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El intrusismo ha sido siempre un problema en el sector de la vigilancia privada. Pero con la crisis se ha agravado. Esa fue una de las conclusiones de la cuarta edición de la Convención de Seguridad, organizada por la Policía Nacional y compañías del sector. Sólo en lo que va de año, se han abierto unos 50 expedientes a empresas “piratas”.
Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera a sus gastos. “Y en el primer sitio en el que recortan es la seguridad”, apuntó José Miguel Vicaría, director de Esabe y uno de los organizadores del acto. El comisario Daniel Salgado también comparte esta teoría. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que hagan las funciones de vigilancia. No están preparados, pero resulta más barato. Lo que quizás no sepan es que se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría de Jaén. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no está preparado, tal y como coincidieron muchos de los asistentes.
Detrás de muchas personas que trabajan como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares de seguridad, controladores de accesos o conserjes, lo que hay son intrusos que ejercen unas labores de seguridad que la Ley de Seguridad Privada sólo permite realizar a los vigilantes habilitados por el Ministerio de Interior. Sólo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén autorizados.
Y estos sólo deben hacer las funciones que les encomienda la ley por lo que no están, por ejemplo, para supervisar una caldera de calefacción o recoger los carritos del supermercado. Lo suyo es vigilar para garantizar la seguridad. Para ser vigilante es necesario superar una formación en un centro reglado. Y después aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física, además de aportar el oportuno reconocimiento médico. Superadas esas pruebas, ya se tiene la habilitación para trabajar como vigilante, pero no pueden hacerlo directamente, sino que estos profesionales tienen que estar contratados siempre a través de una empresa homologada.
Actualmente, en la provincia funcionan unas treinta compañías dedicadas al sector de la seguridad, al que se dedican unos 800 profesionales, según los datos aportados por José Miguel Vicaría. “El negocio no está muy boyante”, explicaron algunos de los empresarios asistentes, que volvieron a hacer hincapié en que han perdido clientes por el intrusismo.
Distinciones. La Convención sirvió también para entregar las treinta y dos menciones honoríficas a personal de seguridad privada que, en el ejercicio de sus funciones, evitó la comisión de delitos. Cuatro de esas condecoraciones reconocieron los méritos de vigilantes que fueron más allá de su deber y que, incluso, pusieron en peligro su integridad física. Así, evitaron un atraco, colaboraron en la desarticulación de una banda que robaba vehículos de alta gama o participaron en la detención de un expoliador.
FUENTE: diariojaen
Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera a sus gastos. “Y en el primer sitio en el que recortan es la seguridad”, apuntó José Miguel Vicaría, director de Esabe y uno de los organizadores del acto. El comisario Daniel Salgado también comparte esta teoría. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que hagan las funciones de vigilancia. No están preparados, pero resulta más barato. Lo que quizás no sepan es que se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría de Jaén. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no está preparado, tal y como coincidieron muchos de los asistentes.
Detrás de muchas personas que trabajan como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares de seguridad, controladores de accesos o conserjes, lo que hay son intrusos que ejercen unas labores de seguridad que la Ley de Seguridad Privada sólo permite realizar a los vigilantes habilitados por el Ministerio de Interior. Sólo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén autorizados.
Y estos sólo deben hacer las funciones que les encomienda la ley por lo que no están, por ejemplo, para supervisar una caldera de calefacción o recoger los carritos del supermercado. Lo suyo es vigilar para garantizar la seguridad. Para ser vigilante es necesario superar una formación en un centro reglado. Y después aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física, además de aportar el oportuno reconocimiento médico. Superadas esas pruebas, ya se tiene la habilitación para trabajar como vigilante, pero no pueden hacerlo directamente, sino que estos profesionales tienen que estar contratados siempre a través de una empresa homologada.
Actualmente, en la provincia funcionan unas treinta compañías dedicadas al sector de la seguridad, al que se dedican unos 800 profesionales, según los datos aportados por José Miguel Vicaría. “El negocio no está muy boyante”, explicaron algunos de los empresarios asistentes, que volvieron a hacer hincapié en que han perdido clientes por el intrusismo.
Distinciones. La Convención sirvió también para entregar las treinta y dos menciones honoríficas a personal de seguridad privada que, en el ejercicio de sus funciones, evitó la comisión de delitos. Cuatro de esas condecoraciones reconocieron los méritos de vigilantes que fueron más allá de su deber y que, incluso, pusieron en peligro su integridad física. Así, evitaron un atraco, colaboraron en la desarticulación de una banda que robaba vehículos de alta gama o participaron en la detención de un expoliador.
FUENTE: diariojaen
