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Seguridad privada > Sergio García de la Cruz
septiembre 16, 2012 | Opinión
Corren nuevos tiempo para la seguridad privada, se avecinan cambios y llegan cargados de novedades. Su ley, la 23/1992, se prepara para ser derogada en breve. El nuevo nos traerá una nueva ley.
Los primeros antecedentes de seguridad privada los podemos encontrar en una figura que nace durante el siglo XIX, denominada Guardas Jurados, en su reglamento vemos que se pretendía de ellos: “hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás”.
Hablamos de un sector que mueve en toda España en torno a 90.000 personas activas, de los que el gobierno quiere beneficiarse en pro de todos, se intenta completar un círculo de “seguridad integral” en busca del mandato que le asigna la Constitución de garantizar la Seguridad Ciudadana.
De hecho, ya estamos asistiendo a un adelanto de lo que se pretende con esta nueva ley, y prueba de ello es el Plan Integral de Colaboración del Cuerpo Nacional de Policía con el Sector de la Seguridad Privada, el proyecto RED AZUL, un modelo de colaboración profesional, de complementariedad y corresponsabilidad, de aprovechamiento de los recursos de la Seguridad Privada por parte de la Seguridad Pública, y que se une al Programa Coopera de la Guardia Civil que también refuerza la colaboración entre estas.
Entre el aluvión de premisas que traerá la nueva ley se encuentran la del aumento de obligaciones para ciertas empresas u organismos en cuanto a la creación de Departamentos de Seguridad, de manera que garanticen la seguridad.
Tras los sucesos de las Torres Gemelas en Estados Unidos, los dirigentes políticos están optando por la necesidad de crear micro núcleos de seguridad, de manera de que cada uno gestione su propia seguridad según la legislación vigente.
Otra de las novedades que nos llega es la de asignar vigilantes privados a los centros penitenciarios con las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, funciones que harán de apoyo al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y bajo su supervisión, este proyecto que lleva un retraso considerable se activará en varias fases, la primera de tipo experimental en prisiones como: Sevilla II, Puerto de Santa María I y II, etc. La ley también pretende acabar con uno de los grandes problemas que azotan este sector, como es el intrusismo, traerá nuevos mecanismos de lucha y un agravamiento de las sanciones, tanto para las empresas como para las personas que transgredan dicha ley ejerciendo funciones para las que no están autorizados.
En definitiva, se pretende levantar un sector en crisis añadiendo efectivos de la seguridad privada a ciertos edificios públicos, y obligando a determinadas empresas a contar con sus servicios.
También se pretenden beneficiar de estos efectivos, apéndices de la seguridad pública, añadiéndolos a la en provecho de todos. Se instaurará un copago para ciertos eventos que requieran de seguridad pública.
Una de las mayores demandas, como es la del reconocimiento de su condición de agentes de la autoridad, tampoco llegará esta vez. Pero, esto es un tema que analizaré con más profundidad en un próximo artículo.
http://www.diariodeavisos.com/2012/09/16/opinion/seguridad-privada-sergio-garcia-cruz/
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t17167-seguridad-privada-sergio-garcia-de-la-cruz
septiembre 16, 2012 | Opinión
Corren nuevos tiempo para la seguridad privada, se avecinan cambios y llegan cargados de novedades. Su ley, la 23/1992, se prepara para ser derogada en breve. El nuevo nos traerá una nueva ley.
Los primeros antecedentes de seguridad privada los podemos encontrar en una figura que nace durante el siglo XIX, denominada Guardas Jurados, en su reglamento vemos que se pretendía de ellos: “hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás”.
Hablamos de un sector que mueve en toda España en torno a 90.000 personas activas, de los que el gobierno quiere beneficiarse en pro de todos, se intenta completar un círculo de “seguridad integral” en busca del mandato que le asigna la Constitución de garantizar la Seguridad Ciudadana.
De hecho, ya estamos asistiendo a un adelanto de lo que se pretende con esta nueva ley, y prueba de ello es el Plan Integral de Colaboración del Cuerpo Nacional de Policía con el Sector de la Seguridad Privada, el proyecto RED AZUL, un modelo de colaboración profesional, de complementariedad y corresponsabilidad, de aprovechamiento de los recursos de la Seguridad Privada por parte de la Seguridad Pública, y que se une al Programa Coopera de la Guardia Civil que también refuerza la colaboración entre estas.
Entre el aluvión de premisas que traerá la nueva ley se encuentran la del aumento de obligaciones para ciertas empresas u organismos en cuanto a la creación de Departamentos de Seguridad, de manera que garanticen la seguridad.
Tras los sucesos de las Torres Gemelas en Estados Unidos, los dirigentes políticos están optando por la necesidad de crear micro núcleos de seguridad, de manera de que cada uno gestione su propia seguridad según la legislación vigente.
Otra de las novedades que nos llega es la de asignar vigilantes privados a los centros penitenciarios con las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, funciones que harán de apoyo al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y bajo su supervisión, este proyecto que lleva un retraso considerable se activará en varias fases, la primera de tipo experimental en prisiones como: Sevilla II, Puerto de Santa María I y II, etc. La ley también pretende acabar con uno de los grandes problemas que azotan este sector, como es el intrusismo, traerá nuevos mecanismos de lucha y un agravamiento de las sanciones, tanto para las empresas como para las personas que transgredan dicha ley ejerciendo funciones para las que no están autorizados.
En definitiva, se pretende levantar un sector en crisis añadiendo efectivos de la seguridad privada a ciertos edificios públicos, y obligando a determinadas empresas a contar con sus servicios.
También se pretenden beneficiar de estos efectivos, apéndices de la seguridad pública, añadiéndolos a la en provecho de todos. Se instaurará un copago para ciertos eventos que requieran de seguridad pública.
Una de las mayores demandas, como es la del reconocimiento de su condición de agentes de la autoridad, tampoco llegará esta vez. Pero, esto es un tema que analizaré con más profundidad en un próximo artículo.
http://www.diariodeavisos.com/2012/09/16/opinion/seguridad-privada-sergio-garcia-cruz/
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t17167-seguridad-privada-sergio-garcia-de-la-cruz
