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Oviedo, L. Á. V.
El estudio de la Asociación Profesional de las Compañías Privadas de Seguridad (Aproser) revela que un 90 por ciento de los asturianos considera esencial la labor de los vigilantes. Esta buena percepción del trabajo de un colectivo integrado por 2.000 personas está 14 puntos por encima de la media nacional, según el presidente de Aproser, Eduardo Cobas. Los asturianos estiman que la seguridad debe correr a cargo de las fuerzas de Policía, pero no están disconformes con una mayor presencia de vigilantes en zonas comerciales para una respuesta más rápida a los delitos. Los ciudadanos también consideran que se debe incrementar la presencia de vigilantes en centros educativos. Aunque el sector ha visto reducida su facturación un 4 por ciento, se ha marcado como objetivo mantener el empleo.
El artículo 550 del Código Penal castiga como reos de atentado a «los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas». La fiscalía estima que serán «sujetos pasivos de este delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad».
Las penas por atentado van de dos a cuatro años en caso de que se ataque a la autoridad, y uno a tres años para las agresiones a sus agentes o funcionarios. Los atentados a diputados, senadores, miembros del Gobierno o altos magistrados conllevan penas de entre cuatro y seis años.
El estudio de la Asociación Profesional de las Compañías Privadas de Seguridad (Aproser) revela que un 90 por ciento de los asturianos considera esencial la labor de los vigilantes. Esta buena percepción del trabajo de un colectivo integrado por 2.000 personas está 14 puntos por encima de la media nacional, según el presidente de Aproser, Eduardo Cobas. Los asturianos estiman que la seguridad debe correr a cargo de las fuerzas de Policía, pero no están disconformes con una mayor presencia de vigilantes en zonas comerciales para una respuesta más rápida a los delitos. Los ciudadanos también consideran que se debe incrementar la presencia de vigilantes en centros educativos. Aunque el sector ha visto reducida su facturación un 4 por ciento, se ha marcado como objetivo mantener el empleo.
El artículo 550 del Código Penal castiga como reos de atentado a «los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas». La fiscalía estima que serán «sujetos pasivos de este delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad».
Las penas por atentado van de dos a cuatro años en caso de que se ataque a la autoridad, y uno a tres años para las agresiones a sus agentes o funcionarios. Los atentados a diputados, senadores, miembros del Gobierno o altos magistrados conllevan penas de entre cuatro y seis años.
