes de que la banda declarase su tregua.
Según fuentes conocedoras de la situación, en el caso del TAV el plan afecta a responsables de los diferentes tramos en obras, pero no a la seguridad que rodea las instalaciones y el desarrollo de los trabajos. Cualquier cambio que supone disminuir los escoltas, lleva aparejado un aumento de las contravigilancias y otro tipo de medidas de protección, según la consejería.
En las obras del TAV trabajan 35 compañías, que conforman un total de 24 Uniones Temporales de Empresas. El cambio en los servicios de protección afecta a alrededor de un centenar de personas.
El blindaje del Tren de Alta Velocidad ante la amenaza de ETA se convirtió en una cuestión prioritaria después de que el 3 de diciembre de 2008 un comando asesinase en Azpeitia al empresario Inaxio Uria, propietario de una de las firmas adjudicatarias de los trabajos. Aunque ya se habían registrado pintadas de protesta y la banda había destruido dos excavadores con mochilas bomba, los terroristas no habían dado hasta entonces el paso de atentar directamente contra las personas implicadas en el proyecto. La intención de la banda pasaba por situar a los trabajadores del trazado ferroviario en el centro de su diana, al igual que lo había hecho décadas antes con la central nuclear de Lemóniz -que paralizó- o la autovía de Leizarán, cuyo trazado se modificó finalmente.
Tras el asesinato, la reacción de los gobiernos central y vasco fue la de extremar la seguridad de los empleados y de las propias instalaciones. El ministerio y la consejería de Interior, junto con los departamentos de Transportes de ambos ejecutivos, se volcaron con los empresarios: hubo diversas reuniones con las firmas que trabajaban sobre el terreno y uno de los compromisos que se alcanzaron consistió en subvencionar un incremento significativo de las medidas de protección, que serían financiadas a medias por las dos administraciones.
De dos a uno
La banda continuó con sus ataques y en febrero de 2009 atentó con un coche bomba contra la sede de Ferrovial en Madrid. Las obras, sin embargo, no se paralizaron. Para ese momento, la presión de las fuerzas de seguridad ya estaba llevando a la banda a una situación de máxima debilidad. Además, asesinatos como el de Uria causaron un profundo impacto en las propias filas de la izquierda abertzale radical, donde surgieron voces que criticaban las acciones contra el TAV. La movilización social contra el tren se debilitaba a pasos agigantados.
La reducción de escoltas hasta la fecha ha supuesto, en la mayoría de las situaciones, que los amenazados pasen a ir acompañados por un guardaespaldas en vez de dos. A otros antiguos cargos que mantenían la escolta, pero que hacía años que no ejercían ya labor pública, se les suprimió por completo. Un objetivo de este plan ha sido retirar a agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Ertzaintza para sustituirlos por profesionales de empresas privadas de seguridad.
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