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Las defensas del 'caso Malaya' piden la nulidad de todo el proceso Banner19

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Las defensas del 'caso Malaya' piden la nulidad de todo el proceso

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Juanito

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ADMINISTRADOR
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Sin moverse un ápice del guión. La primera sesión de mayor juicio por corrupción municipal en España, que sienta en banquillo a 95 personas y suma peticiones de 450 años de cárcel y 4.000 millones de multas, se desarrolló por los cauces previstos y las defensas del principal implicado, Juan Antonio Roca, y de los letrados que ejercían como sus testaferros pidieron la nulidad del juicio por las «numerosas irregularidades» de la instrucción. Sobre todo en lo relativo a las escuchas telefónicas y los registros en las oficinas privadas del exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.La legalidad de las intervencionmes ya había sido confirmada por la Audiencia Provincial de Málaga en diversas sentencias de recurso y apelación durante el proceso de instrucción. No obstante, las letradas de Roca han abundado en el asunto durante las cuestiones previas -que se prolongarán hasta noviembre-- para que sea la Sala Primera la que se pronuncie sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.

Así, Rocío Amigo, que asumió la defensa del exasesor hace apenas dos meses tras el rechazo del anterior letrado por impago, insistió en reclamar la nulidad del proceso al entender que las escuchas a su mandante se ordenaron «sin motivación ni proporcionalidad y sin atender a la excepcionalidad de la medida».

«EL VERDADERO ALCALDE» / En una intervención de unas dos horas, la letrada también reclamó la suspensión de la causa dado que algunos de los delitos ya han sido enjuiciados en otros procedimientos. Y criticó el inicio de la investigación al indicar que de la declaración del funcionario del Ayuntamiento de Marbella Jorge González -que en un proceso distinto acusó a Roca de ser el «verdadero alcalde» de la ciudad— solo se deduce un delito urbanístico, y no la ristra de delitos que posteriormente se le fueron atribuyendo.

La defensa del supuesto cerebro de Malaya calificó de «prospectiva» la investigación, ya que se intervinieron todos los teléfonos de Roca e incluso los de los ediles «para ver qué podían encontrar». Y tachó al juez instructor Miguel Ángel Torres de «servil» con la policía por aceptar «sus mentiras» sin comprobarlas y tomándolas como «auto de fe».

También argumentaron que Roca no estuvo presente cuando la policía revisó la oficina de Maras Asesores, piedra angular del imperio de Roca, en la que se halló el pendrive con contabilidad en la que se desmenuzan las mordidas que abonaron los empresarios y los pagos a los concejales por los favores municipales. Con estos documentos, incluidos en el sumario, el juez instructor sustentó su acusación a Roca como «supuesto jefe de una organización» que de forma continuada cometió delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, así como fraude y cohecho pasivo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción afirma que Roca creó todo un entramado de sociedades para gestionar y administrar un vasto patrimonio obtenido ilícitamente, por lo que pide 30 años de prisión y 870,78 millones de euros de multa. Unas penas que, no obstante, se rebajarían sustancialmente si Roca decide tirar de la manta y reconocer su implicación en la trama, como ya hizo durante el juicio por cohecho ante el juez de Marbella Francisco de Urquía.

VOLUNTAD CAPRICHOSA / Tras la defensa de Roca, llegó el turno de los abogados del despacho Soriano Zurita-Sánchez Zubizarreta, supuestos testaferros. Fue un peso pesado del Derecho Penal, Horacio Oliva, quien más duramente cargó contra el proceso de instrucción para defender a sus compañeros, algunos de los cuales optaron por sentarse con los togados para evitar su fotografía en el banquillo de los acusados.

«Proceso injusto», «indefensión real» y «motivaciones genéricas» fueron algunas de las calificaciones empleadas por Oliva para definir la instrucción de Torres, al que acusó de vulnerar las normas de reparto al adjudicarse el caso y de «no aplicar la ley» en las detenciones a causa de su «entusiasmo investigador». El abogado comparó el «asalto» al bufete de sus clientes con los casos de terrorismo, delitos graves en los que, recordó, sí se puede vulnerar el secreto profesional.

En la misma línea, el abogado y también procesado Francisco Soriano, que participó en su propia defensa, fue más allá: calificó al juez instructor de «inquisidor y parcial», insistió en que el sumario es el «fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria investida de poder» y, tras expresar su «cariño» a Roca, insinuó que hay motivos oscuros en la persecución a la que fue sometido por parte de Torres.


http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20100928/las-defensas-del-caso-malaya-piden-nulidad-del-juicio/503105.shtml

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