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Piden 150 euros y una indemnización por daños morales al joven que mató a un perro en Bueu
El fiscal solicita también al presunto agresor que restituya el valor del animal
CÉSAR COLLARTE - BUEU Una indemnización por daños morales, otra por el valor del perro, una multa de cuatro euros diarios durante 15 días y 90 euros por el coste de la veterinaria. Ésa fue la petición que ayer realizó el Ministerio Fiscal en el juicio al joven acusado de haber matado a un perro de una patada el pasado mes de noviembre en Bueu. El juicio, que se desarrolló en la sala número de 2 de los Juzgados de Marín, quedó visto para sentencia después de haber escuchado la versión de la parte acusadora, José Díaz, y la parte acusada, Iván G.B., ninguno de los cuales presentó ni abogado ni testigos para corroborar sus versiones.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre en la confluencia de las calles Pazos Fontenla y Daniel Castelao, en pleno centro de Bueu. Por ahí paseaba el demandante, José Díaz, con sus dos perros, uno de raza caniche y otro mestizo, este último de nueve años de edad y siete kilos de peso. Ambos, tal y como defendió el demandante, atados con sus correspondientes correas. Entonces, y siempre según la versión de José Díaz, otro perro, de los denominados "ratoneros", mordió al mestizo, lo que hizo que el acusador lo separase con el pie mientras le decía al dueño, Iván, G.B., que debía llevarlo atado.
Iván G.B. le recriminó al demandante "si estaba tonto", a la vez que le amenazó con "darle una bofetada", tal y como recoge la denuncia. El perro ratonero volvió a morder al mestizo, lo que hizo que Díaz volviese a separarlo con el pie. Eso motivó que el demandado le propinase una patada al perro mestizo, dejándolo inmóvil en el suelo. Díaz admitió en el juicio que tras esto le dio un puñetazo, recibiendo otro del denunciado.
Acto seguido se dirigió con el perro a un centro veterinario y posteriormente a una clínica de Marín, en donde certificaron la muerte del animal "por un shock provocado por el golpe".
Iván G.B., por su parte, admitió los hechos en parte, pero aclaró que su reacción vino motivada porque el denunciante le había dado previamente una patada a su perro con cierta violencia, aunque, a preguntas del juez admitió que no tenía ninguna lesión. Asimismo, apuntó que tras el incidente fue José Díaz el que lo golpeó en dos ocasiones, sin que él devolviese los golpes en ningún momento.
En cuanto a las cantidades de las indemnizaciones no fueron fijadas en la petición fiscal, habida cuenta de que José Díaz no dio ninguna cifra, "ya que el valor que tenía ese perro era sentimental y terapéutico". Ahora corresponderá al juez fijar la valía del animal, así como la cantidad que retribuya los daños morales ocasionados por la muerte del perro.
El demandante, que acudió desde Madrid, donde reside, al juicio, apuntó que su intención es la de sentar un precedente. "Que se haga justicia si algún individuo hace lo mismo. No es habitual que en un pueblo de esta zona se castigue a alguien por matar a un perro", subraya. En idénticos términos se expresó la presidenta de la Protectora de Animales de Marín, Nieves Taracido, que también estuvo presente en la sala. "Es el primer caso de este tipo en la provincia del que tengamos noticias. Son hechos gravísimos y hay que darles la mayor difusión posible", señala.
El fiscal solicita también al presunto agresor que restituya el valor del animal
CÉSAR COLLARTE - BUEU Una indemnización por daños morales, otra por el valor del perro, una multa de cuatro euros diarios durante 15 días y 90 euros por el coste de la veterinaria. Ésa fue la petición que ayer realizó el Ministerio Fiscal en el juicio al joven acusado de haber matado a un perro de una patada el pasado mes de noviembre en Bueu. El juicio, que se desarrolló en la sala número de 2 de los Juzgados de Marín, quedó visto para sentencia después de haber escuchado la versión de la parte acusadora, José Díaz, y la parte acusada, Iván G.B., ninguno de los cuales presentó ni abogado ni testigos para corroborar sus versiones.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre en la confluencia de las calles Pazos Fontenla y Daniel Castelao, en pleno centro de Bueu. Por ahí paseaba el demandante, José Díaz, con sus dos perros, uno de raza caniche y otro mestizo, este último de nueve años de edad y siete kilos de peso. Ambos, tal y como defendió el demandante, atados con sus correspondientes correas. Entonces, y siempre según la versión de José Díaz, otro perro, de los denominados "ratoneros", mordió al mestizo, lo que hizo que el acusador lo separase con el pie mientras le decía al dueño, Iván, G.B., que debía llevarlo atado.
Iván G.B. le recriminó al demandante "si estaba tonto", a la vez que le amenazó con "darle una bofetada", tal y como recoge la denuncia. El perro ratonero volvió a morder al mestizo, lo que hizo que Díaz volviese a separarlo con el pie. Eso motivó que el demandado le propinase una patada al perro mestizo, dejándolo inmóvil en el suelo. Díaz admitió en el juicio que tras esto le dio un puñetazo, recibiendo otro del denunciado.
Acto seguido se dirigió con el perro a un centro veterinario y posteriormente a una clínica de Marín, en donde certificaron la muerte del animal "por un shock provocado por el golpe".
Iván G.B., por su parte, admitió los hechos en parte, pero aclaró que su reacción vino motivada porque el denunciante le había dado previamente una patada a su perro con cierta violencia, aunque, a preguntas del juez admitió que no tenía ninguna lesión. Asimismo, apuntó que tras el incidente fue José Díaz el que lo golpeó en dos ocasiones, sin que él devolviese los golpes en ningún momento.
En cuanto a las cantidades de las indemnizaciones no fueron fijadas en la petición fiscal, habida cuenta de que José Díaz no dio ninguna cifra, "ya que el valor que tenía ese perro era sentimental y terapéutico". Ahora corresponderá al juez fijar la valía del animal, así como la cantidad que retribuya los daños morales ocasionados por la muerte del perro.
El demandante, que acudió desde Madrid, donde reside, al juicio, apuntó que su intención es la de sentar un precedente. "Que se haga justicia si algún individuo hace lo mismo. No es habitual que en un pueblo de esta zona se castigue a alguien por matar a un perro", subraya. En idénticos términos se expresó la presidenta de la Protectora de Animales de Marín, Nieves Taracido, que también estuvo presente en la sala. "Es el primer caso de este tipo en la provincia del que tengamos noticias. Son hechos gravísimos y hay que darles la mayor difusión posible", señala.
