El Ayuntamiento de Barcelona se ve obligado a recurrir a un costoso entramado de seguridad privada para que sus viviendas protegidas por adjudicar no sean ocupadas antes de ser asignadas. Emtre el cuerpo de vigilantes, el Consistorio contrata, incluso, a efectivos que cobran un plus de peligrosidad para destinarlos a aquellas promociones sitas en las zonas más conflictivas. En las potencialmente más proclives a ser tomadas ilegalmente. La factura de todo el servicio superó en 2012 el millón de euros.

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