Aduce que hay menor riesgo y la necesidad de ahorrar

Interior retira las escoltas del Supremo, Constitucional, Audiencia y el CGPJ

Sólo mantendrá la protección a un número muy limitado de cargos
El todavía presidente del TS Carlos Dívar mantiene la escolta
En la Audiencia se quedan sin protección unos 40 jueces y fiscales
Los fiscales han recibido la noticia con 'malestar y preocupación'
Recuerdan que ETA no se ha disuelto y sigue desarrollando su actividad

Manuel Marraco | Europa Press | Madrid
Actualizado lunes 25/06/2012 14:48 horas

Las Secretaría de Estado de Seguridad ha ordenado la retirada de todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a exepción de los cargos más sensibles de la judicatura. Las razones aducidas son el menor riesgo tras el alto el fuego de ETA y la necesidad de reducir gastos.

La medida ha entrado en vigor este lunes en el Alto Tribunal y en el CGPJ, de forma que todos los jueces y vocales se han quedado sin el escolta que tenían con la excepción de Carlos Dívar, que a pesar de presentar su dimisión el pasado jueves continúa siendo presidente de las dos instituciones; su sustituto en funciones, el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol; y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. También mantendrá su protección policial el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

En la Audiencia Nacional la retirada de la escolta a jueces y fiscales, que afecta a unos 250 agentes, se producirá mañana, martes, a partir de las 15.00 horas, según señalaron a Europa Press fuentes policiales.

Jueces y fiscales de la Audiencia han mantenido esta mañana reuniones para analizar la medida y en su caso dar una respuesta. Decenas de escoltas han sido reunidos también en la principal sala de juicios para ser informados de la noticia.

Como ejemplo, en la Audiencia Nacional se quedan sin protección casi una veintena de jueces y otros tantos fiscales. Las excepciones son apenas media docena, entre ellos el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, el juez de vigilancia penitenciaria José Luis de Castro, el teniente fiscal Fernando Burgos, el fiscal Carlos Bautista y el fiscal jefe, Javier Zaragoza.

Interior también se está planteando mantener la protección al fiscal Carlos Bautista, uno de los responsables de Vigilancia Penitenciaria.

Quedarán sin escolta todos los jueces de la Sala de lo Penal y los seis magistrados centrales de Instrucción, que llevan a cabo la labor de investigación de los procedimientos penales. Para todos ellos, según fuentes de la Audiencia Nacional, se reforzará el servicio de contravigilancia.

Además, quienes gocen de escoltas reforzadas la verán reducida.

Según fuentes policiales, en el CGPJ se les retira la escolta a todos los vocales y sólo se mantiene la del presidente.

La noticia de la retirada de la protección ha sido mal recibida por parte de los afectados, tanto por el fondo, ya que consideran que su seguridad se verá en peligro, como por la forma en la que se ha transmitido la medida.

'Malestar, preocupación y rechazo'

Los fiscales de la Audiencia Nacional han emitido un comunicado en el que manifiestan su "malestar, preocupación y rechazo" por la decisión. Recuerdan que ETA "no se ha disuelto, sino que sigue desarrollando su actividad con labores de captación, sustracción de vehículos, falsificación de documentos y posesión de abundante armamento y explosivos".

Los fiscales añaden que "la amenaza terrorista sigue existiendo y no se puede descartar la reanudación de los atentados".

Entienden que la situación económica justifica "un ajuste del servicio, pero en ningún caso de supresión de la protección". Los fiscales también critican que se mantenga la escolta "a políticos y ex altos cargos cuya actividad nada tiene que ver con la lucha antiterrorista y el crimen organizado".

Esto último demuestra, a su juicio, que en la decisión "se han valorado criterios que poco tiene que ver con el riesgo real de cada persona".
Reducción de plantilla

La decisión se enmarca en los planes previstos por el Ministerio del Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio nacional generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.

Tras llevar a cabo una rebaja significativa en el País Vasco y en Navarra, el ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció que se desempeñaría la misma política de reducción de escoltas en el resto de España.

Según los datos que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad, de las 1.700 personas que gozaban de estos servicios, un 30% quedará sin protección, es decir, en torno a 500 personas. Desde el Ministerio se asegura que se ha hecho un estudio particularizado sobre cada caso y se han analizado los riesgos antes de proceder a la retirada de la escolta.

El siguiente paso del Ministerio será llevar esta reducción de los efectivos destinados a los servicios de protección en los edificios oficiales públicos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/25/espana

"Esto no puede ser así, de la noche a la mañana". "Años llevando escolta y ahora nos la quitan sin darnos ni una sola explicación". "El ministerio no nos ha dado ningún margen de negociación. Esto debería haberse hecho progresivamente, no de golpe". La indignación se extiende esta mañana entre gran parte de los jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. ¿El motivo? La masiva reducción de escoltas impulsada por el Ministerio del Interior, que según fuentes de la Audiencia se pondrá en funcionamiento mañana mismo y que dejará sin guardaespaldas ni coche oficial a la mayoría del personal de la casa.

Entre los que quedarán sin protección están los tres fiscales anticorrupción, que se ocupan de la lucha contra las peligrosas mafias rusas y quienes investigan el caso Gürtel, así como los que trabajan en antidroga para desarticular bandas del crimen organizado.

El tema se ha abordado esta misma mañana en la Sala de lo Penal. Su presidente, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el que ha explicado a los magistrados en qué consisten las medidas adoptadas por el Gobierno ante el final de la actividad de ETA. En principio, solo Grande-Marlaska, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro, mantendrán sus guardaespaldas y su coche oficial. El resto, jueces centrales de Instrucción incluidos, perderán su protección y su vehículo y tendrán que desplazarse al tribunal por sus propios medios.

La decisión de Interior, si finalmente se ejecuta como está planeada, supondría un cambio radical en el sistema de seguridad de la Audiencia. Hasta ahora, cada magistrado, fiscal y juez de Instrucción tenía cuatro policías a su disposición que trabajaban para ellos en turnos de dos en dos cada semana, además de coche. Algunos magistrados aseguran que, a partir de ahora, la protección consistirá únicamente en medidas de contravigilancia en su domicilio, pero su trayecto hasta la Audiencia deberán hacerlo en su coche particular o en transporte público. Algunos se plantean pedir que Interior les ponga matrículas de seguridad para que no puedan ser rastreados y no se puedan localizar sus domicilios.

Aparte de la reunión de la Sala de lo Penal, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, acaba de convocar otra, a la que asisten el comisario de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska, y el secretario de gobierno. La presidencia y la fiscalía tienen previsto elaborar hoy una nota conjunta de protesta. Mientras, el desconcierto es general. Magistrados y fiscales se quejan de que no se les haya dado ningún margen de negociación y de que no hayan podido expresar a Interior los riesgos que consideran que tienen. Explican que desde el ministerio no se les ha hecho llegar ningún tipo de evaluación de riesgos individualizada y se preguntan si la reducción de escoltas se ha adoptado tras consultar con el Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia.

La decisión ha afectado también al Consejo del Poder Judicial y al Supremo. En el órgano de gobierno de los jueces, el secretario ha enviado una nota a todos los vocales informándoles de que se les eliminaba la escolta, incluido al presidente en funciones, Fernando de Rosa. También en el Supremo, donde solo la conservarán el presidente en funciones, Juan Antonio Xiol, y el de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. Y lo mismo se ha hecho en las fiscalías anticorrupción y antidroga.

Desde Interior aseguran que la decisión no ha sido sorpresiva y que se ha comunicado, en algunos casos, personalmente al afectado, y en otros, directamente a sus superiores para que fueran ellos quienes informaran. Un portavoz del ministerio afirmó que la reducción de guardaespaldas se ha adoptado después de un análisis de riesgo personalizado para cada uno de los afectados y que, en la mayoría de los casos, la eliminación de la escolta se debe a que el peligro ha desaparecido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido esta mañana una nota en la que amenaza con reconsiderar su traslado a la sede del tribunal, en la madrileña calle Prim, mientras se reforma la sede principal de la calle Génova, ante “el incremento del riesgo” que supone la eliminación de escoltas. En el comunicado, la junta de fiscales de la Audiencia recuerda que ETA no se ha disuelto, sigue desarrollando su actividad y posee “abundantes armamentos y explosivos”. También avisa de los peligros derivados de la lucha contra el crimen organizado. “Una posición de vulnerabilidad por parte de los que deben protagonizar dicha lucha no hará sino debilitarla”, dice la nota.

El Ministerio Público dice ser consciente de “la situación económica por la que atraviesa el país”, lo que justificaría “una racionalización y ajuste del servicio de seguridad”, pero no su “supresión". Critica, además, que se mantenga la escolta a “políticos y altos cargos cuyas funciones se desarrollan en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista y contra la criminalidad organizada”, lo que, a su juicio, “pone de manifiesto que al establecer prioridades de protección se han valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada persona”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/25/actualidad/1340627544_652137.html


http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t16548-interior-retira-las-escoltas-del-supremo-constitucional-audiencia-y-el-cgpj