Índice
Pesca pedirá fondos a otros ministerios para seguridad privada de los atuneros
Agricultura asegura que carece de presupuesto para las ayudas pero que tratará de obtener dinero de otros departamentos. Como alternativa plantea estudiar el embarque de militares
Dos agentes de seguridad a bordo del atunero vasco ´Alakrana´. / kote rodrigo
M. BARRAL / EFE | A CORUÑA / MADRID El fin de las ayudas del Gobierno para la seguridad privada de los atuneros españoles que faenan en el Índico aún no es definitivo. El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, se comprometió ayer con los representantes de la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) a hacer las gestiones necesarias para ver si hay la posibilidad de desviar fondos de otros ministerios -como Defensa- y así mantener las subvenciones para la flota atunera. Lo que está claro, según fuentes de los armadores, es que el Ministerio de Agricultura no dispone de presupuesto para hacer frente a esa financiación, por lo que buscará alternativas.
De hecho, Domínguez ya comunicó el pasado 21 de marzo a la otra organización de la flota atunera -Opagac- que este año su departamento no concedería subsidios para contratar seguridad privada.
"Los armadores entendemos que se deben mantener las ayudas pero con el Ministerio de Agricultura está complicado. Nos han dicho que harán gestiones para intentar sacar dinero de otros ministerios", explicó el director gerente de Anabac, Juan Pablo Rodríguez.
En caso de que esta vía no dé frutos, Domínguez planteó la posibilidad de embarcar militares, aunque supondría realizar modificaciones legales. Sobre esta opción, los armadores están divididos. Mientras los responsables de Opagac se mostraron partidarios en marzo de llevarla a la práctica, los representantes de Anabac la rechazan.
"Estamos muy satisfechos con los vigilantes, que ya están acostumbrados a la forma de trabajar de los buques. Además, creemos que la infraestructura que necesitarían los militares sería más costosa que las ayudas que hasta ahora recibíamos del Gobierno", aclaró Rodríguez.
La subvención estatal para la seguridad de la flota en el Índico se aprobó en 2009 tras el secuestro del atunero vasco Alakrana y alcanzaba el 25% del coste del embarque y mantenimiento de cuatro vigilantes de seguridad armados en cada uno de los 14 atuneros con pabellón español. Otro 25% lo costean las comunidades autónomas donde estos barcos tienen su puerto base y que, con la excepción de un par de ellos, con base en Galicia y Andalucía, son todos del País Vasco. El restante 50% lo aportan los propios armadores, que también asumen el coste de la seguridad de los atuneros que navegan bajo pabellón de Seychelles, hasta alcanzar un total de 23 pesqueros de capital español en esas aguas. En todos esos buques están enrolados marineros gallegos, vascos y de países ribereños.
Administración y responsables de Anabac también abordaron la situación en que se encuentra la renovación de acuerdos pesqueros como el de Gabón, vital para la flota en el Atlántico. La negociación para firmar un nuevo convenio con el país africano está en suspenso desde diciembre y a finales de mes se celebrará una nueva ronda de contactos. "Queremos que se aceleren las negociaciones para que se apruebe cuanto antes y poder faenar. Pero hay aspectos que exige el Tratado de Lisboa que nada tienen que ver con la pesca y están retrasando estos pactos", lamentó Rodríguez.
El caladero de Gabón es uno de los más importantes para la flota española en el Atlántico, "la primera división", según el director gerente de Anabac. El acuerdo pesquero beneficia a 12 atuneros españoles, la mayoría con tripulación gallega, y a 13 palangreros, también la mayor parte con base en Galicia.
Al margen de la seguridad de la flota y los acuerdos pesqueros, los armadores abordaron con Domínguez la creación del registro especial para los buques atuneros, asunto que, dijeron, "está complicado".
Los responsables de Anabac también aprovecharon la ocasión para reclamar al Gobierno "una clara defensa del sector" ante "la presión y los ataques" perpetrados por otros países contra la actividad que realizan los atuneros españoles.
La Comisión Europea prolongó hasta finales de 2012 el trato preferente a los lomos de atún y a las conservas de este pescado procedentes de tres países del océano Índico (Mauricio, Seychelles y Madagascar), según publicó ayer el Diario Oficial de la Unión Europea. De esta forma, Bruselas prorroga las "excepciones temporales" a la hora de aplicar las normas de origen para dichos productos, lo que en la práctica significa reglas menos estrictas para la mercancía que provenga de allí, con el objetivo de favorecer el desarrollo de sus industrias.
La UE ofrecerá ese trato ventajoso para un contingente máximo de importaciones, que para Mauricio alcanza 3.000 toneladas de atún en conserva y 600 toneladas de lomos, para Seychelles la misma cantidad y para Madagascar 2.000 toneladas de atún en conserva y 500 de lomos.
Según el texto, las capturas de atún en esas naciones se mantienen en niveles anormalmente bajos y "la amenaza de la piratería da lugar a una disminución del número de días de pesca en zonas lucrativas pero de alto riesgo" y en consecuencia, a dificultades en el abastecimiento de materia prima.
Los tres países disfrutan de un acceso preferente a la UE en el marco de los acuerdos con los estados de la zona ACP (África, Caribe y Pacífico).
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2012/04/13/pesca-pedira-fondos-ministerios-seguridad-privada-atuneros/598820.html
Agricultura asegura que carece de presupuesto para las ayudas pero que tratará de obtener dinero de otros departamentos. Como alternativa plantea estudiar el embarque de militares
Dos agentes de seguridad a bordo del atunero vasco ´Alakrana´. / kote rodrigo
M. BARRAL / EFE | A CORUÑA / MADRID El fin de las ayudas del Gobierno para la seguridad privada de los atuneros españoles que faenan en el Índico aún no es definitivo. El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, se comprometió ayer con los representantes de la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) a hacer las gestiones necesarias para ver si hay la posibilidad de desviar fondos de otros ministerios -como Defensa- y así mantener las subvenciones para la flota atunera. Lo que está claro, según fuentes de los armadores, es que el Ministerio de Agricultura no dispone de presupuesto para hacer frente a esa financiación, por lo que buscará alternativas.
De hecho, Domínguez ya comunicó el pasado 21 de marzo a la otra organización de la flota atunera -Opagac- que este año su departamento no concedería subsidios para contratar seguridad privada.
"Los armadores entendemos que se deben mantener las ayudas pero con el Ministerio de Agricultura está complicado. Nos han dicho que harán gestiones para intentar sacar dinero de otros ministerios", explicó el director gerente de Anabac, Juan Pablo Rodríguez.
En caso de que esta vía no dé frutos, Domínguez planteó la posibilidad de embarcar militares, aunque supondría realizar modificaciones legales. Sobre esta opción, los armadores están divididos. Mientras los responsables de Opagac se mostraron partidarios en marzo de llevarla a la práctica, los representantes de Anabac la rechazan.
"Estamos muy satisfechos con los vigilantes, que ya están acostumbrados a la forma de trabajar de los buques. Además, creemos que la infraestructura que necesitarían los militares sería más costosa que las ayudas que hasta ahora recibíamos del Gobierno", aclaró Rodríguez.
La subvención estatal para la seguridad de la flota en el Índico se aprobó en 2009 tras el secuestro del atunero vasco Alakrana y alcanzaba el 25% del coste del embarque y mantenimiento de cuatro vigilantes de seguridad armados en cada uno de los 14 atuneros con pabellón español. Otro 25% lo costean las comunidades autónomas donde estos barcos tienen su puerto base y que, con la excepción de un par de ellos, con base en Galicia y Andalucía, son todos del País Vasco. El restante 50% lo aportan los propios armadores, que también asumen el coste de la seguridad de los atuneros que navegan bajo pabellón de Seychelles, hasta alcanzar un total de 23 pesqueros de capital español en esas aguas. En todos esos buques están enrolados marineros gallegos, vascos y de países ribereños.
Acuerdos pesqueros
Administración y responsables de Anabac también abordaron la situación en que se encuentra la renovación de acuerdos pesqueros como el de Gabón, vital para la flota en el Atlántico. La negociación para firmar un nuevo convenio con el país africano está en suspenso desde diciembre y a finales de mes se celebrará una nueva ronda de contactos. "Queremos que se aceleren las negociaciones para que se apruebe cuanto antes y poder faenar. Pero hay aspectos que exige el Tratado de Lisboa que nada tienen que ver con la pesca y están retrasando estos pactos", lamentó Rodríguez.
El caladero de Gabón es uno de los más importantes para la flota española en el Atlántico, "la primera división", según el director gerente de Anabac. El acuerdo pesquero beneficia a 12 atuneros españoles, la mayoría con tripulación gallega, y a 13 palangreros, también la mayor parte con base en Galicia.
Al margen de la seguridad de la flota y los acuerdos pesqueros, los armadores abordaron con Domínguez la creación del registro especial para los buques atuneros, asunto que, dijeron, "está complicado".
Los responsables de Anabac también aprovecharon la ocasión para reclamar al Gobierno "una clara defensa del sector" ante "la presión y los ataques" perpetrados por otros países contra la actividad que realizan los atuneros españoles.
La Comisión Europea prolongó hasta finales de 2012 el trato preferente a los lomos de atún y a las conservas de este pescado procedentes de tres países del océano Índico (Mauricio, Seychelles y Madagascar), según publicó ayer el Diario Oficial de la Unión Europea. De esta forma, Bruselas prorroga las "excepciones temporales" a la hora de aplicar las normas de origen para dichos productos, lo que en la práctica significa reglas menos estrictas para la mercancía que provenga de allí, con el objetivo de favorecer el desarrollo de sus industrias.
La UE ofrecerá ese trato ventajoso para un contingente máximo de importaciones, que para Mauricio alcanza 3.000 toneladas de atún en conserva y 600 toneladas de lomos, para Seychelles la misma cantidad y para Madagascar 2.000 toneladas de atún en conserva y 500 de lomos.
Según el texto, las capturas de atún en esas naciones se mantienen en niveles anormalmente bajos y "la amenaza de la piratería da lugar a una disminución del número de días de pesca en zonas lucrativas pero de alto riesgo" y en consecuencia, a dificultades en el abastecimiento de materia prima.
Los tres países disfrutan de un acceso preferente a la UE en el marco de los acuerdos con los estados de la zona ACP (África, Caribe y Pacífico).
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2012/04/13/pesca-pedira-fondos-ministerios-seguridad-privada-atuneros/598820.html
