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Mayor defensa contra la violencia
Que un hacha sobrevuele tu cabeza, que te amenacen con una navaja o viertan contra ti múltiples insultos no son exageraciones sino casos reales de agresiones sufridas por profesionales sanitarios. Por eso, es habitual que muchos necesiten asistencia psicológica o que se planteen un cambio de lugar de trabajo. Los atentados contra estos profesionales se siguen produciendo, pero en los últimos años se ha incrementado la cobertura legal de los profesionales y se denuncia más, pero no todos los episodios. En este sentido, la Fiscalía de Córdoba fue pionera hace cinco años a nivel nacional en considerar estos hechos como delito de atentado contra funcionario público, al margen de que se acusara a los agresores de una falta o delito de otro tipo. Dos años antes, en febrero del 2004, se dictaba en Córdoba la primera sentencia en España, en la que se consideraba delito y no falta, la agresión a un médico. El caso, en el que la acusación particular fue ejercida por el abogado del Sindicato Médico de Córdoba, José María Ruiz Mateo, juzgaba la agresión a un facultativo de las Urgencias de Montilla. A partir del 2006, tras la decisión de la Fiscalía y la presión de los profesionales, comienzan a dictarse las primeras sentencias que recogían el delito de atentado en caso de agresión a un sanitario.
Paralelamente a los avances en materia judicial, la Junta puso en marcha en abril del 2005 el plan de prevención y atención de agresiones para profesionales del sistema sanitario público andaluz, con el consenso de todos los sindicatos de la mesa sectorial. Sin embargo, la Delegación de Salud de Córdoba había aprobado anteriormente un protocolo en diciembre del 2004 en el Consejo de Salud de Area. En su implantación jugaron un papel fundamental el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, que incluso fueron premiados a nivel nacional por este protocolo para atajar el problema de las agresiones.
El plan de la Junta establece un modelo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida es solicitar ayuda a una tercera persona (vigilante de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los cuerpos de seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario. La víctima cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.
Paime
El Colegio de Médicos presta a su vez ayuda psicológica a facultativos víctimas de agresiones, dentro del Plan de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime). Cada año se practican en los centros sanitarios públicos andaluces más de cien millones de actuaciones y miles de personas visitan a sus familiares o los acompañan. El presidente de los médicos cordobeses, Cesáreo García, apunta que "hay pacientes que como no consiguen lo que buscan, una baja laboral, una receta o consideran que esperan mucho para ser atendidos, lo pagan con el profesional. Casi todos estos casos se producen en una sanidad pública que necesita más medios, sin olvidar que un médico maltratado presta una atención inferior", añade García. Por su parte, el Simec destaca que es necesario coordinar mejor la vuelta al trabajo del profesional agredido y su posible traslado.
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=613177
Que un hacha sobrevuele tu cabeza, que te amenacen con una navaja o viertan contra ti múltiples insultos no son exageraciones sino casos reales de agresiones sufridas por profesionales sanitarios. Por eso, es habitual que muchos necesiten asistencia psicológica o que se planteen un cambio de lugar de trabajo. Los atentados contra estos profesionales se siguen produciendo, pero en los últimos años se ha incrementado la cobertura legal de los profesionales y se denuncia más, pero no todos los episodios. En este sentido, la Fiscalía de Córdoba fue pionera hace cinco años a nivel nacional en considerar estos hechos como delito de atentado contra funcionario público, al margen de que se acusara a los agresores de una falta o delito de otro tipo. Dos años antes, en febrero del 2004, se dictaba en Córdoba la primera sentencia en España, en la que se consideraba delito y no falta, la agresión a un médico. El caso, en el que la acusación particular fue ejercida por el abogado del Sindicato Médico de Córdoba, José María Ruiz Mateo, juzgaba la agresión a un facultativo de las Urgencias de Montilla. A partir del 2006, tras la decisión de la Fiscalía y la presión de los profesionales, comienzan a dictarse las primeras sentencias que recogían el delito de atentado en caso de agresión a un sanitario.
Paralelamente a los avances en materia judicial, la Junta puso en marcha en abril del 2005 el plan de prevención y atención de agresiones para profesionales del sistema sanitario público andaluz, con el consenso de todos los sindicatos de la mesa sectorial. Sin embargo, la Delegación de Salud de Córdoba había aprobado anteriormente un protocolo en diciembre del 2004 en el Consejo de Salud de Area. En su implantación jugaron un papel fundamental el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, que incluso fueron premiados a nivel nacional por este protocolo para atajar el problema de las agresiones.
El plan de la Junta establece un modelo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida es solicitar ayuda a una tercera persona (vigilante de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los cuerpos de seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario. La víctima cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.
Paime
El Colegio de Médicos presta a su vez ayuda psicológica a facultativos víctimas de agresiones, dentro del Plan de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime). Cada año se practican en los centros sanitarios públicos andaluces más de cien millones de actuaciones y miles de personas visitan a sus familiares o los acompañan. El presidente de los médicos cordobeses, Cesáreo García, apunta que "hay pacientes que como no consiguen lo que buscan, una baja laboral, una receta o consideran que esperan mucho para ser atendidos, lo pagan con el profesional. Casi todos estos casos se producen en una sanidad pública que necesita más medios, sin olvidar que un médico maltratado presta una atención inferior", añade García. Por su parte, el Simec destaca que es necesario coordinar mejor la vuelta al trabajo del profesional agredido y su posible traslado.
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=613177
