El socio de Gerardo Díaz-Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, pidió una pensión de alimentos de 6.000 euros mensuales para él y su esposa al juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid porque según el escrito que presentó, el matrimonio se encuentra en una "situación de precariedad económica" desde que le declararon en concurso necesario de acreedores. Hasta tal punto, alegó Pascual, que ha debido "procurarse alimentos por medio de los escasos préstamos que les han efectuado las personas más allegadas".

El juzgado accede a la petición de alimentos para Gonzalo Pascual, pero rebaja sus pretensiones hasta los 2.500 euros mensuales.

Pero las cuatro grandes empresas del sector turístico que le han denunciado junto al expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, por un supuesto delito de alzamiento de bienes, denuncian que la presunta situación de quiebra es ficticia, porque tanto Díaz Ferrán como Gonzalo Pascual han ocultado la mayor parte de sus activos para evitar su embargo y el pago a los acreedores.

Afirman que Gonzalo Pascual ha vendido por "precios irrisorios" a la firma Posibilitum Business al menos cuatro empresas y una finca de más de 500 hectáreas en Toledo. Además, sostienen que ha transferido a sus hijos parte de su patrimonio "con reserva del derercho a disponer el 95% de lo donado lo que evidencia que tales bienes siguen bajo su control",o ha ocultado bienes en México, Holanda y Portugal, donde dispone de dos fincas más, de más de 800 hectáreas en total.

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