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F. Velasco.
MADRID- El Ministerio del Interior no quiere precipitarse en la retirada de escoltas a los fiscales y magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una medida contemplada en una circular, todavía sin refrendar, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y cuyo contenido ha derivado en un profundo malestar entre quienes podrían ver cómo de la noche a la mañana se quedan sin servicios de protección personal. Desde el Departamento que dirige Jorge Fernández se admite que se trata de un «proceso delicado para muchas personas», y que, por ello, «se está actuando con un exquisito cuidado».
En este sentido, fuentes de Interior señalaron ayer a LA RAZÓN que, al tratarse de un «proceso complejo», la decisión se adoptará tras estudiar «caso a caso», y que, previsiblemente, no será antes de «15 días, o más».
Las reacciones a esa medida continuaron ayer. Las dos asociaciones de fiscales expresaron su profundo rechazo a suprimir la seguridad personal a sus compañeros de la Audiencia y a los magistrados de la Sala Penal.
Así, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) prevé remitir hoy mismo una carta a Interior en la que expondrá su preocupación por el hecho de que finalmente se lleve a cabo la supresión de escoltas, según confirmó a este periódico Antonio Roma, portavoz de la asociación.
Junto a esa «situación de preocupación», la AF pedirá que se mantengan las medidas actuales y no se asuman «riesgos en medidas de seguridad en la situación de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional».
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también realizó una valoración muy negativa de la posible retirada de esas medidas de seguridad. «Se pondría en peligro tanto a las personas afectadas como al trabajo que realizan, porque éste debe realizarse sin miedo y sin coacciones», afirmó al respecto María Moretó, presidenta de la UPF. Por este motivo, confió en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce «haga lo que tenga que hacer y que defienda a los fiscales» de la Audiencia.
Moretó recalcó que la banda terrorista ETA no ha desaparecido y que sus presos «siguen muy beligerantes en los juicios», además del peligro que supone el terrorismo islámico y la criminalidad organizada. «Distinto sería si se hiciera un plan de retirada de escoltas de forma progresiva, pero dejarlos a todos sin medidas de seguridad de un día para otro es un poco fuerte».
El PSOE retiró escoltas hace tres años
La retirada de las medidas de protección personal a los representantes del Ministerio Público no es algo nuevo que pueda aplicarse ahora por vez primera. De hecho, el anterior Gobierno socialista ya lo puso en práctica hace ahora algo más de tres años, y entonces los afectados fueron los fiscales de Anticorrupción y del Tribunal Constitucional. Motivos económicos, valoración de riesgo de manera individual e insuficiencia de policías nacionales para atender ese servicio fueron los motivos esgrimidos por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para justificar la decisión que adoptó entonces Interior, al frente del cual estaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
Así, en la Fiscalía Especial contra la Corrupción, encargada de la investigación a banda criminales organizadas –cuya instrucción y enjuiciamiento corresponde a la Audiencia– o las actividades de la «camorra», sólo quedaron con escoltas 3 de los 16 fiscales –además del fiscal jefe, que tiene la condición de fiscal de Sala, y de la teniente fiscal–.
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_447489/historico/3362-interior-decidira-caso-a-caso-sobre-la-retirada-de-los-escoltas
MADRID- El Ministerio del Interior no quiere precipitarse en la retirada de escoltas a los fiscales y magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una medida contemplada en una circular, todavía sin refrendar, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y cuyo contenido ha derivado en un profundo malestar entre quienes podrían ver cómo de la noche a la mañana se quedan sin servicios de protección personal. Desde el Departamento que dirige Jorge Fernández se admite que se trata de un «proceso delicado para muchas personas», y que, por ello, «se está actuando con un exquisito cuidado».
En este sentido, fuentes de Interior señalaron ayer a LA RAZÓN que, al tratarse de un «proceso complejo», la decisión se adoptará tras estudiar «caso a caso», y que, previsiblemente, no será antes de «15 días, o más».
Las reacciones a esa medida continuaron ayer. Las dos asociaciones de fiscales expresaron su profundo rechazo a suprimir la seguridad personal a sus compañeros de la Audiencia y a los magistrados de la Sala Penal.
Así, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) prevé remitir hoy mismo una carta a Interior en la que expondrá su preocupación por el hecho de que finalmente se lleve a cabo la supresión de escoltas, según confirmó a este periódico Antonio Roma, portavoz de la asociación.
Junto a esa «situación de preocupación», la AF pedirá que se mantengan las medidas actuales y no se asuman «riesgos en medidas de seguridad en la situación de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional».
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también realizó una valoración muy negativa de la posible retirada de esas medidas de seguridad. «Se pondría en peligro tanto a las personas afectadas como al trabajo que realizan, porque éste debe realizarse sin miedo y sin coacciones», afirmó al respecto María Moretó, presidenta de la UPF. Por este motivo, confió en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce «haga lo que tenga que hacer y que defienda a los fiscales» de la Audiencia.
Moretó recalcó que la banda terrorista ETA no ha desaparecido y que sus presos «siguen muy beligerantes en los juicios», además del peligro que supone el terrorismo islámico y la criminalidad organizada. «Distinto sería si se hiciera un plan de retirada de escoltas de forma progresiva, pero dejarlos a todos sin medidas de seguridad de un día para otro es un poco fuerte».
El PSOE retiró escoltas hace tres años
La retirada de las medidas de protección personal a los representantes del Ministerio Público no es algo nuevo que pueda aplicarse ahora por vez primera. De hecho, el anterior Gobierno socialista ya lo puso en práctica hace ahora algo más de tres años, y entonces los afectados fueron los fiscales de Anticorrupción y del Tribunal Constitucional. Motivos económicos, valoración de riesgo de manera individual e insuficiencia de policías nacionales para atender ese servicio fueron los motivos esgrimidos por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para justificar la decisión que adoptó entonces Interior, al frente del cual estaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
Así, en la Fiscalía Especial contra la Corrupción, encargada de la investigación a banda criminales organizadas –cuya instrucción y enjuiciamiento corresponde a la Audiencia– o las actividades de la «camorra», sólo quedaron con escoltas 3 de los 16 fiscales –además del fiscal jefe, que tiene la condición de fiscal de Sala, y de la teniente fiscal–.
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_447489/historico/3362-interior-decidira-caso-a-caso-sobre-la-retirada-de-los-escoltas
