El Ministerio del Interior ultima el plan de retirar la escolta a decenas de cargos tanto en el País Vasco y Navarra como en el resto de España tras el cese de la violencia etarra. El grueso de este plan -que podría afectar a medio millar de personas- se dará a conocer en los próximos días, probablemente la próxima semana, e implica la reducción drástica de escoltas privados a los que Interior no quiere dejar en el paro.

Una de las medidas será reconvertir a muchos de ellos en los nuevos vigilantes de las cárceles, una tarea encomendada tradicionalmente y de forma mayoritaria a la Guardia Civil, que tiene unos 1.600 agentes destinados a esta misión, según datos oficiales. Los afectados mantendrán su destino y no tendrán que trasladar su residencia, según las fuentes consultadas por ABC.

Al mando, un agente
Tras la «privatización» parcial el mando del servicio y, por tanto, la supervisión de los escoltas, continuará a cargo de uno o varios agentes en un modelo que seguirá el camino del que funciona en los aeropuertos. Esto supone que no todos los funcionarios destinados en prisiones tendrán que dedicarse a otras tareas. A finales de marzo se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad, encargada de evaluar el riesgo de las personas protegidas y de decidir a quiénes se mantiene la protección, en la que se decidió la «inminente» puesta en marcha del plan para las prisiones, aunque sin plazos concretos.

La Dirección General de la Guardia Civil trabaja desde entonces en la reasignación de agentes, al ritmo marcado por la Secretaría de Estado de Seguridad. La premisa inicial distingue entre aquellos destinados en las unidades de seguridad penitenciaria, que en principio reforzarán las conducciones de presos en la zona en la que cumplan servicio y el resto, que quedarán a la espera de nuevos cometidos, «sin que les perjudique en su vida profesional o personal», según fuentes oficiales. Un ejemplo: los funcionarios que disfruten de un pabellón (vivienda en una casa cuartel) no lo perderán y tendrán preferencia para pedir destino.

La Guardia Civil pretende a toda costa evitar que el compromiso de Interior con los vigilantes privados suponga una merma para sus funcionarios, máxime tras la advertencia de asociaciones como la AUGC que está siguiendo el proyecto con lupa. La razón última del plan, según fuentes del Cuerpo, es cubrir el problema de falta de personal que ya se nota en algunos servicios. La oferta pública de Empleo para la Guardia Civil de este año es mínima: 126 plazas para cabos y guardias y 80 para la escala superior de oficiales.

Las asociaciones, en contra
C. MORCILLO MADRID
La AUGC, asociación mayoritaria en la Guardia Civil se reunió a mediados del mes pasado con los responsables de la Dirección General para comunicar su oposición a la privatización de la seguridad en las prisiones. La cifra de afectados que ellos manejan es de 2.200 agentes y señalan que la medida tendrá un impacto negativo tanto laboral como familiar en decenas de funcionarios. Si de lo que se trata es de paliar la falta de personal, señalaron, que recuperen a los guardias que están haciendo de fontaneros, electricistas, pintores, etc, más de 1.200 según han denunciado reiteradamente.
Desde la Dirección General se trasladó a la asociación que la privatización será «paulatina» y se intentará que afecte lo menos posible a los agentes y a sus familias. Algunas unidades, se les dijo, ni siquiera se verán afectadas
http://www.abc.es/20120505/espana/abci- ... sETI.email 5 de mayo de 2012 15:25