El Ministerio del Interior calcula que el plan de reducción de escoltas que ha puesto en marcha, que ha afectado a 240 personas protegidas por empresas de seguridad privadas en el País Vasco y Navarra, ha supuesto un ahorro de tres millones de euros mensuales. Según ha explicado en una respuesta parlamentaria dirigida al senador del PSOE Enrique Navarro, el plan se inició el pasado 23 de marzo y se ha traducido en la supresión de 404 escoltas (más de la mitad de los contratados por Interior) y de 135 vehículos de protección.Tras este plan, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz está ultimando otro programa específico para reducir las labores de protección que realizan en la actualidad alrededor de 3.000 policías y guardias civiles en todo el país, con la intención de ponerlo en marcha de manera inmediata. Interior quiere recortar a la mitad los efectivos que trabajan en esas tareas, para lo que se ha elaborado un catálogo de cargos públicos que deben contar con escolta atendiendo a una evaluación individual del riesgo. El objetivo del Ministerio es adaptarse a la nueva situación creada tras el anuncio de cese de la violencia de ETA el pasado 20 de octubre, y seguir al mismo tiempo las directrices de austeridad que deben guiar su gestión ante la crisis.

Interior estudia también qué salidas laborales se puede ofrecer a los escoltas privados que han quedado sin trabajo y Fernández Díaz ha propuesto que se dediquen a labores de seguridad en el exterior de las prisiones españolas, trabajo del que se ocupan en estos momentos cerca de 2.000 guardias civiles. El departamento planea privatizar parte de esas labores, aunque el mando del servicio de seguridad de los centros penitenciarios seguirá en todo caso a cargo de agentes de la Guardia Civil

Proteger a víctimas de violencia de género en riesgo extremo

En un principio los escoltas ofrecieron sus servicios para proteger a las víctimas de violencia de género en situación de riesgo extremo, pero Interior explicó que resultaba imposible ya que las competencias en esa materia están transferidas a las comunidades autónomas. Además de los planes para reducir escoltas, el departamento quiere revisar y redefinir los dispositivos de seguridad con los que se protegen en la actualidad edificios e instalaciones públicas.

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