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Bruselas estudia la legalidad de las ayudas públicas para la seguridad de los atuneros
El documento enviado por el Gobierno español incorpora las consideraciones realizadas ya por la CE
P. PIÑEIRO - VIGO
Las ayudas públicas que esperan los armadores de la flota atunera española que faena en el océano Índico para costear la mitad de los gastos que les ocasiona el embarque de agentes de seguridad privada a bordo como protección contra los ataques de los piratas somalíes están pendientes de la autorización de la Unión Europea, que tiene de plazo hasta el mes de septiembre para decidir si las autoriza o las rechaza.
Por tener la consideración de ayudas de Estado –que Bruselas "mira siempre con lupa"– deben estar bien justificadas y sujetas al cumplimiento de unas determinadas y estrictas condiciones que impone Bruselas y evitar cuantiosísimas sanciones si no se otorgan indebidamente.
Mientras fuentes del sector aseguraban a este diario que la Unión Europea rechazó el pasado mes de julio un primer documento enviado por el Gobierno español para regular tales ayudas públicas –lo que habría obligado a la redacción de uno nuevo para ajustarse a los criterios de Bruselas–, desde el Ministerio de Medio Marino la información facilitada ayer se limitaba a informar de que las autoridades comunitarias estudian en estos momentos "el documento enviado por la Secretaría General del Mar, que ya incorpora las consideraciones hechas en su momento por la Comisión en relación con las características de esta ayuda".
Si Bruselas da luz verde a la propuesta española podría aprobarse el decreto que oficializase tales ayudas y que obligaría a la Administración Central a costear el 25% del gasto de los atuneros en seguridad privada mientras que el restante 25% lo asumirían las comunidades autómomas donde tienen su puerto base estos buques, es decir, País vasco, Galicia y Andalucía.
En el caso del País Vasco, a donde pertenece la práctica totalidad de la flota atunera– su gobierno tiene ya prácticamente lista la orden para hacer efectiva su parte de las ayudas, lo mismo que el gobierno gallego, que el junio confirmaba a este diario su disposición asumir el coste del 25% de la seguridad privada del único atunero con base en Galicia que opera en el Índico, que tiene su base en Vigo.
La flota atunera española en el Índico está integrada en la actualidad por trece buques congeladores, además de por otros tres buques de apoyo.
Desde el pasado otoño y ante la escalada de ataques piratas, el Gobierno autorizó el embarque de agentes armados de seguridad privada, además de comprometerse a asumir junto con las comunidades autónomas el 50% del coste de esta vigilancia. Cada uno de los buques cuenta con cuatro agentes de seguridad, lo que, según las estimaciones de empresarios del sector, se traduce en un coste cercano a los 450.000 euros al año en salarios, más viajes y manutención.
Por otra parte, ayer piratas somalíes secuestraron el carguero "Syria Star," con bandera del archipiélago caribeño de San Vicente y las Granadinas, mientras navegaba por el golfo de Adén con una tripulación de veintidós sirios y dos egipcios. Con éste, son al menos 23 los barcos y 424 los tripulantes secuestrados en el Índico y el golfo de Adén, según Ecoterra.
www.farodevigo.es
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/vigilantes-de-seguridad-y-especialidades-f1/bruselas-estudia-la-legalidad-de-las-ayudas-publicas-para-la-seguridad-de-los-atuneros-t7682.htm
El documento enviado por el Gobierno español incorpora las consideraciones realizadas ya por la CE
P. PIÑEIRO - VIGO
Las ayudas públicas que esperan los armadores de la flota atunera española que faena en el océano Índico para costear la mitad de los gastos que les ocasiona el embarque de agentes de seguridad privada a bordo como protección contra los ataques de los piratas somalíes están pendientes de la autorización de la Unión Europea, que tiene de plazo hasta el mes de septiembre para decidir si las autoriza o las rechaza.
Por tener la consideración de ayudas de Estado –que Bruselas "mira siempre con lupa"– deben estar bien justificadas y sujetas al cumplimiento de unas determinadas y estrictas condiciones que impone Bruselas y evitar cuantiosísimas sanciones si no se otorgan indebidamente.
Mientras fuentes del sector aseguraban a este diario que la Unión Europea rechazó el pasado mes de julio un primer documento enviado por el Gobierno español para regular tales ayudas públicas –lo que habría obligado a la redacción de uno nuevo para ajustarse a los criterios de Bruselas–, desde el Ministerio de Medio Marino la información facilitada ayer se limitaba a informar de que las autoridades comunitarias estudian en estos momentos "el documento enviado por la Secretaría General del Mar, que ya incorpora las consideraciones hechas en su momento por la Comisión en relación con las características de esta ayuda".
Si Bruselas da luz verde a la propuesta española podría aprobarse el decreto que oficializase tales ayudas y que obligaría a la Administración Central a costear el 25% del gasto de los atuneros en seguridad privada mientras que el restante 25% lo asumirían las comunidades autómomas donde tienen su puerto base estos buques, es decir, País vasco, Galicia y Andalucía.
En el caso del País Vasco, a donde pertenece la práctica totalidad de la flota atunera– su gobierno tiene ya prácticamente lista la orden para hacer efectiva su parte de las ayudas, lo mismo que el gobierno gallego, que el junio confirmaba a este diario su disposición asumir el coste del 25% de la seguridad privada del único atunero con base en Galicia que opera en el Índico, que tiene su base en Vigo.
La flota atunera española en el Índico está integrada en la actualidad por trece buques congeladores, además de por otros tres buques de apoyo.
Desde el pasado otoño y ante la escalada de ataques piratas, el Gobierno autorizó el embarque de agentes armados de seguridad privada, además de comprometerse a asumir junto con las comunidades autónomas el 50% del coste de esta vigilancia. Cada uno de los buques cuenta con cuatro agentes de seguridad, lo que, según las estimaciones de empresarios del sector, se traduce en un coste cercano a los 450.000 euros al año en salarios, más viajes y manutención.
Por otra parte, ayer piratas somalíes secuestraron el carguero "Syria Star," con bandera del archipiélago caribeño de San Vicente y las Granadinas, mientras navegaba por el golfo de Adén con una tripulación de veintidós sirios y dos egipcios. Con éste, son al menos 23 los barcos y 424 los tripulantes secuestrados en el Índico y el golfo de Adén, según Ecoterra.
www.farodevigo.es
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/vigilantes-de-seguridad-y-especialidades-f1/bruselas-estudia-la-legalidad-de-las-ayudas-publicas-para-la-seguridad-de-los-atuneros-t7682.htm
