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«No obligaremos a nadie a apagar el cigarrillo en nuestros locales»
Se acabó la permisividad con los adictos a la nicotina en los espacios públicos. Y se acabó también la paciencia de los hosteleros asturianos, que, solo un día después de que el Congreso de los Diputados aprobase la nueva ley antitabaco tras un intenso año de debates y enmiendas, lanzan un órdago a la Administración: «No obligaremos a nadie a apagar el cigarrillo en nuestros locales».
La advertencia formulada ayer por José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de Asturias, en nombre de los empresarios del sector, es la expresión del «hartazgo» de los empresarios, que prevén unas pérdidas que pueden rondar el 10% de su volumen de facturación: «Estamos muy cansados y no entendemos que llegue esta modificación justo ahora, un mes de mucho trabajo y de muchas preocupaciones, gracias a la desorganización del Gobierno central».
Prueba de la misma desorganización, dice, es que, mientras que España ingresará en el club de los países prohibicionistas -junto con Irlanda, Reino Unido y Chipre- con el aplauso de las organizaciones dedicadas a la lucha contra el tabaco, se mantendrán los puntos de venta de cajetillas en la hostelería e incluso se ampliarán, volviendo a la situación que existía incluso antes de la actual ley de 2005. Y eso, porque, a partir del 2 de enero, podrán tener máquinas expendedoras todos los bares aunque no se pueda fumar, al tiempo que se rescatan unos cuantos de miles de puntos de venta como las gasolineras.
Así las cosas, ya está claro que España endurecerá su norma, que se convertirá en uno de los países más restrictivos del mundo con los fumadores, y que, además del veto en bingos y casinos, se eliminarán los puntos para fumar en aeropuertos. O que la prohibición llegará además a las puertas de los hospitales, los parques infantiles o los centros educativos.
Lo que no está tan claro es «qué va a pasar el día 2» en bares y restaurantes. Porque, según Almeida, sus propietarios y empleados no están por la labor de ejercer un papel para el que, alegan, no están preparados: «No somos policías ni vigilantes de seguridad pagados por la Administración. No tenemos autoridad para decirle a la gente lo que tiene o no tiene que hacer. Para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que tienen que encargarse de que se cumpla la ley».
«El Gobierno nos traslada una responsabilidad que no nos corresponde», abunda Ricardo Álvarez, al frente de los hosteleros gijoneses, que, no obstante, confía en que «la indiscutible repercusión económica de la ley sea únicamente a corto plazo».
Ricardo Álvarez plantea además otra antigua demanda sobre la que los empresarios del sector no están dispuestos a pasar página: quieren que el Ejecutivo indemnice a quienes hicieron inversiones en sus locales para adaptarlos a la ley antitabaco actualmente en vigor.
«Vamos a seguir peleando para ver si recibimos algún tipo de compensación, porque lo que no es de recibo es que muchos empresarios hayan hecho obras que costaron mucho dinero hace muy poco tiempo y que ahora no servirán de nada», argumenta el portavoz de los hosteleros gijoneses.
«Además, muchos son locales pequeños para los que esas inversiones supusieron desembolsos muy importantes. Y, de alguna forma, el Ministerio de Sanidad tendrá que resarcirles por ese gasto», remarca Jaime García, al frente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur).
600.000 euros de multa
Tampoco está de acuerdo Álvarez en las cuantías de las multas previstas por la nueva norma, que recaerán sobre los hosteleros infractores y que oscilan entre los 30 euros para infracciones leves aisladas, los 10.000 euros para las graves y de hasta 600.000 para las muy graves y continuadas.
Unos y otros coinciden en que son «claramente injustas». «Y más cuando está claro que no podemos hacer de policías. Más que nada, porque no tenemos autoridad», reitera Pelayo Pérez, portavoz de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco).
Pérez prevé una resaca de nochevieja y principios de año «complicada» en los pubs ovetenses y «un proceso de adaptación lento» por parte de los clientes. Especialmente difícil, augura, «en las puertas de los establecimientos».
Ese es otro de los argumentos de peso esgrimidos por los empresarios de la noche para oponerse a la prohibición total. Mucho se temen los hosteleros que, si no les cae la correspondiente multa por los malos humos de los fumadores en el interior, se enfrentarán a la denuncia de los vecinos «por los ruidos de los que están fumando fuera».
Con todo y con eso, Pelayo Pérez es optimista y está convencido de que «la gente no dejará de salir a tomarse una copa». Aunque, quizá, «el que toma dos tomará una», apunta José Luis Álvarez Almeida, que lanza otro envite a los impulsores de la ley: «¿Esta es la forma de apoyar a un sector que se supone clave para la economía española en plena crisis?».
http://www.elcomerciodigital.com/v/2010/asturias/obligaremos-nadie-apagar-
Se acabó la permisividad con los adictos a la nicotina en los espacios públicos. Y se acabó también la paciencia de los hosteleros asturianos, que, solo un día después de que el Congreso de los Diputados aprobase la nueva ley antitabaco tras un intenso año de debates y enmiendas, lanzan un órdago a la Administración: «No obligaremos a nadie a apagar el cigarrillo en nuestros locales».
La advertencia formulada ayer por José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de Asturias, en nombre de los empresarios del sector, es la expresión del «hartazgo» de los empresarios, que prevén unas pérdidas que pueden rondar el 10% de su volumen de facturación: «Estamos muy cansados y no entendemos que llegue esta modificación justo ahora, un mes de mucho trabajo y de muchas preocupaciones, gracias a la desorganización del Gobierno central».
Prueba de la misma desorganización, dice, es que, mientras que España ingresará en el club de los países prohibicionistas -junto con Irlanda, Reino Unido y Chipre- con el aplauso de las organizaciones dedicadas a la lucha contra el tabaco, se mantendrán los puntos de venta de cajetillas en la hostelería e incluso se ampliarán, volviendo a la situación que existía incluso antes de la actual ley de 2005. Y eso, porque, a partir del 2 de enero, podrán tener máquinas expendedoras todos los bares aunque no se pueda fumar, al tiempo que se rescatan unos cuantos de miles de puntos de venta como las gasolineras.
Así las cosas, ya está claro que España endurecerá su norma, que se convertirá en uno de los países más restrictivos del mundo con los fumadores, y que, además del veto en bingos y casinos, se eliminarán los puntos para fumar en aeropuertos. O que la prohibición llegará además a las puertas de los hospitales, los parques infantiles o los centros educativos.
Lo que no está tan claro es «qué va a pasar el día 2» en bares y restaurantes. Porque, según Almeida, sus propietarios y empleados no están por la labor de ejercer un papel para el que, alegan, no están preparados: «No somos policías ni vigilantes de seguridad pagados por la Administración. No tenemos autoridad para decirle a la gente lo que tiene o no tiene que hacer. Para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que tienen que encargarse de que se cumpla la ley».
«El Gobierno nos traslada una responsabilidad que no nos corresponde», abunda Ricardo Álvarez, al frente de los hosteleros gijoneses, que, no obstante, confía en que «la indiscutible repercusión económica de la ley sea únicamente a corto plazo».
Ricardo Álvarez plantea además otra antigua demanda sobre la que los empresarios del sector no están dispuestos a pasar página: quieren que el Ejecutivo indemnice a quienes hicieron inversiones en sus locales para adaptarlos a la ley antitabaco actualmente en vigor.
«Vamos a seguir peleando para ver si recibimos algún tipo de compensación, porque lo que no es de recibo es que muchos empresarios hayan hecho obras que costaron mucho dinero hace muy poco tiempo y que ahora no servirán de nada», argumenta el portavoz de los hosteleros gijoneses.
«Además, muchos son locales pequeños para los que esas inversiones supusieron desembolsos muy importantes. Y, de alguna forma, el Ministerio de Sanidad tendrá que resarcirles por ese gasto», remarca Jaime García, al frente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur).
600.000 euros de multa
Tampoco está de acuerdo Álvarez en las cuantías de las multas previstas por la nueva norma, que recaerán sobre los hosteleros infractores y que oscilan entre los 30 euros para infracciones leves aisladas, los 10.000 euros para las graves y de hasta 600.000 para las muy graves y continuadas.
Unos y otros coinciden en que son «claramente injustas». «Y más cuando está claro que no podemos hacer de policías. Más que nada, porque no tenemos autoridad», reitera Pelayo Pérez, portavoz de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco).
Pérez prevé una resaca de nochevieja y principios de año «complicada» en los pubs ovetenses y «un proceso de adaptación lento» por parte de los clientes. Especialmente difícil, augura, «en las puertas de los establecimientos».
Ese es otro de los argumentos de peso esgrimidos por los empresarios de la noche para oponerse a la prohibición total. Mucho se temen los hosteleros que, si no les cae la correspondiente multa por los malos humos de los fumadores en el interior, se enfrentarán a la denuncia de los vecinos «por los ruidos de los que están fumando fuera».
Con todo y con eso, Pelayo Pérez es optimista y está convencido de que «la gente no dejará de salir a tomarse una copa». Aunque, quizá, «el que toma dos tomará una», apunta José Luis Álvarez Almeida, que lanza otro envite a los impulsores de la ley: «¿Esta es la forma de apoyar a un sector que se supone clave para la economía española en plena crisis?».
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