“Máxima transparencia”. Eso lleva prometiendo el equipo de Gobierno de la Villa de Madrid desde la mañana del jueves 1 de noviembre, al día siguiente de la avalancha en el Thriller Music Park, un evento de música electrónica que culminó con la muerte de Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce. Hoy, un mes después, se sabe que había más asistentes que los que el aforo del Madrid Arena permitía; que la alcaldesa, Ana Botella, viajó a Portugal en las postrimerías de la tragedia, justo antes de perecer la cuarta víctima, la menor de edad Belén Langdon; que el Ayuntamiento ha remitido en su web una documentación confusa y parcial sobre la desdicha de Halloween, con decenas de fallas; que hay pocas, muy pocas, dimisiones; que el Consistorio persigue la extremaunción de la sociedad capitalina descargando culpas sobre DivierTT, cuyo patrón, Miguel Ángel Flores, el malo de cualquier película, quiere devolver el golpe en los tribunales a quienes contrataron sus servicios; que la comisión de investigación que arrancó el martes cuenta con siete miembros del PP de un total de 12, por lo que nace amputada; que Botella nunca se personará en dicha comisión; y que hay una fallecida más, la joven de 20 años María Teresa Alonso.

La “máxima transparencia” que nunca llegaba tendrá que esperar: el impacto emocional por la muerte de María Teresa Alonso ha desencadenado la comprensiva suspensión de las comparecencias del jueves tarde y del viernes, siendo la segunda de ellas trascendental: por la Casa Cisneros iban a desfilar el imputado Pedro Calvo, exdelegado de Economía y expresidente de Madrid Espacios y Congresos, el ente encargado de gestionar el recinto del Madrid Arena. Tras él, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, ex-lo-mismo-que-Calvo y al que no pocas informaciones han relacionado este mes con turbios negocios asociados a Flores. Después, Antonio De Guindos, hermano del ministro de Economía, “un hombre muy respetado” en palabras de un político de la oposición municipal y, en teoría, responsable de enviar a un número escaso de policías locales para contener las avalanchas (concretamente, un tercio de los efectivos que destinó la Policía Nacional). La última iba a ser Paz González, concejala de Urbanismo. Ni rastro de Botella.

Tras día 'y medio' de comisión, ya se augura un fracaso más rotundo que el de los falsos ERE de Andalucía.
Ese terceto, con permiso de Paz González, conforma el séquito que escolta, protege y ausculta a la regidora de cualquier declaración embarazosa pese a haber acuñado ante las cámaras la expresión “máxima transparencia” desde el primer momento. Retrasada al lunes –habrá que ver si el terceto acudirá ese día o el martes-, la presencia de Villanueva, Calvo y De Guindos se antoja crucial: tras un día y medio de comisión, la oposición municipal (PSOE, UPyD e IU, formación ésta última que la abandonó por la ausencia de Botella) anticipa un fracaso más rotundo que el que acaba de tener lugar en Andalucía con el caso de los ERE falsos. "Al menos en Andalucía comparecieron los pesos pesados de la Junta", suspira un edil socialista. El malo Miguel Ángel Flores ha rechazado declarar; lo mismo que el médico Carlos Viñals, ausente por sorpresa e hijo del también médico y exconcejal Simón Viñals, quien sí compareció el martes y dejó más sombras que respuestas.

Atendiendo a los argumentos del resto de convocados, ya no hay duda de que en el Palacio de Cibeles se ha impuesto la estrategia de responsabilizar de todo a Diviertt obviando que el Ayuntamiento no obró como debía. Excepto Simón Viñals, que no siguió ningún guión cuando le llegó el turno porque dedicó su tiempo a exculpar a su hijo (funcionario y trabajando de tapadillo en el Madrid Arena), las seis personas que han pasado por la comisión se recrean insistiendo en que el organizador vendió 7.000 entradas de más sin responder, eso sí, las cuestiones que les lanzan los portavoces de PSOE y UPyD, Jaime Lissavetzky y David Ortega, ambos al ataque estos días. "Usted ha venido aquí a tomarnos el pelo. No ha dicho ni una palabra de lo sucedido el 1 de noviembre", espetó Ortega el martes al director general de Seguridad del Ayuntamiento, Pablo Escudero.

En Cibeles se impone la consigna de cargar contra Flores haciendo caso omiso de las preguntas de la oposición.
Aparte de Viñals y Escudero, han atravesado la Plaza de la Villa Javier Conde, coordinador general de Empleo en el Consistorio; Emilio Monteagudo, jefe de la Policía Local; José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, dos dirigentes de Espacios y Congresos despedidos tras la tragedia por “pérdida de confianza”. Y Alfonso del Álamo, director de Emergencias y Protección Civil. Del Álamo es quien ha sugerido el jueves que el Ayuntamiento no avisó al Samur (fue un particular quien lo hizo): “No hay dispositivo preventivo que pueda soportar tal aforo”, empezó su discurso. Pero después avanzó que el Samur contó con cierta preparación (la primera ambulancia llegó en menos de cinco minutos) porque recibió un correo electrónico de la Policía Local, y no del Ayuntamiento, en el que se mencionaba el macrofestival.

Entretanto, la máxima transparencia del PP queda en evidencia con solo escuchar a sus intervinientes. Esto declaró el jueves Enrique Núñez, portavoz popular en la comisión: “Aunque hubiéramos tenido 50 ambulancias ¿cree que se hubieran salvado las cuatro jóvenes muertas?”. Casi en un susurro, redactores y cámaras respondieron: “Sí”.


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