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La Justicia se pone en pie de guerra por la retirada de 588 escoltas del servicio
26 junio, 2012 N. VILLANUEVA
La decisión del Ministerio del Interior de suprimir el servicio de escoltas a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Audiencia Nacional ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos afectados, especialmente en la Audiencia Nacional, donde se investigan causas relacionadas con ETA y su entorno y otras organizaciones criminales. El plan de Interior no es nuevo: de hecho, se trata de una tercera fase que engloba a 588 agentes. Lo que sí ha resultado sorprendente, dicen en la Audiencia, es que en apenas unas horas se haya tomado la decisión de suprimir este servicio por completo, cuando el viernes desde el ministerio al parecer les habían anunciado que dejarían un escolta por persona.
Los primeros que han reaccionado a esta medida tan drástica son, como el pasado mes de abril, los fiscales de la Audiencia Nacional, los que se sienten más desprotegidos tras el anuncio de Interior. Son ellos, dicen, los que piden penas de cárcel para los terroristas y los que luego se tienen que marchar a casa en autobús. Según expresaban ayer en un comunicado tras una reunión de la junta de fiscales, entienden que España esté atravesando una crisis económica y que son necesarios los recortes, pero estas medidas «no pueden pasar por poner en juego nuestras vidas», señalaba ayer uno de los afectados en declaraciones a ABC. Por eso, avalaban una reducción paulatina de los escoltas, pero no su supresión, y menos en un momento en el que ETA continúa operativa: «siguen captando gente y rearmándose… No está ni mucho menos disuelta», advertía ayer un fiscal de este tribunal. También están molestos por el hecho de que a ellos se les retire la protección y que se mantenga para excargos políticos que no tienen ninguna relación con ETA.
«Perplejidad» ante los informes policiales
A su juicio, «causa perplejidad» que se retiren los servicios de escolta alegando que ha disminuido la amenaza terrorista y que, a la vez, la Policía solicite al juez medidas restrictivas de derechos fundamentales (como intervenciones telefónicas) en causas abiertas a ETA contra su entorno justificando la adopción de las mismas precisamente en esa amenaza terrorista.
En una nota de prensa difundida ayer por el Ministerio del Interior, se señala que la reducción de escoltas dinámicas se ha basado en un «profundo análisis de todas las personas protegidas agrupadas por colectivos»: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades. Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
También permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de este tribunal y del Supremo, «aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta».
Interior argumenta que la reducción de agentes se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, «porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años».
Las tres fases del plan
La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó el pasado marzo y se centró en las labores que prestaban empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales, según señala Interior en su nota.
En la segunda fase, realizada en mayo, el ministerio revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. En la actualidad, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.
Interior destaca el hecho de que los más de 1.000 agentes que realizaban labores de protección se ocuparán a partir de ahora de la seguridad ciudadana.
Fuente: abc.es
http://usecmagazine.usecnetwork.com/?p=64394
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t16553-la-justicia-se-pone-en-pie-de-guerra-por-la-retirada-de-588-escoltas-del-servicio
26 junio, 2012 N. VILLANUEVA
La decisión del Ministerio del Interior de suprimir el servicio de escoltas a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Audiencia Nacional ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos afectados, especialmente en la Audiencia Nacional, donde se investigan causas relacionadas con ETA y su entorno y otras organizaciones criminales. El plan de Interior no es nuevo: de hecho, se trata de una tercera fase que engloba a 588 agentes. Lo que sí ha resultado sorprendente, dicen en la Audiencia, es que en apenas unas horas se haya tomado la decisión de suprimir este servicio por completo, cuando el viernes desde el ministerio al parecer les habían anunciado que dejarían un escolta por persona.
Los primeros que han reaccionado a esta medida tan drástica son, como el pasado mes de abril, los fiscales de la Audiencia Nacional, los que se sienten más desprotegidos tras el anuncio de Interior. Son ellos, dicen, los que piden penas de cárcel para los terroristas y los que luego se tienen que marchar a casa en autobús. Según expresaban ayer en un comunicado tras una reunión de la junta de fiscales, entienden que España esté atravesando una crisis económica y que son necesarios los recortes, pero estas medidas «no pueden pasar por poner en juego nuestras vidas», señalaba ayer uno de los afectados en declaraciones a ABC. Por eso, avalaban una reducción paulatina de los escoltas, pero no su supresión, y menos en un momento en el que ETA continúa operativa: «siguen captando gente y rearmándose… No está ni mucho menos disuelta», advertía ayer un fiscal de este tribunal. También están molestos por el hecho de que a ellos se les retire la protección y que se mantenga para excargos políticos que no tienen ninguna relación con ETA.
«Perplejidad» ante los informes policiales
A su juicio, «causa perplejidad» que se retiren los servicios de escolta alegando que ha disminuido la amenaza terrorista y que, a la vez, la Policía solicite al juez medidas restrictivas de derechos fundamentales (como intervenciones telefónicas) en causas abiertas a ETA contra su entorno justificando la adopción de las mismas precisamente en esa amenaza terrorista.
En una nota de prensa difundida ayer por el Ministerio del Interior, se señala que la reducción de escoltas dinámicas se ha basado en un «profundo análisis de todas las personas protegidas agrupadas por colectivos»: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades. Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
También permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de este tribunal y del Supremo, «aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta».
Interior argumenta que la reducción de agentes se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, «porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años».
Las tres fases del plan
La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó el pasado marzo y se centró en las labores que prestaban empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales, según señala Interior en su nota.
En la segunda fase, realizada en mayo, el ministerio revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. En la actualidad, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.
Interior destaca el hecho de que los más de 1.000 agentes que realizaban labores de protección se ocuparán a partir de ahora de la seguridad ciudadana.
Fuente: abc.es
http://usecmagazine.usecnetwork.com/?p=64394
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t16553-la-justicia-se-pone-en-pie-de-guerra-por-la-retirada-de-588-escoltas-del-servicio
