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El Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid parecen haber lanzado un claro desafío al Ayuntamiento. El consistorio de la capital ha acusado a Seguriber, la empresa encargada de la seguridad en el Madrid Arena, de la tragedia que el pasado 1 de noviembre se cobró la vida de 5 jóvenes por una avalancha durante la fiesta de Halloween. Técnicos de Seguriber verificarán si la cámara del vomitorio del Madrid Arena grabó las imágenes de la avalancha
Y en plena investigación judicial a la compañía, y con dos de sus máximos responsables imputados, el Ministerio le ha adjudicado un contrato de 7,1 millones de euros y el Gobierno autonómico otro de 362.976 euros.
Aunque tiene un importe menor, el caso más llamativo, lógicamente, es el del Ejecutivo que preside Ignacio González, que es para hacerse cargo de los servicios de seguridad integral de los edificios de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid. El contrato tenía inicialmente una base de licitación de 355.196 euros más IVA, lo que elevaba el importe total del mismo a 429.787 euros. Fue formalizado el pasado 14 de marzo, aunque su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) no apareció hasta hace sólo unos días.
Imputación
Llama la atención que la adjudicación se produjo prácticamente al mismo tiempo que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, citara a declarar como imputados por la tragedia del Madrid Arena al jefe de Equipo de Seguriber, Raúl Monteverde, y al inspector jefe, Iván Somonte. Éste último admitió, de hecho, que el problema fue que el operario de cámaras no vio las avalanchas que se produjeron en el pabellón.
El contrato adjudicado ahora a Seguriber lo había logrado, en un principio, otra sociedad, Imán Seguridad, aunque su oferta, según aparece registrado en el BOCM fue consideraba inviable el pasado febrero en los términos en los que la había redactado y fue, por lo tanto, retirada. Fue entonces, cuando, según figura en el BOCM, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, José Martínez Nicolás, optó por la oferta presentada por Seguriber, que "ha resultado ser, según el orden de clasificación, la segunda económicamente más ventajosa, entendiendo como tal la del precio más bajo".
Entre las grandes empresas de seguridad la adjudicación ha provocado, sin embargo, una gran sorpresa. Para las grandes compañías que operan en el sector, hay firmas, como Seguriber, que ofrecen precios muy competitivos a base de reducir al máximo los costes -incluidos los salarios a la plantilla- sin poder garantizar así un servicio correcto.
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La presidenta de Seguriber, Mónica Oriol.
El sector lleva pidiendo desde hace meses que Mónica Oriol, presidenta de Seguriber, presente su dimisión como presidenta del Círculo de Empresarios, sobre todo después de las acusaciones del Ayunta- miento de Madrid, en las que se responsabilizaba directamente a su empresa de la tragedia del Madrid Arena.
"Si se demuestra la existencia de negligencias en el control y la seguridad del evento, y teniendo en cuenta, sobre todo, que ha habido cinco jóvenes fallecidas, Oriol debería dimitir cuanto antes sino quiere hacer un daño irreparable no sólo al sector si no a todo el empresariado español", aseguraban hace unos meses desde una empresa competidora de Seguriber.
Pero el contrato de la Comunidad de Madrid no es el único. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adjudicó también hace unos días a la empresa imputada por el caso Madrid Arena, el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de Archivos y Bibliotecas por importe de 7,1 millones de euros, según han confirmado fuentes próximas a la mesa de contratación. UGT ha criticado ya abiertamente esta adjudicación al tratarse de una empresa "denunciada por el Ayuntamiento de Madrid por las cinco muertes del Arena", según asegura Javier Figueroa Saavedra, segretario general de la sección sindical del sindicato. CIS y Segur Ibérica competían con Seguriber por este contrato, que incluye la seguridad en los museos.
En fase de instrucción
Desde Seguriber se asegura, sin embargo, que todavía no hay notificación oficial de esta nueva adjudicación por parte del Ministerio de Educación y se insiste, asimismo, en que, puesto que no se ha producido ningún fallo en el proceso abierto y que el caso sigue en proceso de instrucción, sin que el juez se haya pronunciado aún sobre los responsables de la tragedia, "es lógico que las empresas, como es nuestro caso, sigan funcionando y presentándose a contratos públicos, adjudicándoselos en el caso de que su oferta sea la más competitiva".
En el pliego de condiciones del contrato aparece además la figura de coordinador de seguridad, "con unos complementos de productividad elevadísimos para ser personal externo", según especifica el sindicato.
Se refiere a que cobran un complemento en cada una de las quince pagas de 1.718,70 euros. "También disponen de un vehículo de empresa y teléfono móvil de última generación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", detalla UGT.
Para el sindicato, "esta contratación vulnera el principio de austeridad proclamado por este Gobierno, los principios de eficacia y eficiencia del gasto público, las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores". Todo, a la espera de la resolución del proceso judicial.
Javier Romera | 7:56 - 21/05/2013
Y en plena investigación judicial a la compañía, y con dos de sus máximos responsables imputados, el Ministerio le ha adjudicado un contrato de 7,1 millones de euros y el Gobierno autonómico otro de 362.976 euros.
Aunque tiene un importe menor, el caso más llamativo, lógicamente, es el del Ejecutivo que preside Ignacio González, que es para hacerse cargo de los servicios de seguridad integral de los edificios de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid. El contrato tenía inicialmente una base de licitación de 355.196 euros más IVA, lo que elevaba el importe total del mismo a 429.787 euros. Fue formalizado el pasado 14 de marzo, aunque su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) no apareció hasta hace sólo unos días.
Imputación
Llama la atención que la adjudicación se produjo prácticamente al mismo tiempo que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, citara a declarar como imputados por la tragedia del Madrid Arena al jefe de Equipo de Seguriber, Raúl Monteverde, y al inspector jefe, Iván Somonte. Éste último admitió, de hecho, que el problema fue que el operario de cámaras no vio las avalanchas que se produjeron en el pabellón.
El contrato adjudicado ahora a Seguriber lo había logrado, en un principio, otra sociedad, Imán Seguridad, aunque su oferta, según aparece registrado en el BOCM fue consideraba inviable el pasado febrero en los términos en los que la había redactado y fue, por lo tanto, retirada. Fue entonces, cuando, según figura en el BOCM, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, José Martínez Nicolás, optó por la oferta presentada por Seguriber, que "ha resultado ser, según el orden de clasificación, la segunda económicamente más ventajosa, entendiendo como tal la del precio más bajo".
Entre las grandes empresas de seguridad la adjudicación ha provocado, sin embargo, una gran sorpresa. Para las grandes compañías que operan en el sector, hay firmas, como Seguriber, que ofrecen precios muy competitivos a base de reducir al máximo los costes -incluidos los salarios a la plantilla- sin poder garantizar así un servicio correcto.
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La presidenta de Seguriber, Mónica Oriol.
El sector lleva pidiendo desde hace meses que Mónica Oriol, presidenta de Seguriber, presente su dimisión como presidenta del Círculo de Empresarios, sobre todo después de las acusaciones del Ayunta- miento de Madrid, en las que se responsabilizaba directamente a su empresa de la tragedia del Madrid Arena.
"Si se demuestra la existencia de negligencias en el control y la seguridad del evento, y teniendo en cuenta, sobre todo, que ha habido cinco jóvenes fallecidas, Oriol debería dimitir cuanto antes sino quiere hacer un daño irreparable no sólo al sector si no a todo el empresariado español", aseguraban hace unos meses desde una empresa competidora de Seguriber.
Pero el contrato de la Comunidad de Madrid no es el único. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adjudicó también hace unos días a la empresa imputada por el caso Madrid Arena, el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de Archivos y Bibliotecas por importe de 7,1 millones de euros, según han confirmado fuentes próximas a la mesa de contratación. UGT ha criticado ya abiertamente esta adjudicación al tratarse de una empresa "denunciada por el Ayuntamiento de Madrid por las cinco muertes del Arena", según asegura Javier Figueroa Saavedra, segretario general de la sección sindical del sindicato. CIS y Segur Ibérica competían con Seguriber por este contrato, que incluye la seguridad en los museos.
En fase de instrucción
Desde Seguriber se asegura, sin embargo, que todavía no hay notificación oficial de esta nueva adjudicación por parte del Ministerio de Educación y se insiste, asimismo, en que, puesto que no se ha producido ningún fallo en el proceso abierto y que el caso sigue en proceso de instrucción, sin que el juez se haya pronunciado aún sobre los responsables de la tragedia, "es lógico que las empresas, como es nuestro caso, sigan funcionando y presentándose a contratos públicos, adjudicándoselos en el caso de que su oferta sea la más competitiva".
En el pliego de condiciones del contrato aparece además la figura de coordinador de seguridad, "con unos complementos de productividad elevadísimos para ser personal externo", según especifica el sindicato.
Se refiere a que cobran un complemento en cada una de las quince pagas de 1.718,70 euros. "También disponen de un vehículo de empresa y teléfono móvil de última generación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", detalla UGT.
Para el sindicato, "esta contratación vulnera el principio de austeridad proclamado por este Gobierno, los principios de eficacia y eficiencia del gasto público, las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores". Todo, a la espera de la resolución del proceso judicial.
Javier Romera | 7:56 - 21/05/2013
