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Publicado el: 23/10/2013 09:14
Martinez pide que se abra un expediente por presunta vulneración de la Ley de Seguridad Privada y del decreto autonómico que regula el funcionamiento de la Policía Local
La guerra que mantienen abierta el equipo de gobierno de Benidorm -más concretamente la rama socialista- y el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) suma un nuevo capítulo. En una deriva incomprensible, el concejal del PSOE Juan Ramón Martínez ha pedido públicamente al alcalde, Agustín Navarro, que abra un expediente al secretario general de este sindicato, Francisco Ángel González, por presuntamente haber ejercido una actividad que “vulnera la Ley de la Seguridad Privada” y que sería “incompatible con su función al servicio de la administración pública como agente del cuerpo de la Policía Local”. Lo ha hecho en una comparecencia pública, en vez de solicitárselo directamente al regidor de su mismo grupo municipal, intentando estirar el asunto y contrarrestar la denuncia del sindicato al Ministerio Público.
Esta petición llega una semana después de que se supiera que la Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia presentada por el SPPLB contra el alcalde por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación a las contrataciones de personal masivas hechas por el Ayuntamiento en los años 2010 y 2011.
En el escrito remitido al alcalde, Martínez hace referencia a una publicación de la Secretaría de Estado de Seguridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que el nombre del secretario general del SPPLB aparece aparejado a un “procedimiento sancionador” abierto por “infracción a Ley de Seguridad Privada”. En ese anuncio de notificación González aparece como “denunciado”, aunque no el resultado de ese expediente.
Según ha explicado el edil socialista, este procedimiento derivaría del que abrió la Subdelgación del Gobierno de Alicante a raíz de unos hechos ocurridos en diciembre de 2007. Martínez ha señalado que, al parecer, en ese expediente se hacía referencia a que la Policía Nacional sorprendió a González trabajando para “una empresa privada para custodiar y trasladar dinero a entidades bancarias”. Una actividad que sólo pueden realizar los vigilantes privados y que no es compatible con la condición de agente de la Policía Local.
A resultas de estos hechos, según ha relatado el edil, la Subdelegación habría multado a la empresa con 200 euros y habría abierto un expediente al agente de la Policía Local. En el año 2011 el propio Martínez se hizo eco en rueda de prensa de estas informaciones, aparecidas en un diario de tirada nacional, y censuró los hechos.
El secretario general del sindicato interpuso entonces una querella por injurias y calumnias contra Martínez, que fue desestimada en julio de 2012 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. González recurrió y, según ha relatado el edil socialista, la querella finalmente ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Alicante.
Martínez basa su petición de que se abra un expediente a González en el archivo de esta querella y en el anuncio de notificación del BOE en el que aparece el representante sindical como denunciado por una infracción a la Ley de Seguridad Privada y que “podría aparejar la inhabilitación de su cargo como agente de la Policía Local de 3 a 6 años”. Algo que, en cualquier caso, debe determinar la propia Secretaría de Estado de Seguridad y que se desconoce si ha hecho.
Según el concejal del PSOE, es justamente el archivo de esa querella el que le lleva a pedir ahora al alcalde la apertura del expediente. Claro que el auto de la Audiencia dando carpetazo a la querella no es reciente, sino que data del pasado abril.
http://lamarinaplaza.com/2013/10/22/un-concejal-del-gobierno-pide-al-alcalde-que-expediente-al-secretario-general-del-sindicato-que-denuncio-las-contrataciones-masivas/
Martinez pide que se abra un expediente por presunta vulneración de la Ley de Seguridad Privada y del decreto autonómico que regula el funcionamiento de la Policía Local
La guerra que mantienen abierta el equipo de gobierno de Benidorm -más concretamente la rama socialista- y el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) suma un nuevo capítulo. En una deriva incomprensible, el concejal del PSOE Juan Ramón Martínez ha pedido públicamente al alcalde, Agustín Navarro, que abra un expediente al secretario general de este sindicato, Francisco Ángel González, por presuntamente haber ejercido una actividad que “vulnera la Ley de la Seguridad Privada” y que sería “incompatible con su función al servicio de la administración pública como agente del cuerpo de la Policía Local”. Lo ha hecho en una comparecencia pública, en vez de solicitárselo directamente al regidor de su mismo grupo municipal, intentando estirar el asunto y contrarrestar la denuncia del sindicato al Ministerio Público.
Esta petición llega una semana después de que se supiera que la Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia presentada por el SPPLB contra el alcalde por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación a las contrataciones de personal masivas hechas por el Ayuntamiento en los años 2010 y 2011.
En el escrito remitido al alcalde, Martínez hace referencia a una publicación de la Secretaría de Estado de Seguridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que el nombre del secretario general del SPPLB aparece aparejado a un “procedimiento sancionador” abierto por “infracción a Ley de Seguridad Privada”. En ese anuncio de notificación González aparece como “denunciado”, aunque no el resultado de ese expediente.
Según ha explicado el edil socialista, este procedimiento derivaría del que abrió la Subdelgación del Gobierno de Alicante a raíz de unos hechos ocurridos en diciembre de 2007. Martínez ha señalado que, al parecer, en ese expediente se hacía referencia a que la Policía Nacional sorprendió a González trabajando para “una empresa privada para custodiar y trasladar dinero a entidades bancarias”. Una actividad que sólo pueden realizar los vigilantes privados y que no es compatible con la condición de agente de la Policía Local.
A resultas de estos hechos, según ha relatado el edil, la Subdelegación habría multado a la empresa con 200 euros y habría abierto un expediente al agente de la Policía Local. En el año 2011 el propio Martínez se hizo eco en rueda de prensa de estas informaciones, aparecidas en un diario de tirada nacional, y censuró los hechos.
El secretario general del sindicato interpuso entonces una querella por injurias y calumnias contra Martínez, que fue desestimada en julio de 2012 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. González recurrió y, según ha relatado el edil socialista, la querella finalmente ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Alicante.
Martínez basa su petición de que se abra un expediente a González en el archivo de esta querella y en el anuncio de notificación del BOE en el que aparece el representante sindical como denunciado por una infracción a la Ley de Seguridad Privada y que “podría aparejar la inhabilitación de su cargo como agente de la Policía Local de 3 a 6 años”. Algo que, en cualquier caso, debe determinar la propia Secretaría de Estado de Seguridad y que se desconoce si ha hecho.
Según el concejal del PSOE, es justamente el archivo de esa querella el que le lleva a pedir ahora al alcalde la apertura del expediente. Claro que el auto de la Audiencia dando carpetazo a la querella no es reciente, sino que data del pasado abril.
http://lamarinaplaza.com/2013/10/22/un-concejal-del-gobierno-pide-al-alcalde-que-expediente-al-secretario-general-del-sindicato-que-denuncio-las-contrataciones-masivas/
