Índice
La cúpula de los jueces vascos se opondrá a una reducción drástica de la seguridad
No teme una involución en ETA, pero sí presiones sobre la Magistratura por los presos. Interior y el Tribunal Superior no se han reunido tras el cese de la organización terrorista
06.01.12 - 02:46 -
LOURDES PÉREZ | SAN SEBASTIÁN.
El lehendakari Patxi López, el presidente del TSJ del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y el consejero Rodolfo Ares, en un acto en Bilbao. Foto: Telepress
La seguridad sigue preocupando a los máximos representantes de la Judicatura en Euskadi. No con el mismo grado de inquietud que cuando ETA atentaba y que convirtió a la Magistratura vasca en la única de Europa en ejercer al completo con escolta tras el asesinato del juez de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón en 2001, pero sí con un recelo que proviene de una doble convicción: por una parte, que el final de la violencia se encuentra todavía en fase de afianzamiento, aunque sin temor a una involución que lleve a la organización terrorista a volver a matar; y, por otra, que en ese período de consolidación pueden aflorar tensiones, sobre todo las vinculadas a las reivindicaciones en torno a los presos etarras, que aconsejan, a ojos del Tribunal Superior, no desmantelar del todo el servicio de protección desplegado hasta ahora. A la espera de conocer las intenciones concretas del Departamento de Interior que dirige Rodolfo Ares y de que 'aterrice' el nuevo ministro, Jorge Fernández Díaz, el TSJPV se opondrá a una reducción drástica de los servicios de seguridad como la que contempla el Gobierno Vasco.
Según informó este periódico el martes, Interior prepara, con voluntad de coordinarse con Madrid, un nuevo y amplio recorte de guardaespaldas, en atención al escenario sin violencia abierto tras el comunicado de ETA del 20 de octubre y con la necesidad de conciliar ese cambio de horizonte con las restricciones presupuestarias derivadas de la grave crisis económica. La consejería de Ares no ha mantenido ninguna reunión al efecto con el Tribunal Superior tras la decisión de cese definitivo adoptada por la organización terrorista, aunque sí se produjo un contacto, dentro de los cauces establecidos y habituales, a la vuelta de verano. No obstante, la cúpula judicial vasca lleva meses rumiando sus reservas sobre la disminución radical de las medidas de protección.
Con contraste
De hecho, la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco, encabezada por Juan Luis Ibarra, adoptó en abril un acuerdo crítico con las pretensiones del Ejecutivo de Vitoria, una vez que Interior ya había comenzado a realizar evaluaciones de seguridad individualizadas y a reajustar la protección. En aquellas fechas, la Guardia Civil había desarticulado en Bizkaia al comando Otazua, al que se encontraron datos sobre vigilancias a varios magistrados. Los integrantes del TSJPV creen que esa amenaza tangible para la integridad de los jueces se ha difuminado tras el cese de ETA. Pero este diciembre se ratificaron en su convencimiento de que no pueden desmantelarse por ahora los servicios de seguridad, y menos sin previo contraste con el Departamento de Interior y con el Ministerio.
Los medios consultados sostienen que la actual distensión apunta a un camino de no retorno y, en ese sentido, constatan que la amenaza es sustancialmente distinta a la que obligó, tras el asesinato de Lidón, a dotar de escolta a los 250 jueces y fiscales vascos. Pero esta evidencia, precisan, no significa que «el riesgo sea cero». Especialmente si se produce un progresivo «tensionamiento» político y social en torno a las reivindicaciones de los presos etarras. Unas demandas, sostienen las mismas fuentes, sobre las que se siembran «expectativas» y que pueden desembocar en «frustración» dado que ni la actual legislación penal, ni la modulación que pueda hacerse de ésta a través de la política penitenciaria, permiten aplicar la amnistía o medidas de gracia con carácter colectivo.
En este contexto, con una izquierda abertzale asentada electoralmente y contraria al actual Estado de derecho, la dirección del Tribunal Superior considera que el colectivo más expuesto en estos momentos a eventuales presiones es el judicial por su responsabilidad en la aplicación de la ley y de las medidas penitenciarias. Un colectivo judicial que ha vivido de manera singular y no con posiciones unívocas tanto la amenaza terrorista como la deslegitimación que ésta ha tratado de sembrar sobre la democracia y sus instituciones; y que ha afrontado durante una década el insólito trance de tener que sentenciar bajo la protección de guardaespaldas. Esta incomodidad vital y la relajación progresiva del riesgo de sufrir un atentado han hecho que miembros de la Judicatura hayan ido prescindiendo a título personal de la protección.
http://www.diariovasco.com/v/20120106/politica/cupula-jueces-vascos-opondra-20120106.html
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t14821-la-cupula-de-los-jueces-vascos-se-opondra-a-una-reduccion-drastica-de-la-seguridad
No teme una involución en ETA, pero sí presiones sobre la Magistratura por los presos. Interior y el Tribunal Superior no se han reunido tras el cese de la organización terrorista
06.01.12 - 02:46 -
LOURDES PÉREZ | SAN SEBASTIÁN.
El lehendakari Patxi López, el presidente del TSJ del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y el consejero Rodolfo Ares, en un acto en Bilbao. Foto: Telepress
La seguridad sigue preocupando a los máximos representantes de la Judicatura en Euskadi. No con el mismo grado de inquietud que cuando ETA atentaba y que convirtió a la Magistratura vasca en la única de Europa en ejercer al completo con escolta tras el asesinato del juez de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón en 2001, pero sí con un recelo que proviene de una doble convicción: por una parte, que el final de la violencia se encuentra todavía en fase de afianzamiento, aunque sin temor a una involución que lleve a la organización terrorista a volver a matar; y, por otra, que en ese período de consolidación pueden aflorar tensiones, sobre todo las vinculadas a las reivindicaciones en torno a los presos etarras, que aconsejan, a ojos del Tribunal Superior, no desmantelar del todo el servicio de protección desplegado hasta ahora. A la espera de conocer las intenciones concretas del Departamento de Interior que dirige Rodolfo Ares y de que 'aterrice' el nuevo ministro, Jorge Fernández Díaz, el TSJPV se opondrá a una reducción drástica de los servicios de seguridad como la que contempla el Gobierno Vasco.
Según informó este periódico el martes, Interior prepara, con voluntad de coordinarse con Madrid, un nuevo y amplio recorte de guardaespaldas, en atención al escenario sin violencia abierto tras el comunicado de ETA del 20 de octubre y con la necesidad de conciliar ese cambio de horizonte con las restricciones presupuestarias derivadas de la grave crisis económica. La consejería de Ares no ha mantenido ninguna reunión al efecto con el Tribunal Superior tras la decisión de cese definitivo adoptada por la organización terrorista, aunque sí se produjo un contacto, dentro de los cauces establecidos y habituales, a la vuelta de verano. No obstante, la cúpula judicial vasca lleva meses rumiando sus reservas sobre la disminución radical de las medidas de protección.
Con contraste
De hecho, la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco, encabezada por Juan Luis Ibarra, adoptó en abril un acuerdo crítico con las pretensiones del Ejecutivo de Vitoria, una vez que Interior ya había comenzado a realizar evaluaciones de seguridad individualizadas y a reajustar la protección. En aquellas fechas, la Guardia Civil había desarticulado en Bizkaia al comando Otazua, al que se encontraron datos sobre vigilancias a varios magistrados. Los integrantes del TSJPV creen que esa amenaza tangible para la integridad de los jueces se ha difuminado tras el cese de ETA. Pero este diciembre se ratificaron en su convencimiento de que no pueden desmantelarse por ahora los servicios de seguridad, y menos sin previo contraste con el Departamento de Interior y con el Ministerio.
Los medios consultados sostienen que la actual distensión apunta a un camino de no retorno y, en ese sentido, constatan que la amenaza es sustancialmente distinta a la que obligó, tras el asesinato de Lidón, a dotar de escolta a los 250 jueces y fiscales vascos. Pero esta evidencia, precisan, no significa que «el riesgo sea cero». Especialmente si se produce un progresivo «tensionamiento» político y social en torno a las reivindicaciones de los presos etarras. Unas demandas, sostienen las mismas fuentes, sobre las que se siembran «expectativas» y que pueden desembocar en «frustración» dado que ni la actual legislación penal, ni la modulación que pueda hacerse de ésta a través de la política penitenciaria, permiten aplicar la amnistía o medidas de gracia con carácter colectivo.
En este contexto, con una izquierda abertzale asentada electoralmente y contraria al actual Estado de derecho, la dirección del Tribunal Superior considera que el colectivo más expuesto en estos momentos a eventuales presiones es el judicial por su responsabilidad en la aplicación de la ley y de las medidas penitenciarias. Un colectivo judicial que ha vivido de manera singular y no con posiciones unívocas tanto la amenaza terrorista como la deslegitimación que ésta ha tratado de sembrar sobre la democracia y sus instituciones; y que ha afrontado durante una década el insólito trance de tener que sentenciar bajo la protección de guardaespaldas. Esta incomodidad vital y la relajación progresiva del riesgo de sufrir un atentado han hecho que miembros de la Judicatura hayan ido prescindiendo a título personal de la protección.
http://www.diariovasco.com/v/20120106/politica/cupula-jueces-vascos-opondra-20120106.html
http://noticiasvigilantes.foroactivo.com/t14821-la-cupula-de-los-jueces-vascos-se-opondra-a-una-reduccion-drastica-de-la-seguridad
