Índice
El terreno de la videovigilancia y el reconocimiento biométrico avanza sin que ninguna legislación específica marque los límites a estos nuevos métodos de control ciudadano.
Europa también tiene su propio sistema de videovigilancia integral denominado INDECT.
Los sistemas de captación de imágenes y su integración en sistemas de reconocimiento biométrico avanzan hacia una integración paulatina de fuentes cada vez más diversas. De nuevo la excusa del terrorismo parece servir como paraguas bajo el que desarrollar e implementar estos sistemas.
Los atentados en la maratón de Boston pusieron de nuevo el foco en la importancia de la recopilación de datos personales a través de tomas de video captadas por cámaras de vigilancia en las calles. Todo el despliegue y la discutida actuación de la policía en torno a la búsqueda y captura de los responsables han servido para poner sobre la mesa de nuevo el debate a propósito de los fines que un sistema de vigilancia tiene.
Automatizando la vigilancia
El avance de los sistemas biométricos y de vigilancia, junto con la elaboración de bases de datos masivas que permiten una identificación sobre la marcha y un rastreo completo del individuo. Diversas naciones, entre las que destacan algunas de particular tradición democrática como los Emiratos Árabes, se encuentran en este momento desarrollando sistemas de control e identificación ciudadana.
Si este sistema se combina con otros elementos de escaneo personal, y el rastreo de terminales móviles podemos inferir que sistemas de vigilancia integrales están muy próximos a ser una realidad concreta. Así podemos argumentar que no está nada lejos un sistema de vigilancia la estilo de series como Person of interest, en donde el rastreo personal mediante una multiplicidad de sistemas integrados puede determinar nuestra ubicación, sobre todo en entornos urbanos, de forma muy precisa.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) acaba de elevar una demanda de información al FBI para que explique y libere la información relativa a la base de datos biométricos de que dispone actualmente para elevar a debate público los aspectos legales y su implicación respecto a las libertades y derechos civiles.
Denominada Next Generation Identification (NGI), la gran base de datos que el FBI está elaborando es en la actualidad uno de los más potentes mecanismos de control de toda la historia. En este sentido, trabajan para ampliar los datos de huellas dactilares añadiendo información relativa a escáneres de palma de mano, del iris ocular y sobre todo de fotografías y videos. Uno de los puntos que más suspicacias ha levantado es precisamente ese nuevo método de reconocimiento facial mediante captación de imágenes por circuito de videovigilancia, un sistema que se espera tener a pleno rendimiento para 2014 y mediante el cual podemos ser ubicados sobre la marcha en cualquier lugar donde esta red de cámaras capte nuestra imagen.
El FBI y su sistema de identificación Biométrico
El sistema de identificación dactilar de NGI a cargo de la conocida contrata Lockheed Martin, luego completada con otras empresas tecnológicas entre las que destacan IBM o Accenture, había sido en primer lugar utilizado para listar a todos los detenidos. Sin embargo, su ampliación a sistemas de vigilancia y de reconocimiento facial aumenta su rango de acción a la escala de toda la ciudadanía.
La abogada de EFF Jennifer Lynch, afirma que” NGI se traducirá en una expansión masiva de la recogida de datos del gobierno con fines criminales y no criminales" lo que significa que cada vez más mecanismos de control sin orden judicial están en poder de agencias de información. De hecho, señala que en la actualidad, el FBI cuenta con la mayor base de datos biométricos existentes en el mundo, con un total de 66 millones de registros criminales, 25 millones de registros civiles y 91 millones de huellas digitales individuales entre todos sus diferentes registros. Si a esto añadimos la progresiva privatización de los servicios de seguridad, como ha demostrado el caso Snowden, nos encontramos con un panorama en el que la vigilancia de ciudadanos sin garantías y de forma opaca pude ser la norma.
Con esta demanda, la EFF busca que el debate ciudadano y el conocimiento de las formas con las que estas nuevas bases de datos biométricos van a ser elaboradas y las garantías de protección de la privacidad que estas deben ofrecer.
Trapwire, INDECT y NDAA: Un Gran Hermano global y privado
Tres nombres destacan entre los sistemas de vigilancia y filtrado de datos biométricos, Trapwire, INDECT y NDAA. En común, todos ellos son mecanismos de control ciudadano y formulaciones que difícilmente pueden entrar en consonancia con las garantías individuales.
El caso de la compañía Trapwire y su sistema de vigilancia remota ha sido revelado por WikiLeaks en 2011 como un sistema sofisticado de seguimiento e identificación individuos basado en la integración de diversos elementos de identificación biométrica, fundamentalmente con la videovigilancia. El software de Trapwire, desarrollado en 2004 por The Abraxas Corporation, empresa fundada por ex miembros de la CIA, es fundamentalmente un sistema que emplea las cámaras de videovigilancia para procesar las facciones.
El nuevo marco legal que ampara a este sistema es la National Defense Authorization Act (NDAA). Esta ley ha estado desde su inicio en el centro del huracán mediático entre otros motivos por hacer posible lagunas de derechos como la prisión de Guantánamo. Asimismo posibilita la suspensión de derechos cívicos y da soporte legal a acciones muy discutidas en la “guerra contra el terrorismo” como la facultad para detener a capturados en campo de batalla. Esto se hace extensivo a enemigos internos considerados terroristas. En resumen esta ley transfiere al Departamento de Defensa prerrogativas propias del de Justicia. Así cualquier acusado de “terrorismo” deja en suspenso sus derechos, pudiéndose encarcelar indefinidamente a personas sin formular una acusación, imputar cargos ni emplazar a juicio. Casos como el de Barret Brown, una de las voces más reconocidas de Anonymous y actualmente en prisión es paradigmático en este sentido y aunque menos conocido es bastante similar al de Snowden.
Entre las revelaciones más significativas de Brown, destaca la progresiva privatización y delegación de servicios de seguridad y espionaje a compañías externas a los servicios estatales. En concreto, se indica que actualmente ronda la cifra de 2.000 compañías las vinculadas de un modo u otro a la seguridad privada y el espionaje.
Por último, Europa no permanece al margen y el sistema INDECT(Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment), que cuenta con una importante financiación pública por parte de la propia Unión Europea y la colaboración de estamentos públicos, entre cuerpos policiales y Universidades también avanza en una dirección similar. Arropada desde 2009 con una partida incial de 11 millones de euros en fondos de la unión y con el clásico argumentario de la seguridad, este sistema se nutre esencialmente de los circuitos de videovigilancia, que trata de intercambiar y combinar para poder realizar un seguimiento completo de “comportamientos sospechosos”.
Criticada por activistas de las libertades como un sistema orweliano de control ciudadano, INDECT, también integra herramientas de control y catalogación de conductas en la red, mediante el control de contenidos de redes P2P, foros o webs. La respuesta ambigua de la Comisión Europea, al activista Shami Chakrabarti de la ONG Liberty, emplazándolo a una eventual “auditoría ética”, aunque remarcando la importancia para la prosperidad europea de la “seguridad” no hizo mas que acrecentar las dudas al respecto.
Este tipo de sistemas debe ir acompañado, como en el caso estadounidense, de un cuerpo legal que en este caso ofrecen documentos como el denominado 8570/10, que pretende restringir las libertades de individuos supuestamente “radicalizados”. Con ello se abre la puerta a que el sistema pueda avanzar ateniéndose a una particular interpretación del derecho.
Con este panorama, polémicas como las del reconocimiento facial integrado por Facebook el pasado año cobran una dimensión completamente diferente. Si bien es cierta su retirada, la demostración de esa capacidad tecnológica y la subsiguiente facilidad para el cruce de datos, sobre todo a la luz de sistemas como PRISM, no deja de levantar suspicacias sobre qué grado de integración de datos personales existen en la actualidad y en qué manos están.
http://www.eldiario.es/turing/videovigilancia-analisis-biometrico-garantias-ciudadanas_0_149435381.html
Europa también tiene su propio sistema de videovigilancia integral denominado INDECT.
Los sistemas de captación de imágenes y su integración en sistemas de reconocimiento biométrico avanzan hacia una integración paulatina de fuentes cada vez más diversas. De nuevo la excusa del terrorismo parece servir como paraguas bajo el que desarrollar e implementar estos sistemas.
Los atentados en la maratón de Boston pusieron de nuevo el foco en la importancia de la recopilación de datos personales a través de tomas de video captadas por cámaras de vigilancia en las calles. Todo el despliegue y la discutida actuación de la policía en torno a la búsqueda y captura de los responsables han servido para poner sobre la mesa de nuevo el debate a propósito de los fines que un sistema de vigilancia tiene.
Automatizando la vigilancia
El avance de los sistemas biométricos y de vigilancia, junto con la elaboración de bases de datos masivas que permiten una identificación sobre la marcha y un rastreo completo del individuo. Diversas naciones, entre las que destacan algunas de particular tradición democrática como los Emiratos Árabes, se encuentran en este momento desarrollando sistemas de control e identificación ciudadana.
Si este sistema se combina con otros elementos de escaneo personal, y el rastreo de terminales móviles podemos inferir que sistemas de vigilancia integrales están muy próximos a ser una realidad concreta. Así podemos argumentar que no está nada lejos un sistema de vigilancia la estilo de series como Person of interest, en donde el rastreo personal mediante una multiplicidad de sistemas integrados puede determinar nuestra ubicación, sobre todo en entornos urbanos, de forma muy precisa.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) acaba de elevar una demanda de información al FBI para que explique y libere la información relativa a la base de datos biométricos de que dispone actualmente para elevar a debate público los aspectos legales y su implicación respecto a las libertades y derechos civiles.
Denominada Next Generation Identification (NGI), la gran base de datos que el FBI está elaborando es en la actualidad uno de los más potentes mecanismos de control de toda la historia. En este sentido, trabajan para ampliar los datos de huellas dactilares añadiendo información relativa a escáneres de palma de mano, del iris ocular y sobre todo de fotografías y videos. Uno de los puntos que más suspicacias ha levantado es precisamente ese nuevo método de reconocimiento facial mediante captación de imágenes por circuito de videovigilancia, un sistema que se espera tener a pleno rendimiento para 2014 y mediante el cual podemos ser ubicados sobre la marcha en cualquier lugar donde esta red de cámaras capte nuestra imagen.
El FBI y su sistema de identificación Biométrico
El sistema de identificación dactilar de NGI a cargo de la conocida contrata Lockheed Martin, luego completada con otras empresas tecnológicas entre las que destacan IBM o Accenture, había sido en primer lugar utilizado para listar a todos los detenidos. Sin embargo, su ampliación a sistemas de vigilancia y de reconocimiento facial aumenta su rango de acción a la escala de toda la ciudadanía.
La abogada de EFF Jennifer Lynch, afirma que” NGI se traducirá en una expansión masiva de la recogida de datos del gobierno con fines criminales y no criminales" lo que significa que cada vez más mecanismos de control sin orden judicial están en poder de agencias de información. De hecho, señala que en la actualidad, el FBI cuenta con la mayor base de datos biométricos existentes en el mundo, con un total de 66 millones de registros criminales, 25 millones de registros civiles y 91 millones de huellas digitales individuales entre todos sus diferentes registros. Si a esto añadimos la progresiva privatización de los servicios de seguridad, como ha demostrado el caso Snowden, nos encontramos con un panorama en el que la vigilancia de ciudadanos sin garantías y de forma opaca pude ser la norma.
Con esta demanda, la EFF busca que el debate ciudadano y el conocimiento de las formas con las que estas nuevas bases de datos biométricos van a ser elaboradas y las garantías de protección de la privacidad que estas deben ofrecer.
Trapwire, INDECT y NDAA: Un Gran Hermano global y privado
Tres nombres destacan entre los sistemas de vigilancia y filtrado de datos biométricos, Trapwire, INDECT y NDAA. En común, todos ellos son mecanismos de control ciudadano y formulaciones que difícilmente pueden entrar en consonancia con las garantías individuales.
El caso de la compañía Trapwire y su sistema de vigilancia remota ha sido revelado por WikiLeaks en 2011 como un sistema sofisticado de seguimiento e identificación individuos basado en la integración de diversos elementos de identificación biométrica, fundamentalmente con la videovigilancia. El software de Trapwire, desarrollado en 2004 por The Abraxas Corporation, empresa fundada por ex miembros de la CIA, es fundamentalmente un sistema que emplea las cámaras de videovigilancia para procesar las facciones.
El nuevo marco legal que ampara a este sistema es la National Defense Authorization Act (NDAA). Esta ley ha estado desde su inicio en el centro del huracán mediático entre otros motivos por hacer posible lagunas de derechos como la prisión de Guantánamo. Asimismo posibilita la suspensión de derechos cívicos y da soporte legal a acciones muy discutidas en la “guerra contra el terrorismo” como la facultad para detener a capturados en campo de batalla. Esto se hace extensivo a enemigos internos considerados terroristas. En resumen esta ley transfiere al Departamento de Defensa prerrogativas propias del de Justicia. Así cualquier acusado de “terrorismo” deja en suspenso sus derechos, pudiéndose encarcelar indefinidamente a personas sin formular una acusación, imputar cargos ni emplazar a juicio. Casos como el de Barret Brown, una de las voces más reconocidas de Anonymous y actualmente en prisión es paradigmático en este sentido y aunque menos conocido es bastante similar al de Snowden.
Entre las revelaciones más significativas de Brown, destaca la progresiva privatización y delegación de servicios de seguridad y espionaje a compañías externas a los servicios estatales. En concreto, se indica que actualmente ronda la cifra de 2.000 compañías las vinculadas de un modo u otro a la seguridad privada y el espionaje.
Por último, Europa no permanece al margen y el sistema INDECT(Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment), que cuenta con una importante financiación pública por parte de la propia Unión Europea y la colaboración de estamentos públicos, entre cuerpos policiales y Universidades también avanza en una dirección similar. Arropada desde 2009 con una partida incial de 11 millones de euros en fondos de la unión y con el clásico argumentario de la seguridad, este sistema se nutre esencialmente de los circuitos de videovigilancia, que trata de intercambiar y combinar para poder realizar un seguimiento completo de “comportamientos sospechosos”.
Criticada por activistas de las libertades como un sistema orweliano de control ciudadano, INDECT, también integra herramientas de control y catalogación de conductas en la red, mediante el control de contenidos de redes P2P, foros o webs. La respuesta ambigua de la Comisión Europea, al activista Shami Chakrabarti de la ONG Liberty, emplazándolo a una eventual “auditoría ética”, aunque remarcando la importancia para la prosperidad europea de la “seguridad” no hizo mas que acrecentar las dudas al respecto.
Este tipo de sistemas debe ir acompañado, como en el caso estadounidense, de un cuerpo legal que en este caso ofrecen documentos como el denominado 8570/10, que pretende restringir las libertades de individuos supuestamente “radicalizados”. Con ello se abre la puerta a que el sistema pueda avanzar ateniéndose a una particular interpretación del derecho.
Con este panorama, polémicas como las del reconocimiento facial integrado por Facebook el pasado año cobran una dimensión completamente diferente. Si bien es cierta su retirada, la demostración de esa capacidad tecnológica y la subsiguiente facilidad para el cruce de datos, sobre todo a la luz de sistemas como PRISM, no deja de levantar suspicacias sobre qué grado de integración de datos personales existen en la actualidad y en qué manos están.
http://www.eldiario.es/turing/videovigilancia-analisis-biometrico-garantias-ciudadanas_0_149435381.html
