Índice
Las agencias deberán hacer constar cliente, encargo, métodos de investigación y resultados en informes a los cuerpos de seguridad del Estado
Política | 12/04/2013 - 14:19h | Actualizado el 12/04/2013 - 15:28h
Jaume Pi
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley sobre la seguridad privada, con el objetivo de "adaptar una normativa" que no había sido renovada desde 1992. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha subrayado que la nueva ley, en caso de ser aprobada en las Cortes, supondrá una "regulación integral" de un sector que ha sufrido una enorme evolución en los últimos tiempos, que factura anualmente 3.600 millones de euros, y que incluye a unas 1.500 empresas que emplean a 90.000 personas.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha detallado que la nueva regulación normativa representará un mayor control para la actividad de la seguridad privada y las agencias de detectives. Se da el caso que la nueva norma llega después de que se destaparan varios casos de espionaje en Catalunya -que afectó a la presidenta del PPC Alicia Sánchez-Camacho y a la exnovia del hijo mayor de Jordi Pujol- y anteriormente en la comunidad de Madrid, que tenía como protagonista a la agencia Método 3. En comparecencias anteriores, el ministro ya avanzó que la norma se proponía evitar casos como los sucedidos.
Para empezar, las empresas de investigación privada deberán inscribirse en un nuevo registro creado para la ocasión llamado Registro Nacional de Seguridad Privada. Deberán además "documentar los encargos contratados por escrito" y todos los informes que se hagan "deberán estar a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Aunque ya existe un libro-registro en el que las agencias documentan sus casos, ahora las empresas estarán obligadas a dar más detalles por ley y hacer constar el cliente, el tipo de encargo, los métodos que se van a utilizar y los resultados obtenidos. Además, también deberán enviar al ministerio de Interior una memoria anual de sus actividades y se verán obligados a destruir las imágenes de la investigación "años después de la finalización la investigación salvo que estén inmersas en un proceso judicial", ha explicado el ministro del Interior.
Mejorar la coordinación público-privada
Aunque el ministerio evita en todo caso hablar de privatización, la nueva ley amplia los casos en los que la seguridad privada podrá colaborar con la seguridad pública. Algunos de estos supuestos, que previamente "o tenían vetado o estaban insuficientemente regulados", son la videovigilancia dentro de los inmuebles, la gestión y respuesta a las alarmas de seguridad privada, la vigilancia de polígonos industriales o urbanizaciones, y la vigilancia perimetral de prisiones.
En este último caso, el ministro ha remarcado que los vigilantes privados estarán sometidos a las órdenes de las fuerzas públicas y ha añadido que esta medida ha sido incluida tras una petición del departamento de Interior de Catalunya, que es la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias.
Interior considera que el objetivo de la nueva ley es el de aprovechar el potencial privado en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y ha subrayado que la seguridad privada debe seguir estando "subordinada" a las fuerzas policiales de todo el Estado, que incluye los cuerpos policiales autonómicos como Mossos d'Esquadra o Ertzaintza.
Como ya había hecho la portavoz, el titular de Interior ha subrayado la fuerza del sector que, según ha dicho, vive "un auge" estos últimos años. Jorge Fernández Díaz ha dado algunos datos significativos como que, por ejemplo, la ratio policial de España es una de las más altas de la UE (528 agentes por cada 100.000 habitantes, por 385/100.000 en el resto de la UE) mientras que la ratio de seguridad privada es la más baja (200 agentes por cada 100.000 habitantes; por 271 en la Unión).
http://www.lavanguardia.com/politica/20130412/54372297891/gobierno-refuerza-regulacion-seguridad-privada-caso-metodo3.html
Política | 12/04/2013 - 14:19h | Actualizado el 12/04/2013 - 15:28h
Jaume Pi
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley sobre la seguridad privada, con el objetivo de "adaptar una normativa" que no había sido renovada desde 1992. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha subrayado que la nueva ley, en caso de ser aprobada en las Cortes, supondrá una "regulación integral" de un sector que ha sufrido una enorme evolución en los últimos tiempos, que factura anualmente 3.600 millones de euros, y que incluye a unas 1.500 empresas que emplean a 90.000 personas.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha detallado que la nueva regulación normativa representará un mayor control para la actividad de la seguridad privada y las agencias de detectives. Se da el caso que la nueva norma llega después de que se destaparan varios casos de espionaje en Catalunya -que afectó a la presidenta del PPC Alicia Sánchez-Camacho y a la exnovia del hijo mayor de Jordi Pujol- y anteriormente en la comunidad de Madrid, que tenía como protagonista a la agencia Método 3. En comparecencias anteriores, el ministro ya avanzó que la norma se proponía evitar casos como los sucedidos.
Para empezar, las empresas de investigación privada deberán inscribirse en un nuevo registro creado para la ocasión llamado Registro Nacional de Seguridad Privada. Deberán además "documentar los encargos contratados por escrito" y todos los informes que se hagan "deberán estar a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Aunque ya existe un libro-registro en el que las agencias documentan sus casos, ahora las empresas estarán obligadas a dar más detalles por ley y hacer constar el cliente, el tipo de encargo, los métodos que se van a utilizar y los resultados obtenidos. Además, también deberán enviar al ministerio de Interior una memoria anual de sus actividades y se verán obligados a destruir las imágenes de la investigación "años después de la finalización la investigación salvo que estén inmersas en un proceso judicial", ha explicado el ministro del Interior.
Mejorar la coordinación público-privada
Aunque el ministerio evita en todo caso hablar de privatización, la nueva ley amplia los casos en los que la seguridad privada podrá colaborar con la seguridad pública. Algunos de estos supuestos, que previamente "o tenían vetado o estaban insuficientemente regulados", son la videovigilancia dentro de los inmuebles, la gestión y respuesta a las alarmas de seguridad privada, la vigilancia de polígonos industriales o urbanizaciones, y la vigilancia perimetral de prisiones.
En este último caso, el ministro ha remarcado que los vigilantes privados estarán sometidos a las órdenes de las fuerzas públicas y ha añadido que esta medida ha sido incluida tras una petición del departamento de Interior de Catalunya, que es la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias.
Interior considera que el objetivo de la nueva ley es el de aprovechar el potencial privado en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y ha subrayado que la seguridad privada debe seguir estando "subordinada" a las fuerzas policiales de todo el Estado, que incluye los cuerpos policiales autonómicos como Mossos d'Esquadra o Ertzaintza.
Como ya había hecho la portavoz, el titular de Interior ha subrayado la fuerza del sector que, según ha dicho, vive "un auge" estos últimos años. Jorge Fernández Díaz ha dado algunos datos significativos como que, por ejemplo, la ratio policial de España es una de las más altas de la UE (528 agentes por cada 100.000 habitantes, por 385/100.000 en el resto de la UE) mientras que la ratio de seguridad privada es la más baja (200 agentes por cada 100.000 habitantes; por 271 en la Unión).
http://www.lavanguardia.com/politica/20130412/54372297891/gobierno-refuerza-regulacion-seguridad-privada-caso-metodo3.html
