Índice
UNA VÍCTIMA, UN ESCOLTA
VÍCTIMAS DE GÉNERO, NUEVOS ESCOLTAS
Desgraciadamente, el desarrollo de las sociedades modernas arrastra un crecimiento paralelo de los niveles delincuenciales, y la aparición de nuevas «enfermedades sociales» que demandan respuestas legales y de protección. Es el caso de la violencia de género que, a pesar de las campañas de concienciación y las reformas legislativas, según las estadísticas, arremete de forma imparable como un agente desestabilizador de los principios más elementales de seguridad y del derecho a la vida.
La implantación de medidas penales cautelares, la creación de colectivos de apoyo tanto públicos como privados, y el esfuerzo en el diseño de programas terapéuticos y tratamientos psicológicos combaten esta lacra en la medida de lo posible. Pero, el «modus operandi» y el perfil psicológico del agresor en los casos de malos tratos exige una protección física, directa y continua para aquellas víctimas que, por los antecedentes o las particulares condiciones del proceso, se consideren de mayor riesgo.
El Gobierno de Navarra, especialmente sensibilizado con el problema, ha tomado ya cartas en el asunto, mediante la implantación de servicios de protección personal a mujeres víctimas de violencia de género, proporcionados por profesionales de seguridad privada. Estas víctimas no sólo están expuestas a un ataque físico (en algunos casos no el primero), sino que arrastran un desgaste psicológico y emocional como resultado de haber padecido las consecuencias más inaceptables de la sociedad patriarcal. Son mujeres que necesitan recorrer un largo camino de reintegración social, y una normalización interior que higienice un contaminado poso de residuos machistas, ya asumidos por la víctima. Y para su seguridad, el escolta va a necesitar un alto grado de cooperación en los aspectos menos cómodos inherentes a los servicios de protección personal, en los que el afectado siempre tiene que pagar un alto precio en concepto de pérdida de libertad e intimidad. Pero cuando los índices de riesgo son tan elevados, y los daños en caso de materialización del mismo pueden ser irreparables, le hacen plantearse a uno el atrevimiento de cuestionar la aplicación a este caso de las palabras de Benjamín Franklin… «Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad».
El planteamiento de seguridad que ha de adoptarse con las mujeres que requieren protección difiere sustancialmente de los parámetros aplicables al desarrollo de los servicios de escolta del VIP, tal como se establece tradicionalmente. En primer lugar, será necesario un adecuado análisis de riesgos, específico y realista, que descubra las vulnerabilidades de la víctima en función de su entorno y actividad. Para ello, el escolta deberá ser capaz de realizar un profundo cambio de registro, introduciendo una serie de variantes diferentes a los planteamientos de prevención ante ataques por terrorismo o secuestro económico. Lógicamente, el tipo de agresión en el caso que nos ocupa suele presentar una elaboración más «artesanal» que la de los grupos organizados, pero, seguramente, con una probabilidad de materialización superior a la de la mayoría de amenazas, y con unos resultados de daño causado cualitativamente invalorables. Para anticiparse a la acción del agresor será fundamental el conocimiento del perfil de éste, huyendo de prejuicios y estereotipos predeterminados. El escolta debe ser consciente de que el maltratador no se circunscribe a un entorno social, económico, cultural o profesional concreto. No buscaremos un individuo explícitamente agresivo, ni que evidencie actitudes belicosas o provocadoras de forma genérica, puesto que, normalmente, este tipo de personas sólo manifiestan sus arrebatos de cólera ante sus mujeres.
La concepción del servicio de protección a víctimas de violencia de género deberá contemplar, desde su inicio, la creación de un riguroso expediente tan confidencial como minucioso, tan reservado como exhaustivo, que alimente un plan operativo sin fisuras. Para ello, el escolta deberá valorar los medios técnicos de que dispone y amoldarlos al tipo de respuesta. Deberá ser conocedor de la existencia y funcionamiento de posibles métodos de protección electrónica (dispositivos de teleasistencia, activadores de detección de sujetos…).
Igualmente imprescindible será la creación de unos protocolos de comunicación víctima-escolta, escolta-policía, víctima-policía que garanticen la transmisión de información de forma rápida y veraz, y un nivel máximo de efectividad, tanto en la prevención como en la intervención.
El conocimiento geográfico del entorno, tanto de la vivienda habitual, como del lugar del trabajo y de segundas residencias, deberá incluir la existencia de vías de evacuación peatonales y en vehículo, los posibles espacios de ocultación, las potenciales aglomeraciones en función de horarios y lugares, la localización de centros sanitarios y policiales, etc. No olvidemos que el agresor es, normalmente, perfecto conocedor de las actividades y movimientos de su víctima, especialmente cuando ésta está sometida a la previsible servidumbre de los horarios y calendarios de los hijos en edad escolar. Al igual que en los demás tipos de protección personal, la alternancia en horarios e itinerarios, en la medida de lo posible, es innegociable.
Por las particulares características del individuo que puede perpetrar ataques a víctimas de violencia de género, las medidas de autoprotección del propio escolta se extremarán al máximo. Los antecedentes de asesinos de mujeres que posteriormente se quitan la vida nos definen la acción desesperada propia de un «juramentado», lo que añade a la salvaguarda de la protegida y del propio protector un grado extra de dificultad. No olvidemos que el desencadenante en algunos casos de los ataques de ira que provocan este tipo de agresiones son los celos, por lo que la presencia permanente de un acompañante masculino para la víctima puede personalizar y hacer extensible el objeto de los ataques del maltratador a la figura del escolta. Esta situación debe traducirse, de forma ineludible y disciplinada, en la prolongación de las medidas de autoprotección del escolta a su tiempo libre y su vida privada. Así mismo, debe contemplarse la posibilidad de que el origen del ataque no proceda directamente del agresor, sino de un familiar u otras personas de su entorno, o incluso de un profesional contratado.
No menos importante será, en el caso de los servicios de protección prestados por personal de vigilancia privada, el seguimiento e inspección por parte tanto de los efectivos policiales, como de los de la propia empresa de seguridad. El control sobre la calidad del servicio evitará actitudes de confianza excesiva, acomodamientos o peligrosas rutinas de comportamiento. Esa supervisión del servicio deberá estructurarse desde el momento de designación del profesional de seguridad, en un proceso de selección orientado a buscar personas con un nivel de empatía óptimo, que permita establecer una relación protegida-escolta positiva para el desempeño de la protección. De esta forma, el escolta interiorizará las dificultades de reintegración social o laboral que pudiera tener la víctima, y adaptará su actividad al máximo nivel de flexibilidad que el principio básico de aseguramiento de su integridad física le permita. Será necesaria una especial sensibilidad para captar las dificultades que pudiera tener la víctima para adaptarse a la nueva situación, ya que son personas que no han sido preparadas previamente para la dinámica del acompañamiento. Será la profesionalidad del escolta la que aporte el asesoramiento necesario para que la víctima adquiera un nivel de confianza suficiente para incorporarse a la inercia operativa de la protección.
Por otra parte, el posible aprovechamiento de la legislación vigente para falsas acusaciones de malos tratos, y los atropellos a maridos producto de aplicaciones de la normativa tan estrictas como injustas, en lo referente a las custodias de los hijos, dificultan los esfuerzos mediáticos y administrativos, y la labor de tantas organizaciones orientada a sensibilizar a la sociedad de la magnitud del problema y del sufrimiento y el riesgo a que están sometidas las víctimas de la violencia de género.
Confiemos en la llegada de reformas legales eficaces, el impulso de medidas sociales, la concienciación de los ciudadanos y el destino de los recursos necesarios para acometer el problema con garantías. Pero, mientras tanto, preparemos al profesional de seguridad, con motivación y formación, porque, en última instancia, una vida puede estar en sus manos.
VÍCTIMAS DE GÉNERO, NUEVOS ESCOLTAS
Desgraciadamente, el desarrollo de las sociedades modernas arrastra un crecimiento paralelo de los niveles delincuenciales, y la aparición de nuevas «enfermedades sociales» que demandan respuestas legales y de protección. Es el caso de la violencia de género que, a pesar de las campañas de concienciación y las reformas legislativas, según las estadísticas, arremete de forma imparable como un agente desestabilizador de los principios más elementales de seguridad y del derecho a la vida.
La implantación de medidas penales cautelares, la creación de colectivos de apoyo tanto públicos como privados, y el esfuerzo en el diseño de programas terapéuticos y tratamientos psicológicos combaten esta lacra en la medida de lo posible. Pero, el «modus operandi» y el perfil psicológico del agresor en los casos de malos tratos exige una protección física, directa y continua para aquellas víctimas que, por los antecedentes o las particulares condiciones del proceso, se consideren de mayor riesgo.
El Gobierno de Navarra, especialmente sensibilizado con el problema, ha tomado ya cartas en el asunto, mediante la implantación de servicios de protección personal a mujeres víctimas de violencia de género, proporcionados por profesionales de seguridad privada. Estas víctimas no sólo están expuestas a un ataque físico (en algunos casos no el primero), sino que arrastran un desgaste psicológico y emocional como resultado de haber padecido las consecuencias más inaceptables de la sociedad patriarcal. Son mujeres que necesitan recorrer un largo camino de reintegración social, y una normalización interior que higienice un contaminado poso de residuos machistas, ya asumidos por la víctima. Y para su seguridad, el escolta va a necesitar un alto grado de cooperación en los aspectos menos cómodos inherentes a los servicios de protección personal, en los que el afectado siempre tiene que pagar un alto precio en concepto de pérdida de libertad e intimidad. Pero cuando los índices de riesgo son tan elevados, y los daños en caso de materialización del mismo pueden ser irreparables, le hacen plantearse a uno el atrevimiento de cuestionar la aplicación a este caso de las palabras de Benjamín Franklin… «Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad».
El planteamiento de seguridad que ha de adoptarse con las mujeres que requieren protección difiere sustancialmente de los parámetros aplicables al desarrollo de los servicios de escolta del VIP, tal como se establece tradicionalmente. En primer lugar, será necesario un adecuado análisis de riesgos, específico y realista, que descubra las vulnerabilidades de la víctima en función de su entorno y actividad. Para ello, el escolta deberá ser capaz de realizar un profundo cambio de registro, introduciendo una serie de variantes diferentes a los planteamientos de prevención ante ataques por terrorismo o secuestro económico. Lógicamente, el tipo de agresión en el caso que nos ocupa suele presentar una elaboración más «artesanal» que la de los grupos organizados, pero, seguramente, con una probabilidad de materialización superior a la de la mayoría de amenazas, y con unos resultados de daño causado cualitativamente invalorables. Para anticiparse a la acción del agresor será fundamental el conocimiento del perfil de éste, huyendo de prejuicios y estereotipos predeterminados. El escolta debe ser consciente de que el maltratador no se circunscribe a un entorno social, económico, cultural o profesional concreto. No buscaremos un individuo explícitamente agresivo, ni que evidencie actitudes belicosas o provocadoras de forma genérica, puesto que, normalmente, este tipo de personas sólo manifiestan sus arrebatos de cólera ante sus mujeres.
La concepción del servicio de protección a víctimas de violencia de género deberá contemplar, desde su inicio, la creación de un riguroso expediente tan confidencial como minucioso, tan reservado como exhaustivo, que alimente un plan operativo sin fisuras. Para ello, el escolta deberá valorar los medios técnicos de que dispone y amoldarlos al tipo de respuesta. Deberá ser conocedor de la existencia y funcionamiento de posibles métodos de protección electrónica (dispositivos de teleasistencia, activadores de detección de sujetos…).
Igualmente imprescindible será la creación de unos protocolos de comunicación víctima-escolta, escolta-policía, víctima-policía que garanticen la transmisión de información de forma rápida y veraz, y un nivel máximo de efectividad, tanto en la prevención como en la intervención.
El conocimiento geográfico del entorno, tanto de la vivienda habitual, como del lugar del trabajo y de segundas residencias, deberá incluir la existencia de vías de evacuación peatonales y en vehículo, los posibles espacios de ocultación, las potenciales aglomeraciones en función de horarios y lugares, la localización de centros sanitarios y policiales, etc. No olvidemos que el agresor es, normalmente, perfecto conocedor de las actividades y movimientos de su víctima, especialmente cuando ésta está sometida a la previsible servidumbre de los horarios y calendarios de los hijos en edad escolar. Al igual que en los demás tipos de protección personal, la alternancia en horarios e itinerarios, en la medida de lo posible, es innegociable.
Por las particulares características del individuo que puede perpetrar ataques a víctimas de violencia de género, las medidas de autoprotección del propio escolta se extremarán al máximo. Los antecedentes de asesinos de mujeres que posteriormente se quitan la vida nos definen la acción desesperada propia de un «juramentado», lo que añade a la salvaguarda de la protegida y del propio protector un grado extra de dificultad. No olvidemos que el desencadenante en algunos casos de los ataques de ira que provocan este tipo de agresiones son los celos, por lo que la presencia permanente de un acompañante masculino para la víctima puede personalizar y hacer extensible el objeto de los ataques del maltratador a la figura del escolta. Esta situación debe traducirse, de forma ineludible y disciplinada, en la prolongación de las medidas de autoprotección del escolta a su tiempo libre y su vida privada. Así mismo, debe contemplarse la posibilidad de que el origen del ataque no proceda directamente del agresor, sino de un familiar u otras personas de su entorno, o incluso de un profesional contratado.
No menos importante será, en el caso de los servicios de protección prestados por personal de vigilancia privada, el seguimiento e inspección por parte tanto de los efectivos policiales, como de los de la propia empresa de seguridad. El control sobre la calidad del servicio evitará actitudes de confianza excesiva, acomodamientos o peligrosas rutinas de comportamiento. Esa supervisión del servicio deberá estructurarse desde el momento de designación del profesional de seguridad, en un proceso de selección orientado a buscar personas con un nivel de empatía óptimo, que permita establecer una relación protegida-escolta positiva para el desempeño de la protección. De esta forma, el escolta interiorizará las dificultades de reintegración social o laboral que pudiera tener la víctima, y adaptará su actividad al máximo nivel de flexibilidad que el principio básico de aseguramiento de su integridad física le permita. Será necesaria una especial sensibilidad para captar las dificultades que pudiera tener la víctima para adaptarse a la nueva situación, ya que son personas que no han sido preparadas previamente para la dinámica del acompañamiento. Será la profesionalidad del escolta la que aporte el asesoramiento necesario para que la víctima adquiera un nivel de confianza suficiente para incorporarse a la inercia operativa de la protección.
Por otra parte, el posible aprovechamiento de la legislación vigente para falsas acusaciones de malos tratos, y los atropellos a maridos producto de aplicaciones de la normativa tan estrictas como injustas, en lo referente a las custodias de los hijos, dificultan los esfuerzos mediáticos y administrativos, y la labor de tantas organizaciones orientada a sensibilizar a la sociedad de la magnitud del problema y del sufrimiento y el riesgo a que están sometidas las víctimas de la violencia de género.
Confiemos en la llegada de reformas legales eficaces, el impulso de medidas sociales, la concienciación de los ciudadanos y el destino de los recursos necesarios para acometer el problema con garantías. Pero, mientras tanto, preparemos al profesional de seguridad, con motivación y formación, porque, en última instancia, una vida puede estar en sus manos.
