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Por Admin el Lun 14 Dic 2009 - 20:38
Tras los últimos atentados de ETA, la Policía vuelve a exigir a Interior una ley que acabe con los abusos contra los guardaespaldas
El pasado 7 de agosto, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario entre los agentes, volvía a poner sobre la mesa la polémica de los escoltas. En un comunicado en el que denunciaba la falta de seguridad de las casas cuartel de la Guardia Civil puestas de manifiesto tras los últimos atentados de ETA, sus dirigentes calificaban de "prácticas corruptas del régimen franquista" el hecho de que, según ellos, aún se prime la seguridad de "unos cuantos privilegiados" sobre el colectivo de miembros de las Fuerzas de Seguridad. "Miles de personas de este país consumen millones de euros del presupuesto público en escoltas, vehículos, dietas, etc., siendo su nivel de riesgo bastante menor que el que soportan hoy todas las casas cuartel de la Guardia Civil", recalcaban.
La acusación no es nueva, pero pocas veces se había hecho con tanta dureza. Tampoco es nueva la reclamación al Ministerio de Interior para que redacte una Ley de Seguridad y Protección que detalle qué personalidades precisan protección, las obligaciones que conlleva tenerla y cuándo se retira. Con ella, los sindicatos policiales pretenden evitar situaciones como la denunciada en abril por Público, sobre supuestos malos tratos del ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos a sus escoltas. "Se trata de proteger a las personas por el riesgo que corren, no a las que tengan tal o cual cargo político como ocurre actualmente", aseguran las fuentes policiales consultadas. Desde el SUP son más rotundos: "La inmensa mayoría de los servicios de escolta no está justificada".
La Unidad Central de Protección es, con 2.327 agentes, la más grande de EspañaMientras esta ley llega, los responsables policiales aplican una norma no escrita por la cual los miembros salientes del Gobierno mantienen durante seis meses la protección y se les retira progresivamente. Sólo los ex presidentes, ex vicepresidentes, los ministros de Interior y Justicia y los altos cargos de ambos departamentos las mantienen por tiempo indefinido o, como le gusta definirlo a un escolta consultado, "de modo vitalicio".
Las fuentes policiales consultadas recuerdan que, por ejemplo, los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera disponen de seguridad 20 y 15 años después, respectivamente, de haber dejado su cargo. Otro ex cargo de Interior que ha disfrutado durante largos años de protección ha sido quien fuera director general de la Policía hasta julio de 1991, José María Rodríguez Colorado. Condenado a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos, recuperó la protección tras acceder al tercer grado penitenciario en abril de 2005. Una seguridad que dejó de recibir hace sólo un año, cuando fue una de las 60 personas a las que el Gobierno retiró la escolta para recuperar a cerca de 170 agentes para otras funciones policiales.
Una única reducción
Aquella reducción ha sido, de hecho, la única que se han atrevido a emprender los gobiernos desde la época de Felipe González. Hasta ahora, los Ejecutivos de un signo y otro se habían sucedido sin atreverse a quitar la escolta a sus antecesores. Alfredo Pérez Rubalcaba acometió la primera, aunque mucho más reducida de la que los propios mandos de la Unidad Central de Protección recomiendan desde hace años en sus informes internos. "Iba a haber una segunda tanda que afectaba sobre todo a los fiscales del Tribunal Supremo", asegura a este diario un responsable policial, quien detalla que se pidió a este órgano que valorase quién podía prescindir de la protección policial. El silencio del Supremo ha dejado por el momento aparcada la iniciativa. Este verano ha habido un nuevo amago de reducción en el ámbito de la Justicia, en concreto en la Audiencia Nacional, pero sólo para las vacaciones. Los afectados se quejaron.
El Supremo contestó a Interior con el silencio cuando le pidió reducir sus escoltadosDesde Interior se aducen razones de seguridad para justificar su negativa a facilitar datos sobre el número de personas escoltadas o el de agentes dedicados a esta misión. Una fuente autorizada del Ministerio asegura que la protección se presta siempre "en función de los criterios operativos que deciden las Fuerzas de Seguridad del Estado". La cifra de policías encuadrados en la Unidad Central de Protección, 2.327, da una clara idea del costo en personal que supone proteger a lo que en la propia terminología de una unidad se denominan VIP. "Es la unidad policial más grande de España" reconoce uno de sus integrantes, quien añade que a estos hay que sumar varios miles de agentes destinados a la misma misión en las distintas jefaturas superiores y otras unidades, medio millar de ertzainas y un número indeterminado de guardias civiles, sin olvidar los cerca de 2.000 escoltas privados que el Gobierno central y vasco han contratado en Euskadi y Navarra para proteger a los cargos públicos de la amenaza etarra. Escoltas privados que costarán este año 102 millones de euros a Madrid y otros 69,5 millones al Ejecutivo de Vitoria.
La escolta realizada por agentes policiales tampoco es barata. Aunque Interior se niega a cuantificarla alegando que ese coste ya está incluido en los Presupuestos como gasto de personal, un simple cálculo da idea de su volumen. El salario medio de un integrante de la Unidad Central de Protección se sitúa en torno a los 1.700 euros mensuales. Si se destinan entre cuatro y 18 policías por protegido en función de su cargo y nivel de riesgo, la factura se sitúa entre los 6.800 y los 30.600 euros mensuales por cada uno. Cifras a las que, recuerdan los agentes consultados, hay que sumar gastos en gasolina, dietas, viajes y un largo etcétera. "Mucho dinero para que luego nos traten como mayordomos", insiste un policía.
Los escoltas consultados recuerdan que hace años la Comisaría General de Seguridad Ciudadana entregaba a las personalidad que pasaban a tener la condición de escoltados un díptico con diez recomendaciones. Una de ellas recalcaba que "el policía está para protegerle, por ello, cualquier actividad, encargo o tarea que lo distraiga de esta función restará eficacia a la misma". Hoy, esa frase, mitad consejo mitad advertencia, sigue vigente, aunque ni entonces ni ahora parece influir en el comportamiento de algunos políticos y personalidades que, según el SUP, perciben este servicio como una "distinción social".
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/escoltas-f9/escoltas-a-quien-proteger-y-hasta-cuando-t2197.htm
Tras los últimos atentados de ETA, la Policía vuelve a exigir a Interior una ley que acabe con los abusos contra los guardaespaldas
El pasado 7 de agosto, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario entre los agentes, volvía a poner sobre la mesa la polémica de los escoltas. En un comunicado en el que denunciaba la falta de seguridad de las casas cuartel de la Guardia Civil puestas de manifiesto tras los últimos atentados de ETA, sus dirigentes calificaban de "prácticas corruptas del régimen franquista" el hecho de que, según ellos, aún se prime la seguridad de "unos cuantos privilegiados" sobre el colectivo de miembros de las Fuerzas de Seguridad. "Miles de personas de este país consumen millones de euros del presupuesto público en escoltas, vehículos, dietas, etc., siendo su nivel de riesgo bastante menor que el que soportan hoy todas las casas cuartel de la Guardia Civil", recalcaban.
La acusación no es nueva, pero pocas veces se había hecho con tanta dureza. Tampoco es nueva la reclamación al Ministerio de Interior para que redacte una Ley de Seguridad y Protección que detalle qué personalidades precisan protección, las obligaciones que conlleva tenerla y cuándo se retira. Con ella, los sindicatos policiales pretenden evitar situaciones como la denunciada en abril por Público, sobre supuestos malos tratos del ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos a sus escoltas. "Se trata de proteger a las personas por el riesgo que corren, no a las que tengan tal o cual cargo político como ocurre actualmente", aseguran las fuentes policiales consultadas. Desde el SUP son más rotundos: "La inmensa mayoría de los servicios de escolta no está justificada".
La Unidad Central de Protección es, con 2.327 agentes, la más grande de EspañaMientras esta ley llega, los responsables policiales aplican una norma no escrita por la cual los miembros salientes del Gobierno mantienen durante seis meses la protección y se les retira progresivamente. Sólo los ex presidentes, ex vicepresidentes, los ministros de Interior y Justicia y los altos cargos de ambos departamentos las mantienen por tiempo indefinido o, como le gusta definirlo a un escolta consultado, "de modo vitalicio".
Las fuentes policiales consultadas recuerdan que, por ejemplo, los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera disponen de seguridad 20 y 15 años después, respectivamente, de haber dejado su cargo. Otro ex cargo de Interior que ha disfrutado durante largos años de protección ha sido quien fuera director general de la Policía hasta julio de 1991, José María Rodríguez Colorado. Condenado a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos, recuperó la protección tras acceder al tercer grado penitenciario en abril de 2005. Una seguridad que dejó de recibir hace sólo un año, cuando fue una de las 60 personas a las que el Gobierno retiró la escolta para recuperar a cerca de 170 agentes para otras funciones policiales.
Una única reducción
Aquella reducción ha sido, de hecho, la única que se han atrevido a emprender los gobiernos desde la época de Felipe González. Hasta ahora, los Ejecutivos de un signo y otro se habían sucedido sin atreverse a quitar la escolta a sus antecesores. Alfredo Pérez Rubalcaba acometió la primera, aunque mucho más reducida de la que los propios mandos de la Unidad Central de Protección recomiendan desde hace años en sus informes internos. "Iba a haber una segunda tanda que afectaba sobre todo a los fiscales del Tribunal Supremo", asegura a este diario un responsable policial, quien detalla que se pidió a este órgano que valorase quién podía prescindir de la protección policial. El silencio del Supremo ha dejado por el momento aparcada la iniciativa. Este verano ha habido un nuevo amago de reducción en el ámbito de la Justicia, en concreto en la Audiencia Nacional, pero sólo para las vacaciones. Los afectados se quejaron.
El Supremo contestó a Interior con el silencio cuando le pidió reducir sus escoltadosDesde Interior se aducen razones de seguridad para justificar su negativa a facilitar datos sobre el número de personas escoltadas o el de agentes dedicados a esta misión. Una fuente autorizada del Ministerio asegura que la protección se presta siempre "en función de los criterios operativos que deciden las Fuerzas de Seguridad del Estado". La cifra de policías encuadrados en la Unidad Central de Protección, 2.327, da una clara idea del costo en personal que supone proteger a lo que en la propia terminología de una unidad se denominan VIP. "Es la unidad policial más grande de España" reconoce uno de sus integrantes, quien añade que a estos hay que sumar varios miles de agentes destinados a la misma misión en las distintas jefaturas superiores y otras unidades, medio millar de ertzainas y un número indeterminado de guardias civiles, sin olvidar los cerca de 2.000 escoltas privados que el Gobierno central y vasco han contratado en Euskadi y Navarra para proteger a los cargos públicos de la amenaza etarra. Escoltas privados que costarán este año 102 millones de euros a Madrid y otros 69,5 millones al Ejecutivo de Vitoria.
La escolta realizada por agentes policiales tampoco es barata. Aunque Interior se niega a cuantificarla alegando que ese coste ya está incluido en los Presupuestos como gasto de personal, un simple cálculo da idea de su volumen. El salario medio de un integrante de la Unidad Central de Protección se sitúa en torno a los 1.700 euros mensuales. Si se destinan entre cuatro y 18 policías por protegido en función de su cargo y nivel de riesgo, la factura se sitúa entre los 6.800 y los 30.600 euros mensuales por cada uno. Cifras a las que, recuerdan los agentes consultados, hay que sumar gastos en gasolina, dietas, viajes y un largo etcétera. "Mucho dinero para que luego nos traten como mayordomos", insiste un policía.
Los escoltas consultados recuerdan que hace años la Comisaría General de Seguridad Ciudadana entregaba a las personalidad que pasaban a tener la condición de escoltados un díptico con diez recomendaciones. Una de ellas recalcaba que "el policía está para protegerle, por ello, cualquier actividad, encargo o tarea que lo distraiga de esta función restará eficacia a la misma". Hoy, esa frase, mitad consejo mitad advertencia, sigue vigente, aunque ni entonces ni ahora parece influir en el comportamiento de algunos políticos y personalidades que, según el SUP, perciben este servicio como una "distinción social".
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/escoltas-f9/escoltas-a-quien-proteger-y-hasta-cuando-t2197.htm
